A 40 años de la recuperación de la Democracia, la medida sería un desagravio histórico para Obregón Cano y Atilio López . Estos “personajes siniestros” no merecen ocupar un lugar en la galería de honor de ex jefes de policía, afirma la carta. Navarro protagonizó el golpe policial: “antesala del golpe cívico militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976”. García Rey, exjefe de policía y miembro de la Triple A, comandó una cacería en Córdoba.
Por Redacción*
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) con la adhesión de los demás organismos de derechos humanos, han presentado una nota dirigida a Julián López, ministro de Gobierno y Seguridad y jefe político de la Policía de Córdoba. Le piden que disponga de inmediato la supresión de los nombres de Antonio Navarro y Héctor Luis García Rey de la Página Oficial de la Policía de Córdoba y que quite de la Jefatura de Policía los cuadros con sus imagen de la galería de honor.
La carta precisa los antecedentes de estos personajes cuyas fotografías a 40 años de la conquista de la democracia no merecen ocupar un lugar en la galería de honor de ex jefes de policía.
El teniente coronel Antonio Domingo Navarro protagonizó un golpe policial que la historia recuerda cono El Navarrazo (Cuadro 82) y Héctor Luis García Rey, ex integrante de la organización terrorista de ultraderecha Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) cuya imagen ocupa el lugar 84.
El 27 de febrero de 1974, el gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, ordenó el cese en sus funciones del jefe de la Policía, Antonio Domingo Navarro. Ese mismo día, el depuesto jefe se amotinó y derrocó a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. Encarceló ilegítimamente a las máximas autoridades provinciales y a sus funcionarios imponiendo de hecho un estado de sitio y lanzó una serie de persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles. Todo esto es considerado como “la antesala del golpe cívico militar y eclesiástico del 24 de marzo de 1976”, afirma el texto.
La carta sostiene que el presidente Juan Perón avaló este golpe policial contra Obregón Cano y designó como interventor a Duilio Brunello, ex vice ministro de Bienestar Social a cargo de López Rega, fundador de la Triple A. Tras la muerte del general Perón, asumió como presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabelita) quien “a instancias de López Rega reemplaza a Brunello y designa como interventor federal al brigadier Raúl Lacabanne”. Lacabanne, declaró ilegales a las conducciones de Smata y Luz y Fuerza, encabezadas por René Salamanca y Agustín Tosco respectivamente.
Héctor García Rey -comisario de la Policía Federal-pasa a ser jefe policial. Su carpeta de antecedentes dice que prestó funciones en Tucumán donde fue denunciado por torturas. Había sido entrenado en los Estados Unidos, participó en la matanza de la Plaza Tlatelolco, en México, en el marco de la aplicación del Plan Cóndor. También había sido “asesor en las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile y de Alfredo Stroessner en Paraguay”.
En Córdoba su ladero fue el comisario Alberto Luis Choux, subjefe del Departamento de Inteligencia D-2 de la Policía de Córdoba, imputado por apremios ilegales y por el homicidio de Clelia Hidalgo. Fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad en la causa “La Perla”.
Las listas de la Triple A
A fines de 1973, meses antes del Navarrazo, la Triple A difundió un listado de militantes del campo popular anticipando que “serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre”. Entre ellos, se encontraban los dirigentes sindicales René Salamanca y Agustín Tosco, Armando Jaime y Raimundo Ongaro. El abogado Rodolfo Ortega Peña (diputado nacional, Rodolfo Puiggrós (ex-rector interventor de la Universidad de Buenos Aires; Manuel Gaggero (Abogado, director interino del diario El Mundo); el abogado Silvio Frondizi y Mario Roberto Santucho, líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), entre otros.
También destaca la nota que la Triple A había asesinado el 10 de septiembre de 1974 al abogado Alfredo Alberto (Cuqui) Curutchet, en Beccar, Buenos Aires. Al exvice gobernador Atilio López el 16 de septiembre de 1974, a meses de haber sido destituido, en la provincia de Buenos Aires, junto al sindicalista y contador Juan José Varas. “Ambos aparecieron acribillados a orillas de la Ruta 6, en Exaltación de la Cruz.”
Señala la misiva que el 9 de octubre de 1974 fue el “inicio del terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba” cuando la policía montó un operativo -con decenas de oficiales, suboficiales y agentes policiales de la organización terrorista Triple A- para allanar los locales de los sindicatos de Smata y Luz y Fuerza de Córdoba, con el objetivo de detener a René Salamanca y Agustín Tosco
También lo hicieron en las sedes partidarias del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) deteniendo a numerosas militantes torturados luego en dependencias policiales.
A los cuatro días falleció Clelia “Tita” Hidalgo (PC) y el dirigente César Robles Urquiza (PST) detenido y torturado cuando recuperó la libertad fue secuestrado y asesinado por la Triple A en la Ciudad de Buenos Aires.
El texto subraya que “la cacería desatada desde la Triple A, bajo la cobertura legal de la Policía de Córdoba, bajo el mando del comisario Héctor García Rey, como está acreditado en la Justicia Federal, por la prensa gráfica, radial y televisiva de la época, buscó eliminar toda oposición política, sindical y estudiantil a la intervención gubernamental derechista provincial, y a toda acción represiva de la presidenta María Estela Martínez de Perón, su ministro y hombre fuerte del Gobierno, José López Rega”.
En base a estos y otros argumentos los miembros firmantes de APDH Regional Córdoba junto a otros presentantes entienden que “la galería de honor y nómina oficial de ex Jefes de la Policía de Córdoba recuerda y homenajea a oficiales de una institución de la democracia, por ende no puede, ni debe resaltar la figura de personajes siniestros como Navarro y García Rey, mucho menos rendirles culto.”
Cabe destacar que en 2007 ya se había solicitado cuando La Policía de Córdoba decidió retirar los retratos de cinco ex jefes de esa fuerza vinculados a la última dictadura.
El texto cierra con una reflexión acerca de los 40 años de Democracia hoy “amenazada por sectores negacionistas que reivindican al terrorismo de Estado y al Holocausto” la APDH Regional Córdoba y los organismos de Derechos Humanos entienden que se deben llevar a cabo “acciones políticas que involucren a todos los actores de la sociedad civil, para que Nunca Más haya regímenes o políticas antidemocráticas violatorias de los Derechos Humanos”.
Firman el petitorio: Mabel Edith Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente, Copresidentes de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba). Adhieren y apoyan: APDH Regionales Villa María, Rio Tercero y Rio Cuarto; Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Abuelas Córdoba, H.I.J.O.S. Córdoba, Asociación civil de Ex presos políticos de Córdoba, Ex presos por la Patria Grande Córdoba y Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba.
*Agencia Prensared. Imagen Ilustrativa CTA de los Trabajadores.
www.prensared.org.ar
