Ante una sala colmada, este jueves, se dio a conocer la sentencia del juicio Adela González y otros que juzgó a siete personas imputadas por crímenes de lesa humanidad. Asistió el intendente de la ciudad Daniel Passerini acompañado por Liliana Montero, ministra de capital humano del gobierno provincial, entre otros funcionarios. La evaluación del fiscal Facundo Trotta y de los representantes de las querellas, previas, a los fundamentos que se darán a conocer dentro de cinco hábiles.
Por Katy García*
El juicio decimocuarto por crímenes de lesa humanidad realizado en Córdoba, comenzó el pasado 21 de febrero con la lectura de la requisitoria. Es la misma sala donde se leyó, este jueves a la tarde, la sentencia. Durante extensas jornadas , declararon 31 testigos sobre los hechos que ocurrieron entre abril de 1978 y septiembre de 1979 , en plena dictadura. La causa caratulada como González Adela María y otros fue tramitada por el Tribunal Oral Federal n° 2 (TOF 2) conformado por Julián Falcucci (Presidente) y los vocales María Noel Costa y José Fabián Asís. Los jueces juzgaron, condenaron y absolvieron a los imputados que afectaron a 14 personas de las cuales siete permanecen detenidas desaparecidas.
Esta vez, Mirta Antón la única acusada en un grupo de cinco varones, fue condenada a 15 años de prisión. Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour y Juan Eduardo Molina, fueron condenados a prisión perpetua, y Raúl Alejandro Contreras a siete años.
La sorpresa y rareza de este juicio fue que dos mujeres civiles afrontaran un juicio por delitos relacionados con el robo de bebés y que ambas hayan sido absueltas. Tanto la fiscalía como las querellas explicaron a lo largo del proceso cómo la hija de María de las Mercedes Moreno, nacida en cautiverio, fue apropiada ilegalmente sabiendo que sus padres estaban vivos y que se encontraban privados de la libertad. De una veintena de imputados solo dos llegaron a juicio: Adela María González, Carlos Sem Rodríguez y Ana María Rigutto de Oliva Otero.
Aun cuando los fundamentos se conocerán más adelante Prensared habló con los representantes de las querellas y el fiscal Facundo Trotta, para conocer cómo recibieron los fallos en relación a lo que ellos pidieron durante los alegatos.
Claudio Orosz, representante de la secretaría de derechos humanos de la Nación junto a Ramiro Fresneda, se manifestó conforme con el fallo aplicado a Mirta Antón “La única imputada por secuestros, tormentos y situaciones aberrantes que padecieron las cinco mujeres, con violencia de género, además de ser secuestradas y torturadas por llevar y traer cartas desde y hacia los presos políticos a través de sus compañeros presos comunes”. Se refiere a Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes, Delfina Lidia Peñaloza, María de las Mercedes Moreno y a María Lidia Piotti.
En ese sentido Patricia Chalup, integrante del equipo legal de Abuelas de Plaza de Mayo dijo: “estamos conformes con lo que dictó el Tribunal en relación a los padecimientos de María de las Mercedes Moreno, madre de la nieta 107, nacida en cautiverio”. Por su parte, Adriana Gentile, discípula de María Elba Martínez, quien representó a la familia de Piotti se mostró “totalmente conforme con el veredicto. Nosotros pedimos 15 años y el fiscal también”.
En cuanto a las perpetuas dictadas por el Tribunal a los autores que terminaron con la vida de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos, Orosz insiste en que la calificación legal “es desaparición forzada agravada y eso se notó porque hubo dos votos que rechazaron nuestro pedido y uno que lo aceptó. Pero la pena es la misma”, expresó. En igual sentido se expresó el fiscal Facundo Trotta: “se impuso el delito de homicidio calificado y para nosotros correspondía desaparición forzada seguida de muerte, criterio que hemos sustentado en el TOF1. De todos modos no influye en la pena”, coincidió.
También estuvieron de acuerdo en relación a la sentencia de Contreras. El fiscal objetó la pena de siete años por tormentos y que fuera absuelto por homicidio calificado y privación ilegal de la libertad. “Eso hay que reverlo porque es difícil no advertir que contribuyó a la privación ilegal de la libertad, más allá de que vamos a leer los fundamentos, hay algo que no me cierra”, advirtió.
Absoluciones
Acerca de las absoluciones Trotta afirmó que la fiscalía considera que había elementos para condenar. “Vamos a leer los fundamentos. No nos podemos adelantar hasta ver cuáles son las razones que encontró el Tribunal oral para considerar que no debían responder estas personas”.
También recordó que se trata de un hecho que lamentablemente por la demora en llegar a juicio, personas que tenían “mayor responsabilidad en ese crimen, la impunidad biológica los ha favorecido”. Si eso no hubiera ocurrido “no tengo dudas que en ese caso habría condenas porque esas personas estaban vinculadas con la complicidad civil, eran funcionarios que habían intervenido en la justicia provincial y testigos que declararon falsamente.
“Entendemos, en principio, adelantándonos a los fundamentos que, posiblemente, el Tribunal no ha encontrado un nexo entre lo que fue el plan sistemático en relación a los derechos humanos, con lo que hicieron estas personas considerándolo como un crimen común.” Sostuvo que la conducta de estas personas es evidente; pero, en la medida en que “no se lo vincule con un delito conexo deja de ser un crimen de lesa humanidad y la consecuencia en este caso es la prescripción”, razonó.
Chalup expresó “Nosotros entendemos que hay prueba suficiente para las condenas, no obstante vamos a esperar a leer los fundamentos de la sentencia para tener una mayor información y en base a eso interponer el recurso de casación correspondiente”, expresó, la integrante del equipo de Abuelas de Plaza de Mayo.
“Nos causa mucha tristeza esta situación de la nieta apropiada y todas las maniobras que desde el poder judicial se produjeron para que esto se consolidara y seguramente vamos a acompañar a Abuelas de Plaza de Mayo, en la casación”, expresó Orosz.
El Tribunal condenó a:
– Mirta Graciela Antón, a 15 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Como coautora de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, por los delitos de imposición de tormentos agravados (cinco hechos) cometidos en perjuicio de Teresa Luisa Peralta; Marta Nélida Funes; Delfina Lidia Peñaloza; María Lidia Piotti; y María de las Mercedes Moreno.
– Carlos Alfredo Yanicelli, prisión perpetua, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado, hechos en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos (Por mayoría).
–Yamil Jabour, prisión perpetua, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por los delitos de imposición de tormentos agravados y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, cometidos en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos (hecho 7). Calificación adoptada por los jueces María Noel Costa y José Fabián Asís.
-Juan Eduardo Ramón Molina, prisión perpetua, como autor por dominio funcional, de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado y homicidio agravado, por el concurso de dos o más personas en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos (hecho 7). Calificación de María Noel Costa y José Fabián Asís.
-Raúl Alejandro Contreras, siete años, como participe secundario penalmente responsable del delito de imposición de tormentos agravados cometidos en perjuicio de Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos. Fue absuelto por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados cometidos en perjuicio de Elías Humberto Ríos.
– Ana María Rigutto de Oliva Otero, exasesora de menores, por los delitos de alteración de estado civil, sustracción de un menor de diez años y prevaricato de auxiliares de justicia, fue absuelta.
-Adela María González, imputada por los delitos de falso testimonio, supresión de estado civil y falsificación de documento público también fue absuelta por “extinción de la acción penal por prescripción”.
La parte resolutiva incluye otros puntos
Juicio por la verdad. El tribunal declaró la existencia material del hecho ocurrido el 12 de junio de 1979 en esta ciudad. Las víctimas son José Luis Rosales, Olga del Carmen Molina, Carlos Alberto Franco, Roberto Maldonado y José Manuel Ochuzza. El tribunal reconoce que son delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco del plan sistemático de persecución de personas, a partir del golpe de estado 1976 (hecho 6).
Ordena que se remita una copia de la sentencia a las autoridades del Banco de la Provincia de Córdoba, para que sepan que su empleado, Juan Carlos Bazán, fue víctima del terrorismo de estado y se incorpore a su legajo personal.
Por otra parte, respecto a la Nieta 107, dispone que se realice una “anotación marginal en su partida de nacimiento que consigne que es hija biológica de María de las Mercedes Moreno” y se mantengan los demás datos de filiación.
Finalmente anuncia que cuando quede firme esta sentencia, se realizará una audiencia para unificar las penas de los condenados Mirta Graciela Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina y Raúl Alejandro Contreras.
Extramuros militantes de diversas organizaciones montaron una mesa de la memoria con álbumes de varias víctimas como “Licha”, apodo de Olga del Carmen Molina. Durante el juicio se supo que una investigación realizada por antropólogos encontró en una pared del D2 la leyenda:”Licha, te amo, 14/06/079”. Quien lo escribió fue su esposo Roberto Maldonado Costa.
La Mesa de Trabajo por los derechos humanos instaló al costado del edificio una pantalla gigante con sillas para que los presentes miren vídeos y después del largo cuarto intermedio sigan la sentencia.
*Periodista. Agencia Prensared. Fotos Nicolás Castiglioni. Colocando en el buscador Juicio 14, se puede acceder a cada una de las audiencias.
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