En el marco de la causa González Adela María y otros, alegaron en representación de la secretaría de derechos humanos de la Nación, Ramiro Fresneda y Claudio Orosz. Por María Lidia Piotti, lo hizo Adriana Gentile. Continuó el defensor público Jorge Perano que asiste al imputado Contreras. Mientras que Julio Deheza, defensor particular de la ex asesora de menores, Rigutto Otero, concluirá su exposición el martes 23 de abril, desde las 14. Luego, seguirá la defensora oficial, Ana María Blanco.
Por Katy García*
Durante una extensa jornada realizada este jueves, en el TOF2, se llevaron a cabo las exposiciones de los abogados que representan a la secretaría de derechos humanos de la Nación y a la familia Salguero. También lo hicieron abogados de la defensa pública y privada. La causa investiga los delitos cometidos en perjuicio de 14 víctimas por policías del D2 y dos civiles: Adela María González, psicopedagoga y Ana María Rigutto de Oliva Otero, imputadas por la sustracción de identidad de una menor de 10 años. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 1978 y agosto de 1979.
Ramiro Fresneda alegó por los hechos 1 a 5 que afectaron a las víctimas Teresa Luisa Peralta, Marta Nélida Funes y María del Carmen Acosta, Delfina Lidia Peñaloza, María Lidia Piotti y María de las Mercedes Moreno , detenidas entre el 21 y el 26 de septiembre de 1978. Cabe destacar que Claudio Orosz, durante su alegato, afirmó que todos los presos sociales esposos o parejas de las mujeres que sacaban las cartas en forma clandestina fueron asesinados y corrió vista a la fiscalía.
Fresneda se remitió a los hechos asentados en el requerimiento fiscal y describió el modus operandi empleado con las mujeres detenidas por personal policial y trasladadas al D2 de Mariano Moreno, donde eran sometidas a interrogatorios bajo a tormentos. “En todos los casos hubo tormentos y delitos sexuales”, afirmó. Destacó que las mujeres no eran militantes orgánicas pero comprendían lo que estaba pasando con los presos políticos. Sacaban información desde la UP1 hacia fuera. Y viceversa. Por caso, leyó la declaración de Liliana Ferrero quien recibió un mensaje a través de una de las mujeres donde su hermano le decía “estoy vivo”. Recordó que los “detenidos especiales” habían entablado canales de comunicación con los presos comunes cuyas mujeres que “no eran militantes orgánicas sacaban estas cartas por una cuestión de humanidad”.
Tras repasar los testimonios orales de cada una de las mujeres concluyó que eran mantenidas en situación de cautiverio como lo explicó la fiscalía. Quedó probado que fue así porque cuando ingresaban al Buen Pastor constaba que venían de la D2. Habló de lo legal y de lo clandestino y afirmó que los hechos confrontados con la prueba, han existido.
Antes de iniciar su exposición se refirió a varios temas que planteó como “digresiones”. Reclamó mayor celeridad en la ejecución de los juicios de lesa humanidad, en todo el país, y abogó por el fortalecimiento de la política de estado para que su realización no dependa de ningún gobierno. También cuestionó la virtualidad pos pandemia. “Como todos sabemos en esta sala las víctimas y los familiares siempre espetaron en el marco del estado de derecho a raja tabla todas las garantías del debido proceso de los imputados que hoy no están presentes”. Y contrastó con la actitud virulenta de los imputados que afectan los procesos penales. Además, recordó lo que le ocurrió al testigo Furque en este juicio que “tuvo que soportar preguntas insolentes por parte de la abogada de la defensa”. Luego se refirió a la impunidad biológica y las extensiones del daño sufridas por la familia de Emiliano Salguero.
Los hechos 6,7 y 8
Claudio Orosz se refirió a los hechos citados. Comenzó por el 6, cuyas víctimas afectadas son Luis Enrique Rosales, Carlos Alberto Franco, Roberto Maldonado Costa y Olga del Carmen Molina. Para evitar repeticiones aclaró que se remite a los hechos fijados por el requerimiento fiscal. Se centró en la declaración de Viviana Carina Molina, hija del matrimonio Molina-Maldonado. Advirtió que pasó desapercibido en la audiencia lo que dijo la testiga “que dormían en una casa que no era de ellos pero no sabía porqué. Razonó al respecto que debía a la persecución que la dictadura cívica, militar, empresaria y eclesiástica, aplicaba a la militancia por lo que era frecuente que buscaran refugio en otras casas.
Tras leer la declaración completa destacó un fragmento donde uno de los policías le dijo a la niña: “no llorés chiquita que tu mama ya viene”, justo cuando la llevaban aprehendida. Con su tía recorrieron diferentes lugares hasta que llegaron al D2 donde vio al mismo sujeto. También rescató como prueba de certeza el hallazgo del equipo de antropólogos de la UNC cuando investigó este centro clandestino. En una pared del D2 se encontró la leyenda:”Licha, te amo, 14/06/079”. Es obvio que lo escribió su esposo. Licha, era el apodo de su mamá, quien estaba embrazada de cuatro meses y de la que nunca se supo nada.
Queda claro que las víctimas estuvieron en ese lugar moribundos en condiciones desastrosas como lo denunció el sobreviviente Carlos Iván Ledesma, ante la Conadep. “Lo único que podemos afirmar con total certeza es que permanecen desaparecidos hasta ahora”, reafirmó Orosz. Por eso está convencido de que las cinco personas recorrieron ese mismo camino: fueron privadas de la libertad, interrogadas bajo tormentos, ultimados por ese personal y desaparecidas. Ante la ausencia de imputados con vida solicitan que el Tribunal declare la existencia material de los hechos, las circunstancias padecidas por las víctimas, y la participación de los responsables.
Seguidamente analizó el hecho 7 que investiga la desaparición de los primos Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos. Ambos detenidos en la vía pública secuestrados y desaparecidos. El letrado reconstruyó lo que había pasado y concluyó que habían sido identificados como blanco subversivo y lo relacionó con el caso de Fermín Albareda militante del PRT-ERP. Según la prueba documental aportada por la declaración de Carlos Moore, Bazán era un militante de la misma organización. Respecto al auto que le robaron se supo siguiendo a Moore que fue desmantelado en la playa del D2. En relación a los policías acusados solicitó que sean considerados como autores de los hechos por dominio funcional del hecho. Porque cada uno ha contribuido con plena conciencia a que se produzcan los hechos en el marco de un plan sistemático.
Sobre el hecho 8 que investiga la apropiación de Mercedes María Luz Agüero (Nieta 107), hija de María de las Mercedes Moreno, se remitió al requerimiento presentado y todo lo expresado por la abogada Patricia Chalup en su alegato, en relación a la calificación y a los pedidos de penas para las imputadas.
Al final, realizó las calificaciones y pedidos penas de todos los hechos.
El calvario de María Lidia Piotti
La abogada Adriana Gentile alegó en representación de la familia ante el Tribunal por el hecho cuarto de este juicio en perjuicio de María Lidia Piotti. El 26 de septiembre de 1978 un grupo de personas jóvenes, armadas, de civil, ingresaron sin vio9lencia al domicilio de María Lidia Piotti y se llevaron “libros, papeles, cartas y en especial documentación y papeles vinculados a la tramitación de la libertad” de su esposo Cecilio Salguero. Luego la llevaron en un automóvil al D2.
La letrada da cuent de los padecimientos narrados por la víctima. “Fui golpeada con palos en la mano y en la cabeza, también me pegaron con los puños, también me colocaron bolsa de nylon a fin de ahogarme, la bolsa me la colocaban en la cara”. No conformes con eso, la tiraron al piso, le pusieron un trapo en la boca y la nariz y le tiraban agua que no pudiera respirar. Y “cuando estaba a punto de ahogarme me sacaban el trapo, esperaban unos segundos y nuevamente comenzaban. Al igual me pateaban y me pisaban”, así, realizaban su tarea de “interrogar”.
Ella usaba bastón para caminar como lo explicó el fiscal Trotta. Y ellos, se lo retiraban y le ordenaban que camine para luego golpearla, tirarle el cabello y someterla a “simulacros de fusilamiento y yo les decía que tiraran porque ya no daba más”. En otra oportunidad declaró que cuando se descompensó fue trasladada al Neuropsiquiátrico donde también recibió malos tratos. Pesaba 30 kg. Y permanecía “esposada de una mano y de un pie al elástico de la cama”.
Delitos sexuales
De la misma manera fue objeto de ataques a su integridad sexual en el D2 como lo denunció el fiscal Trotta en su alegato basado en los testimonios orales. En otra declaración María Lidia dijo que un policía al que llamaban “el cocinero” les mostraba el pene frente al calabozo. Y “Cuando entraban en patota al calabozo, yo estaba recostada y vestida y boca abajo en el piso, en ese momento policía morocho con jopo, grandote, corpulento, que no estaba uniformado, se subió arriba mío y comenzó a realizar movimientos pélvicos apoyándose en mí, como si estuviera teniendo una relación sexual conmigo y el resto de sus compañeros se reían y proferían insultos y cosas groseras y relacionadas con el sexo”.
Para los niños, crueldad
En otro tramo de su alegato Gentile puso el foco la crueldad con los niños. Habló de la declaración realizada por Emiliano Salguero en este juicio y que María Lidia Piotti había relatado. Un día cuando su madre, con su hijo y un sobrino, van a llevarle la comida y la dejan encerrada en una pieza. “Los chicos quedan afuera de la pieza, por lo cual comienzan a llorar y golpear la puerta, esta situación es grabada por mis captores y me la pasaban en los momentos que me torturaban, diciéndome que tenían detenidos a mis hijos”. También en otras oportunidades los hacían entrar solos y le daban a entender que “ellos los tenían en su poder, lo cual producía en mi desesperación”.
Consideró más adelante que el deterioro cognitivo que presenta la víctima le impidió presentarse en este juicio y aclaró que antes de los hechos no había tenido “padecimientos psíquicos”. Las secuelas son terribles como las describió su hijo durante el debate.
Perspectiva de género
Para la letrada tanto el juzgamiento como la sentencia deben ser enfocadas desde la perspectiva de género y teniendo en cuenta las convenciones a las que adhiere el país. A las mujeres además de aplicarles torturas físicas y psíquicas se les agregaba un plus: los abusos sexuales. En ese orden, señaló que “la violencia de género fue una práctica sistemática y planificada aplicada a las detenidas-desaparecidas como parte de los mecanismos del terrorismo de Estado con base en un esquema patriarcal de poder”.
En este caso específico pide que se tenga en cuenta “el derecho al conocimiento de la verdad real de lo sucedido. Más allá, de que no haya ningún acusado por la impunidad biológica. Piotti los denuncio y su existencia material fue probada”, argumentó. Para Mirta Graciela Antón pidió la pena de 15 años de prisión efectiva, e inhabilitación absoluta, más accesorias legales y costas. Por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados en calidad de coautora y en concurso real conforme al Código Penal vigente al tiempo de los hechos.
No hay prueba de certeza
Jorge Perano, defensor público del imputado Raúl Alejandro Contreras rebatió las afirmaciones de la fiscalía y la querella en relación a las víctimas Juan Carlos Bazán y Elías Humberto Ríos. Sostuvo que no hay pruebas de certeza de que su defendido haya participado en el hecho nominado sexto. Por lo tanto solicitó que sea absuelto.
Respecto al testimonio de Calos Raimundo Moore afirmó que “nunca mencionó a Contreras” y que ambos fueron meros observadores de lo que ocurría en la zona del fichero. En el requerimiento “debe quedar claro que Moore no dice que Contreras haya tenido un rol preponderante”. Lamentó que ninguna de las partes haya tenido la oportunidad de “hablar con Moore porque podría ser otro Contreras” y destacó que tampoco se puede condenar “un solo testimonio”. En ese sentido afirmó que hay jurisprudencia sobre el debido proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego repasó el legajo donde consta que el único ascenso lo obtuvo en 1981 y fue de cabo primero a sargento. Comparó el caso con “otros grupos operativos” que gozaban de ascensos y felicitaciones por su actuación. Recalca que los testigos “no lo han nombrado”.
Para el defensor “no se encuentra la acción concreta del delito que este hombre haya realizado”, entonces da por probado que “solo actuó en el archivo” y no formaba parte de detenciones, interrogatorios, ni tormentos. Por eso “la única acción es haber sido un observador ocasional –que no es un grado de autoría-mirando como Moore. ¿Qué querían que haga? cuando él era un cabo y también temía por su vida”. De modo que desde su mirada “es ingenuo pedirle una conducta de héroe al imputado”, dijo citando la teoría de Maximiliano Rusconi. Por otra parte, habló del derrotero de la causa judicial que pasó en 2013 por distintos juzgados y cámaras donde se dictó “falta de mérito” pero ocho años después el juez Bustos Fierro, lo incorporó.
“Lo peor del caso es que hoy Contreras está aquí, agrega- y me parece que excede cualquier lógica de un sistema penal” y porque todos estamos por el estado de derecho. También cuestionó que se aplique “la teoría del dominio del hecho que no es adecuada para este caso”
Finalmente por todo lo expuesto solicita la absolución. Solo de manera subsidiaria solicita el mínimo de la escala penal y que continúe con domiciliaria como se lo indicó el médico. Además siguiendo el concepto de la impunidad biológica avisó que no podrá estar en forma presencial el día de la sentencia.
La próxima audiencia esta programada para el 23 de abril, a las 14, en el TOF2. Alegarán Julio Deheza y Ana María Blanco, de la defensa. La última palabra de los imputados y la sentencia pasará para el 2 de mayo, desde las 9:30.
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*Periodista. Agencia Prensared. Fotos: gentileza de José Ferrer, integrante del equipo de Prensa de T.F.
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