La propuesta de dos varones para integrar el máximo tribunal es “inconstitucional, discriminatoria e implica un fuerte retroceso”, manifiestan las organizaciones y piden que el senado no inicie la discusión de los pliegos.
Por Redacción*
Las 12 organizaciones sostienen que ante la ausencia de mujeres en la propuesta presidencial para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), enviaron una carta a la presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores, Guadalupe Tagliaferri, para que “no dé inicio a la audiencia pública de designación de los dos jueces varones propuestos por el Poder Ejecutivo por ser inconstitucional y discriminatoria por motivos de género”.
El texto agrega que de lo contrario se producirá “un fuerte retroceso en la diversidad que debe reunir el máximo tribunal, con serio impacto en su legitimidad”.
En toda la historia argentina solo hubo “tres mujeres en la Corte frente a 104 hombres”. Pero el poder ejecutivo en vez de revertir tan situación “decidió integrar dicho tribunal sólo con varones”. Por eso se dirigen a la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, órgano que tiene la oportunidad histórica de “impedir que durante al menos 7 años tengamos una Corte absolutamente masculina, dejando fuera a mujeres que reúnen las condiciones para ocupar ese cargo y reforzando los estereotipos que bloquean su acceso a lugares de poder y toma de decisión”.
Destaca además que los momentos de mayor participación política de las mujeres coincidieron con importantes avances en materia de género. Por caso, la creación de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, organismos fundamentales para documentar y revertir la discriminación y violencia, tuvo lugar cuando Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco formaron parte de la máxima magistratura.
Sostienen además que para lograr una integración paritaria de la Corte y el acceso igualitario a cargos públicos en puestos jerárquicos y de poder “son derechos políticos de las mujeres y el Estado tiene la obligación de hacerlos efectivos, de acuerdo con los compromisos asumidos en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”. El Decreto 222/03 sintetiza tales estándares para el proceso de designación de jueces y juezas y y establece “una composición de género diversa al definir los nombramientos”.
Aun cuando el 57 por ciento del personal está conformado por mujeres, el 31 por ciento ocupa los cargos de magistrados y magistradas de la justicia nacional y federal y solo el 29 llega a ocupar cargos más altos. Entones, consideran que “es un deber del Poder Ejecutivo proponer mujeres para la Corte que reúnan las cualidades, idoneidad y compromiso con los derechos que se requieren para semejante función y, del Legislativo, promover y asegurar que dicha obligación sea cumplida”.
Quiénes son
Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Mujeres para la Justicia, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres en Igualdad (MEI), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Poder Ciudadano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Campaña GQUAL y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), solicitan que el Senado que no dé inicio a la discusión de los pliegos para nombrar dos jueces en la Corte a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina.
Fuente Centro de Estudios legales y sociales https://www.cels.org.ar/ Imaen ilustrativa Tiempo Judicial.
www.prensared.org.ar
