Este miércoles 21 de febrero, a las 9:30, se pone en marcha un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. Lo tramita el Tribunal Oral Federal n° 2 (TOF 2). Se trata de la causa González Adela María y otros que juzgará a siete imputados entre policías del D2 y exfuncionarios públicos por delitos cometidos contra 14 víctimas. Una de las causas es la sustracción de una menor de 10 años, nacida en cautiverio en 1978.
Por Katy García*
En la sala de audiencias de Tribunales Federales comenzará el juicio n° 14 que juzgará los hechos ocurridos entre septiembre de 1978 y agosto de 1979, en el Departamento de Informaciones 2 de la Provincia de Córdoba, (D2), ubicado en aquél momento en Mariano Moreno y Caseros. El Tribunal está conformado por los magistrados Julián Falcucci (Presidente), María Noel Costa y José Fabián Asís (vocales). Como secretario, interviene Tristán López Villagra.
Por el Ministerio Público Fiscal acusarán los fiscales Facundo Trotta y Carlos Gonella, integrantes de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en Córdoba. La querella será representada por las abogadas Patricia Chalup (Abuelas de Plaza de Mayo), Adriana Gentile (María Lidia Piotti) y Claudio Orosz participará en carácter de apoderado de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Siete imputados serán juzgados por los delitos de privación Ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados; Alteración del estado civil; Prevaricato de los auxiliares de Justicia; Sustracción de un menor de 10 años; Homicidio calificado; Abuso deshonesto agravado; Falsedad documental y falso testimonio.
14 víctimas
La mitad de este grupo de personas -presas/os políticos- permanecen como detenidas/os desaparecidas/os. Mientras que la otra parte sobrevivió. Ellas son: Teresa Luisa Peralta, Marta Natalia Funes, Delfina Lidia Peñaloza, María Lidia Piotti, María de las Mercedes Moreno, María del Carmen Acosta, Luis Enrique Rosales, Carlos Alberto Franco, Roberto Maldonado, Olga del Carmen Molina, José Manuel Ochuza Acosta, Juan Carlos Bazán, Elías Huberto Ríos y Mercedes María Luz Agüero.
Correo clandestino
De acuerdo al expediente la mitad de las víctimas nombradas –Peralta, Funes, Acosta, Peñaloza, Moreno, Piotti y Acosta-, fueron secuestradas y torturadas por personal de “inteligencia policial” acusadas de oficiar de “correos”. Estas mujeres, concurrían a la cárcel San Martín los días de visita que les correspondía a los presos sociales. En esa unidad, convertida en centro clandestino de detención, desde abril de 1976, se implantó un estricto régimen con la finalidad de “subsanar las anomalías que se observan en las unidades carcelarias que alojan elementos subversivos”. No podían recibir visitas ni correspondencia. En ese contexto, se generó un intercambio de comunicación clandestina desde la cárcel hacia las familias de los “detenidos especiales” que en no pocos casos llevaban meses sin saber si estaban presos, vivos o muertos. Una tarea riesgosa que pronto fue detectada y castigada con los métodos represivos que utilizaban a diario.
Robo de bebés
Abuelas de Plaza de Mayo es querellante en esta causa que investiga los delitos cometidos contra María de las Mercedes Moreno y su hija nacida en cautiverio, en la Maternidad Provincial, el 11 de octubre de 1978. Durante el proceso se juzgará la sustracción de la hija de María de las Mercedes Moreno y de Carlos Héctor Oviedo. Se trata de un caso único porque le fue restituida la identidad a una nieta cuya madre aún estaba viva. En el debate, se conocerán los hilos de una trama de complicidades que desnudan el desempeño discrecional del personal jerárquico administrativo de la ExCasa Cuna, de la Maternidad Provincial y de cuatro funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. (Un Juez de Menores, un Asesor de Menores, un Juez del fuero Civil y Comercial de 1° Instancia y un Asesor Letrado).
El matrimonio apropiador conformado por Laura Dorila Caligaris -que cumplía funciones de Asistente Social en la Casa Cuna de Córdoba- y por Osvaldo Roger Agüero Dona, la inscribió como hija propia, mediante una sumaria información y un certificado médico firmado por el médico Spitale, que aseguró haber atendido el parto. (Los tres fallecieron). En contraste con estas maniobras, la madre y la familia, de condición humilde, nunca cejó en demostrar que la niña había sido sustraída. En 2012, el Banco nacional de datos genéticos confirmó que la joven era hija de María de las Mercedes Moreno. Lamentablemente, la madre, se fue de este mundo sin poder abrazarla.
Las y los imputados
La causa recaratulada como González Adela María y otros, la encabeza la testiga falsa que refrendó con su firma el certificado apócrifo otorgado por el médico Vicente Spitale donde afirma que la niña robada es hija biológica de los apropiadores. Está acusada de falsedad documental y falso testimonio; supresión de estado civil y sustracción de un menor de 10 años.
Ana María Rigutto de Oliva Otero (Ex asesota letrada), deberá responder por los cargos de adulteración del estado civil; sustracción de una menor de 10 años; prevaricato de los auxiliares de justicia. (Será defendida por el abogado particular Julio Deheza). Mirta Graciela Antón (expolicía), está acusada de privación ilegítima de la Libertad agravada, imposición de tormentos agravados, en 5 hechos. Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina y Raúl Alejandro Contrera, están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio Calificado (Hecho 1). Los nombrados serán asistidos por Ana María Blanco, defensora pública oficial.
Abuelas de Plaza de Mayo, invita a la sociedad a participar de este juicio que llega con apenas tres imputados (Antón, González y Riguitto de Oliva Otero) de un total de 21 alcanzados por el punto final biológico. La organización sostiene que a pesar del tiempo transcurrido esta causa es “una minuciosa y rigurosa radiografía del actuar terrorista sobre los sectores más vulnerables y de la apropiación de niños en Córdoba” durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Además -agrega- es un “aporte invalorable” que fortalece las políticas de estado de Memoria, Verdad y Justicia.
El juicio es oral y público. Cualquier ciudadano/a mayor de 18 años, podrá asistir con su DNI. Las acciones se llevarán a cabo en la Sala de Audiencias”Díaz Bialet”, Primer Piso, Tribunales Federales. (Avenida Concepción Arenal esquina Wenceslao Paunero).
*Periodista. Agencia Prensared. Imagen ilustrativa archivo.
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