Diferentes comunidades sufrieron falta de agua potable, represión y desalojos de sus tierras. Agrupaciones sociales, religiosas y de derechos humanos piden una respuesta urgente del Estado. Entre ellas el CELS, la APDH, y ANDHES).
Por Redacción*
La pandemia acentuó la discriminación y violencia que cotidianamente viven las comunidades indígenas. En particular, de las que habitan el noreste y noroeste argentino. Con la emergencia sanitaria se agravaron problemas históricos como la falta de agua potable, el acceso a los servicios de salud y la persistencia de los desalojos. Además, las poblaciones tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como la exigencia de cumplir protocolos que entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales. Tal es la advertencia de un grupo de organizaciones entre las que se encuentra el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES).
Frente a las dificultades profundizadas por la pandemia, las autoridades ignoraron la necesaria participación de las comunidades en los asuntos que las afectan. En cambio, permitieron los desalojos, la represión, el hostigamiento y la detención de sus referentes. “Las condiciones históricas de discriminación y pobreza de las comunidades indígenas obligan a los gobiernos a establecer políticas específicas para atender su situación agravada en pandemia”, advierten las organizaciones.
Sin agua ni recursos para el aislamiento
Entre los problemas enumerados, la falta de acceso al agua potable provocó problemas serios de subsistencia, debido a la postergación de las obras. Sin agua segura disponible, se dificultó llevar adelante las medidas de prevención del Covid 19, tal como el lavado de manos. Al mismo tiempo algunos sistemas de salud pública provinciales no brindaron un servicio con adecuación cultural de la atención médica para las poblaciones indígenas ni desarrollan estrategias para respetar sus cosmovisiones respecto, por ejemplo, a las medidas de aislamiento o al deber de respetar la cuarentena en comunidades que viven de la changa diaria. Además, genera dificultades en la atención de la salud la falta de personal que hable lenguas indígenas.
Además, en distintas provincias se restringió la circulación en rutas, sin tener en cuenta que de este modo las comunidades quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la comida y los medicamentos. El gobierno de Tucumán abrió la circulación al turismo interno sin un acuerdo básico con las comunidades de Amaicha y Quilmes, del Valle Calchaquí, que tuvieron que autoaislarse. La falta de conectividad a internet también excluyó a las comunidades de los programas de ayuda económica a los que sólo se podía acceder online.
Represión
En noviembre, la comunidad wichí de Pocitos, en Formosa, se organizó para exigir soluciones. La respuesta estatal fue una violenta represión a la protesta, la detención de integrantes de la comunidad y su criminalización con distintas figuras penales. Antes de su liberación, fueron trasladados a un centro de aislamiento a más de 400 kilómetros, para cumplir con las medidas de prevención del Covid.
El 18 de enero la policía reprimió el reclamo de comunidades wichí en Ingeniero Juárez, quienes habían solicitado al Interventor del Hospital de la Ciudad información sobre los resultados de reiterados hisopados a integrantes de la comunidad. El operativo se desplegó con la policía montada y cuerpos de infantería. De los cuatro detenidos bajo el cargo de amenazas a funcionarios del hospital, tres fueron mujeres. Al día siguiente, el reclamo por un cajero móvil fue reprimido con violencia y con un despliegue policial inusitado que incluyó la presencia de ocho camiones, patrulleros y un camión celular previsto para el traslado de los 16 detenidos como consecuencia del reclamo.
En Fontana, efectivos de la Policía de Chaco, varios de ellos sin uniforme, irrumpieron durante la madrugada en la casa de una familia qom, sin orden de allanamiento, y les torturaron, golpearon y humillaron. También se conocieron otros hechos de violencia policial contra comunidades indígenas de esa provincia, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio.
La comunidad Cueva del Inca en Tucumán sigue sin poder acceder al agua potable y tampoco tiene luz por una medida judicial de no innovar que favorece el reclamo de un interés privado. Estas condiciones se sostuvieron a pesar de la pandemia. En Tucumán, el Pueblo Diaguita y Lule de Tucumán sólo tiene acceso a servicios de salud primarios o de baja complejidad (CAPs), con recursos limitados para hacer frente a la pandemia.
“Es indispensable que haya mecanismos de participación y consulta en la toma de decisiones e información suficiente y adecuada para que esos mecanismos sean efectivos. El gobierno federal podría desarrollarlos dentro de los ámbitos de gestión que tiene con los gobiernos provinciales. También podría poner en funcionamiento canales para que las comunidades realicen sus reclamos y se agilicen las respuestas a sus necesidades”, reclaman las organizaciones.
Desalojos
Durante 2020, decenas de comunidades fueron desalojadas, en clara violación a Ley 26.160 que suspende los desalojos de comunidades indígenas.
El Cels informa que “hubo desalojos en Salta, Tucumán, Jujuy, Chaco y Santa Fe”. En julio, la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de Colonia Santa Rosa, Salta, vivió un proceso de desalojo con heridos, incluyendo niñes y un bebé con un perdigón en la frente. En septiembre, algunas de las familias de esa misma comunidad, que habían permanecido en un sector del terreno, también fueron desalojadas. Noventa familias quedaron sin un lugar donde vivir.
En octubre, la policía desalojó a cinco familias de la comunidad indígena de Tusca Pacha, en Palpalá, Jujuy. Las tierras, reclamadas por una inmobiliaria, estaban habitadas desde hace décadas. Durante el operativo destrozaron las viviendas e hirieron a miembros de la comunidad, incluyendo un niño. “Estos son sólo algunos ejemplos de los despojos que vivieron las comunidades en plena pandemia”, afirman desde el Cels.
“Los estados nacional y provinciales tienen que tomar medidas para garantizarles a las comunidades la seguridad en la tenencia de la tierra. Esto incluye avanzar en el proceso de relevamiento de los territorios de las comunidades exigido por la Ley 26.160 y adoptar las medidas necesarias para garantizar que nadie más pueda reclamar esas tierras” reclaman las organizaciones. También demandan al Congreso nacional una ley de propiedad comunitaria indígena y una ley para la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas ante cualquier decisión que afecte sus territorios ancestrales.
El documento que denuncia esta situación está firmado por Abogados y Abogadas del Norte Argentino en Derechos Humanos (ANDHES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Formosa, Asociación para la Promoción y el Desarrollo (APCD). También suscriben Las Lomitas – Formosa, Centro Barrial Enrique Angelelli de Ing. Juárez – Formosa, Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) – Formosa, Fundación Manos de Hermanos – Formosa, Parroquia María de la Merced -Ing. Juárez – Formosa, Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA).
*Fuente: Agencia Tierra viva (agenciatierraviva.com.ar)|Foto: Raúl Ferrari, Archivo Télam. www.prensared.org.ar
