La ley 11.117 que prohíbe la actividad de cuidacoches no autorizados en toda la provincia, entrará en vigencia el próximo 26 de mayo de 2026. El autor, analiza que “digitalizar sin incluir es otra forma de abandono” y que la normativa está lejos de ser una política pública.
Por Álvaro Ruiz Moreno*
Convertir la pobreza en un trámite digital no es política pública. Es insensibilidad institucional. Y es, sobre todo, una forma de descarte. Los naranjitas no son una App, un QR ni un ícono en un mapa. Son personas. En las calles de Córdoba ponen el cuerpo todos los días para sobrevivir, para llevar un plato de comida a su casa, para sostener la vida como pueden en una economía que los expulsa. Pero los gobiernos que declaman “orden” suelen olvidar a quienes viven al borde, justo a los que más deberían cuidar.
La tecnología promete eficiencia, sí, pero cuando se usa como filtro social deja de ser progreso y se convierte en una herramienta de exclusión. Exigir pagos digitales, exigir teléfonos que muchos no tienen, exigir una formalidad imposible para quienes apenas resisten la intemperie diaria… ¿a quién creen que están incluyendo? La modernización no puede servir de excusa para borrar a los más frágiles.
Como recordó recientemente el arzobispo Ángel Rossi, “la pobreza no se combate con sanciones”. Y el Papa Francisco lo repitió de manera incansable: no se criminaliza al que ya sufre. Sin esa brújula moral, cualquier política termina transformándose en un mecanismo punitivo disfrazado de eficiencia.
Detrás de cada pechera naranja hay una historia, una familia, una lucha invisible. No se trata de idealizar una actividad marcada por la informalidad: se trata de no caer en la crueldad de pretender ordenarla expulsando justamente a quienes dependen de ella para no caer aún más abajo.
¿De verdad la respuesta de un Estado debe ser apretar aún más a los que menos tienen? ¿Puede llamarse política pública a un esquema que exige más de lo que estas personas pueden dar hoy? Formalizar sin integrar es empujar a la marginalidad. Ordenar sin acompañar es condenar. Digitalizar sin incluir es otra forma de abandono.
La insensibilidad también es violencia, aunque la disfracen de modernización. Un proyecto que solo mire el tránsito, los flujos, las tarifas y las App es un proyecto que perdió de vista lo esencial: que la ciudad es de todos, y que no puede construirse expulsando a los que estorban a la estética urbana.
Defender a los naranjitas no es romantizar la informalidad. Es defender la dignidad que este sistema quiere olvidar. Es recordar que la pobreza se cura con oportunidades, no con castigos. Y es, sobre todo, exigir un Estado que mire desde abajo, no desde un escritorio.
Porque si los últimos no son prioridad, entonces no es política pública: es descarte.
*Abogado y jardinero. En la foto reunión de trabajadores con Ángel Rossi. Crédito Nicolás Bravo, La Voz.
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