El Ministerio de Economía lanzó un nuevo acuerdo de precios con sectores concentrados de la industria. Organizaciones y productores de la economía social advierten que el “precio justo” implica vínculos y valores en pos de la soberanía alimentaria. Para resolver la inflación y el acceso a los alimentos reclaman políticas de mercados solidarios y producción popular.
Por Redacción*
La puesta en marcha por parte del Gobierno del acuerdo “Precios Justos” fue cuestionada por parte de organizaciones y productores de la economía social, popular y solidaria. Indicaron que la nueva medida de contención de precios es otro pacto con la grandes empresas y no es el camino hacia la justicia en términos de derecho a la alimentación ni de precios. “Tenemos el convencimiento de que una campaña del gobierno nacional con ese nombre perjudica enormemente nuestra actividad”, cuestionaron y solicitaron al secretario de Comercio, Matías Tombolini, no utilizar el término “precio justo” —”que representa equidad en las tramas productivas y comerciales”— en convenios con grandes empresas. Exigieron que promueva políticas de creación de “mercados solidarios que hacen lugar a la producción popular”. El nuevo programa oficial debutó con el dato de una inflación acumulada del 76,6 por ciento hasta octubre, según el Indec.
La medida —que el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó el viernes pasado— fija los precios de más de 1800 productos de primera necesidad por cuatro meses, mediante acuerdos con 125 empresas. Entre las alimenticias, se trata de firmas que integran la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la misma cámara que se opuso a la Ley de Etiquetado. A su vez, el programa establece un aumento máximo del cuatro por ciento para otros 30.000 artículos durante el mismo período.
Los alimentos que forman parte del acuerdo se pueden encontrar en los supermercados, distribuidores mayoristas y comercios adheridos al programa por provincia o región. El acuerdo no incluye a comercios de cercanía y de la economía popular, pero sí a empresas como Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías.
Desde el Gobierno argumentaron que, de esta manera, “se asegura evitar los abusos de empresas que, ante la incertidumbre, aceleraron la suba de precios desde julio último y que, ahora, tendrán un límite de aumentos del cuatro por ciento que estará monitoreada por la Secretaría de Comercio”. Por el momento, las empresas aceptaron el acuerdo a cambio de acceder a dólares oficiales para la importación de insumos.
El objetivo parece ambicioso ya que hay que trasladarse hasta junio pasado para encontrar una suba del 4,6 por ciento en el rubro de “alimentos y bebidas no alcohólicas”. Desde el pico inflacionario de julio (7,4 por ciento) el rubro siempre estuvo por encima del seis por ciento de incremento y tuvo la mayor incidencia inflacionaria en todas las regiones.
“El precio justo significa dar a cada uno lo suyo”
El Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, la Federación de Cooperativas de Trabajo Alta Red, la Red Nacional Alimentos Cooperativos (Cotraavi), Caracoles y Hormigas, PAC (Productores a Consumidores), el Mercado de Consumo Popular Más Cerca es Más Justo, la Cooperativa Despiertavoces, el Mercado Territorial, la Comercializadora Monte Adentro y la Cooperativa de Trabajo Huvaití, entre otras, manifestaron su descontento en una misiva que interpela a la Secretaría de Comercio de la Nación.
“Quienes venimos desarrollando actividades de producción y comercialización en el marco de la economía social, popular y solidaria sostenemos que el concepto de ‘precio justo’ es totalmente ajeno a las lógicas del mercado concentrado empresarial y corporativo”, esgrimieron, ante una política que nace a instancias de la especulación sobre el precio de los alimentos por parte de las empresas concentradas.
Francisco Caputo, de Alta Red y de Más Cerca es Mas Justo, explicó a Tierra Viva que la economía social tiene varios principios: precios justos, trabajo digno, agroecología y soberanía alimentaria. “El ‘precio justo’ es un concepto abarcativo que refiere al productor, al comercializador y al consumidor. Significa dar a cada uno lo suyo, saliendo de las lógicas del mercado capitalista que implican acumulación del capital”, puntualizó.
En ese sentido, Caputo apuntó a precios que tengan en cuenta una adecuada remuneración del trabajo del productor, los costos de elaboración respetando los márgenes básicos, el pago a la comercializadora en tanto intermediaria y el bolsillo del consumidor. Se trata de una lógica alejada de la búsqueda de maximización de ganancias y las lógicas especulativas de las grandes empresas.
A su vez, reivindican la comercialización de alimentos desde la perspectiva del derecho a la alimentación y al precio como resultado de una actividad que genera trabajo en espacios locales (mercados de cercanía), sin explotación, y con perspectiva de género. Es por eso que piden al Gobierno que se respete su identidad, la construcción colectiva del concepto y el verdadero sentido del “precio justo”, que no es solamente una mirada de ‘precio barato’, sino que conlleva otros vínculos y acuerdos con quienes producen, en cuanto a otros valores como el trabajo digno, la equidad de género, los cuidados comunitarios, la agroecología y la soberanía alimentaria, entre otros.
“En todo caso, es hora de dar el debate acerca de la matriz productiva y comercial de la alimentación en la Argentina y orientar las políticas a sectores cuyo propósito es la provisión soberana de los alimentos y no a quienes hacen de esto una permanente especulación, buscando ganancias inconcebibles a costa de la economía del pueblo. Quienes concentran las ganancias y especulan con un derecho humano no pueden proponer un precio justo”, afirman.
Mercados solidarios y producción popular para frenar la inflación
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), los precios al consumidor subieron 6,3 por ciento en octubre respecto a septiembre y un 88 por ciento respecto a octubre de 2021. El ítem “Alimentos y bebidas no alcohólicas” se incrementó en un 6,2 por ciento. Sobre el contexto inflacionario que vive el país, desde los sectores productivos de la economía popular tienen una propuesta: “La economía social y solidaria contribuye a reducir la inflación por la reducción de costos. Acá no hay un principio de acumulación del capital, ni de ganar una renta ni de especular con los alimentos. La alimentación es un derecho y se busca la redistribución de un trabajo digno y de los costos básicos” señala Caputo.
El sector promueve un sistema de comercialización basado en relaciones justas entre quienes producen, quienes trabajan y quienes consumen, creando mercados solidarios que hacen lugar a la producción popular. “El mercado tradicional no va a solucionar el acceso al alimento, ya que para ellos es una mercancía que genera ganancias y lucro”, argumentan las organizaciones.
Por eso piden llamar a las cosas por su nombre: “Una cosa es el control de precios a las grandes empresas concentradas y otra es avanzar en el precio justo. Se trata de dos conceptos que tienen identidad, prácticas y resultados muy distintos”. Al respecto, avalan los intentos estatales de “regular al mercado concentrado de producción y comercialización” pero reiteran que eso no es suficiente para resolver el problema del aumento de precios.
*Agencia Tierra Viva. Ver esta (y otras producciones) aquí https://agenciatierraviva.com.ar/precios-justos-criticas-y-propuestas-de-la-economia-popular-al-programa-del-gobierno/ Foto principal Nicolas Pousthomis / Subcoop.
www.prensared.org.ar
