Las conclusiones finales de Claudio Orosz y Lillan Luque sostienen que hay abundante prueba para condenar a los imputados por secuestros, tormentos y homicidios que afectaron a los militantes populares Hugo Donemberg, Claudio Román, Miguel Angel Arias, Juan Carlos Soulier, Adriana María Díaz, y Luis Roberto Soulier. Todos permanecen desaparecidos excepto Román, asesinado en un operativo ventilador.
Por Katy García*
El pasado jueves, uno de los días más calurosos del año, alegaron el abogado querellante Claudio Orosz y su colega Lillan Luque en representación de las familias Arias Cuello, Soulier Guillén, Díaz y Ríos; y Mónica Solosky. En tanto que por Claudio Román, lo hizo el funcionario en representación de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
Ambos realizaron la exposición teniendo en cuenta la jurisprudencia existente y los hechos fijados en la acusación. Analizaron la prueba considerando la contundencia de los testimonios “históricos y necesarios” de los sobrevivientes y las familias. Los legajos de los imputados que los sitúan en tiempo y lugar, “las documentales producidas por los propios imputados como las notas de Barreiro y Diedrichs” y la documentación que obra en la causa.
Orosz explicó cómo se produjeron las caídas en masa de estudiantes universitarios que comenzó en abril de 1976. En particular de la Juventud Guevarista (JG) donde militaba Hugo Donemberg.
Luque analizó que la tortura sufrida por Sebastián Soulier de seis meses “no fue excepcional” y da cuenta de un listado de niñas y niños a quiénes no consideraron sujetos de derechos. “No es posible seguir sosteniendo jurídicamente la cosificación de les persones, en este caso niñes”, afirmó.
Hugo Donemberg (Hecho 11, causa Herrera)
Claudio Orosz comenzó desmenuzando el testimonio de Mónica Sodosky, esposa de la víctima, quien afirmó que militaban en el PRT-ERP en tareas de propaganda y difusión. Contó que estaba embarazada de 9 meses y que decidieron regresar a su departamento de avenida Colón el 28 de abril de 1976 luego de dormir en diferentes casas porque “en ese momento se venían dando una serie de caídas en cadena” de militantes universitarios de la Juventud Guevarista. La madrugada del 29 ingresó un grupo de militares y secuestró a Hugo.
Estas detenciones no eran una casualidad dice el abogado y se remite al “Caso 68” que indica cómo debía ser perseguida y aprehendida esta militancia que “se reunía en círculos de tres o cuatro personas y un responsable que se juntaba con otros para evitar las detenciones”.
Una vez secuestrada la persona era entregada al personal de inteligencia del ejército que lo trasladaba a un “lugar de reuniones” eufemismo utilizado para nombrar a los centros clandestinos de tortura y exterminio. En este punto recordó que la empresa Astori debió acelerar los trabajos para inaugurar en marzo de 1976 el campo de concentración La Perla debido a que la Coordinadora de Gremios en lucha había realizado una marcha hasta el campo de la Ribera. Siguiendo el protocolo indicado “se debía torturar las primeras tres horas y preguntar los domicilios”. Si se lograba de inmediato la información se lo cargaba y conducía al lugar que había revelado. Así, se produjo una caída en masa de estudiantes universitarios que comienza en abril de 1976.
El chico Judío
Para el letrado “es de sumo interés para este hecho” el testimonio brindado por Oscar Rosetti durante el juicio La Perla donde expresó que en una reunión secreta, organizada por un frente de la Juventud Guevarista, con estudiantes secundarios próximos a ingresar al servicio militar. A esta cita iba a concurrir un compañero que ya había pasado por la colimba en 1975, año en que comenzó en Tucumán el Operativo Independencia. Quien iba a contarlo “era un chico de origen judío” pero la reunión se interrumpió porque sobrevino un operativo con detenciones. “El chico judío que logra huir es Hugo Donemberg”.
Otro testimonio fundamental que cita es el de Víctor Marchi, portero del edificio, quien tuvo que abrirle la puerta al personal militar y luego observa que lo llevan “con las manos atadas y una naranja en la boca” y lo suben a un Fíat 125.
De acuerdo al testimonio de Cecilia Suzzara realizado en el Juicio a las Juntas “el primer semestre advirtió en La Perla –donde estaba cautiva- la presencia de un joven de 1:70 m de estatura, cabello castaño oscuro, con profundas entradas en la cabellera y ojos azules, que fue torturado y estaqueado al sol”. Treinta años después lo reconoció en una foto que le mostró Mónica. María Victoria Roca, Liliana Callizo, Pajarito Rosetti y Sergio Martín, hacen lo propio.
Las gestiones realizadas por las familias son pruebas que están incorporadas a la causa sin ninguna respuesta del estado. Otro indicio fue el “allanamiento” realizado en la casa de los padres de Mónica a quiénes les preguntaron si ella “había dado a luz”. El padre les exigió una orden para ingresar al domicilio y “un oficial del Área 311 labra un acta afirmando que el procedimiento se hace por una orden verbal del comandante en jefe”, documento que consta en la causa. Del mismo modo y entre otras pruebas consta una carta enviada por Guillermo Barreiro reclamando no haber sido ascendido cuando cumplió con lo que debía hacer.
Para el abogado queda claro que “fue secuestrado por militares pertenecientes al Grupo de Operaciones que dependía de la sección primera de la OP3, salvajemente torturado, con un plus extra por ser un argentino de origen judío”. Afirmó que aun cuando “no podamos identificar con certeza quiénes (lo secuestraron) sí se conoce a los que lo mantuvieron y sometieron a condiciones infrahumanas, le aplicaban tormentos durante el cautiverio”, y cuándo “ya no era útil” le informaron a sus superiores que ordenaban el destino final que fue la desaparición forzada que se prolonga hasta la fecha de la sentencia.
Claudio Román (H1, Causa Diedrichs)
En relación al secuestro y homicidio de Claudio Román, el abogado manifestó que existen testimoniales anteriores y actuales más una abundante prueba documental que indican que era estudiante de la escuela de comercio Manuel Belgrano, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), en Montoneros. Que participaba como integrante del Centro de Estudiantes junto a otras agrupaciones estudiantiles y que “fueron sistemáticamente espiados por las autoridades de la escuela desde 1974”. Del análisis de otras sentencias surge que en un listado confeccionado por Rigatuso y Lafranconi y los servicios de inteligencia figura como “Romani”.
Más adelante afirma que el testimonio brindado por su hermano Alejandro Román quien presenció el secuestro del joven realizado por una patota en la vivienda ubicada en barrio Residencial América donde hacía poco se habían mudado es prueba certera.
A ello se suman las denuncias realizadas por su padre ante la seccional 13 y el comunicado falaz del Tercer Cuerpo de Ejército publicado en los medios de comunicación que afirma que junto a Héctor Daniel Rodríguez murieron en un “enfrentamiento” con fuerzas legales cuando “huían” después de haber asaltado un camión del ejército, apropiarse de armas y matar al cabo Bulacio.
Matarlos de chicos
Un soldado conscripto declaró que esa noche después del hecho todos los oficiales salieron de cacería en camiones Unimog y que al regresar le ordenaron lavar los vehículos que contenían sangre y restos humanos.
Por otra parte el tío que realizó el reconocimiento del cuerpo en la morgue dijo que tenía signos de haber sido torturado y acribillado.
Sobrevivientes de La Perla declararon que en julio de 1976 la cuadra “se llenó de chicos del Belgrano” y que Barreiro había dicho “que era mejor matarlos de chicos”.
Miriam Báez –compañera del Manuel Belgrano-declaró que lo había visto en el campo el 3 de agosto y que le había dicho: “A vos te van a largar y a mí me van a llevar a la cárcel”. Días después, se entera de esa versión mentirosa.
Seguidamente Lyllan Luque se refirió a los hechos 2 y 3 de la causa Diedrichs que afectaron a Miguel Ángel Ernesto “Coqui” Arias, Juan Carlos Soulier Guillen, Adriana María Díaz, Luis Roberto Soulier Guillén y el sobreviviente Sebastián Soulier.
Miguel Ángel Arias
Luque comenzó por el secuestro y desaparición forzada de “Coqui” Arias, alumno del colegio confesional Nuestra Señora de Loreto, militante del centro de estudiantes y de la organización Frente Argentino de Liberación 22 (Fal 22) cercana al peronismo.
Tras cruzar las declaraciones testimoniales receptadas durante el debate armó el rompecabezas que revela cómo acontecieron los hechos, el contexto de época y las consecuencias para la familia, los amigos y compañeros de militancia.
De ello surge que realizaba trabajo territorial con Luis Leiva en barrio Obrero y estaba relacionado con Luis Roberto Soulier, preceptor del colegio y sindicalista. Y con su hermana Norma Julia Soulier.
Para la querella está demostrado que hubo una zona liberada para que personal militar lo secuestre el 29 de junio de 1976. Que fue trasladado al campo de concentración y exterminio La Perla donde ya estaba Julio Leiva. Así lo confirmaron sobrevivientes como Piero Di Monte.
También quedó claro que el político Julio César “Chiche” Aráoz, amigo del imputado Héctor Vergéz, les propuso a los padres de la víctima que a cambio de información le llevaran nombres. Cuestión que fue rechazada de plano. Para darle credibilidad al ofrecimiento le dijo a la madre Beba Cuello que habían devuelto a su tía al bebe Sebastián Soulier.
En relación a la participación responsable dijo que más allá de que no se pueda afirmar con certeza quiénes iniciaron el recorrido criminal del secuestro “sí sabemos quiénes lo continuaron”. Se refiere a los funcionarios públicos que según los indicios fueron militares y lo mantuvieron bajo privación ilegítima de la libertad ambulatoria, en condiciones infrahumanas. “Arias fue secuestrado por personas no identificadas, alojado en calidad de desaparecido, mantenido en el campo de exterminio La Perla por las personas mencionadas y dentro de los 30 días de su cautiverio fue asesinado y sus restos escondidos en el predio de la Guarnición 141”, sostuvo.
El periplo de la familia Soulier
Los días 15 y 16 de agosto de 1976 un gran operativo policial armó una ratonera en barrio Villa Páez y secuestró a Juan Carlos Soulier, su esposa Adriana Díaz Ríos, y a Luis Roberto Soulier (detenidos desaparecidos). La persecución había empezado un año atrás con reiterados allanamientos según contó Norma Julia Soulier que al momento de los hechos tenía 15 años.
El 15 de agosto Juan Carlos no fue a trabajar con su padre Freddy. Tampoco Adriana había llevado a Sebastián, de seis meses, para que lo cuidara. El padre se dirige al domicilio donde es atrapado por la patota, vendado y esposado y llevado al D2. Por la tarde llega Luis Roberto y ocurre lo mismo. Por una vecina se enteró la familia de lo ocurrido y pudo empezar la búsqueda. Vio que llevaron al matrimonio y que ella llevaba al niño en brazos.
Al otro día dos militares le entregaron a Julia un “paquete” que resultó ser su sobrino “secuestrado, llevado al D2 y torturado psicológica y físicamente durante 24 horas”. Brindó detalles sobre el estado de shock en que se encontraba, quieto, con las pupilas dilatadas, la piel arrugada y llagada y que cuando ella lo bañó observó que tenía los pies “morados e hinchados y que solo se le veían tres deditos”.
La situación de Sebastián no fue excepcional
La letrada afirmó que lo vivido por Sebastián que se visibilizó en este juicio “no fue excepcional”. En ese orden recordó que en 2010 la testiga Norma San Nicolás declaró que en 1975 cuando estuvo detenida en el D2 y luego en la UP1, una de las presas, Marta Rosetti de Arquiola, le contó que los represores le torcían los pies a su hija en el D2. La víctima de esas prácticas estuvo presente en la sala. (1)
En ese orden afirmó que no son pocos los niños y niñas que presenciaron operativos, fueron privados de la libertad, llevados a centros clandestinos y sometidos a condiciones inhumanas “cuando estamos frente a sujetos de derecho” lo mismo que las mujeres y disidencias. “No es posible seguir sosteniendo jurídicamente la cosificación de les persones, en este caso niñes”, le dijo al Tribunal.
Para la querella “Las conductas desplegadas por los imputados, fueron realizadas dentro del marco de un plan generalizado y sistemático de represión de los opositores políticos que asumió que las hijas e hijos de subversivos serian víctimas directas de privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos”.
Tras cartón proporcionó al tribunal un listado en construcción de niñas y niñas víctimas del estado terrorista que realizó junto a trabajadores de los sitios de memoria. (2)
A 30 años de lo ocurrido pudieron saber cuál fue el destino final gracias “al glorioso cuaderno Gloria de Ana Iliovich” quien memorizaba los nombres de los detenidos en La Perla y cuando iba a su casa los fines de semana los anotaba en un cuaderno.
Pedido de pena unificado
Como conclusión del alegato solicitaron para todos los encartados la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas especiales. Los responsables: Luis Gustavo Diedrich (d) el hombre de atrás según la teoría de Roxin deberá responder como coautor mediato. El resto como coautores por dominio funcional en un aparato del estado: Héctor Pedro Vergez, Jorge Exequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro (d), José Hugo Herrera (d), Carlos Alberto Díaz (d), Arnoldo José López, Ricardo Alberto Lardone, Emilio Morard (d). (N de la R: d significa que gozan del beneficio de la detención domiciliaria según lo constató Luque).
El próximo 16 de diciembre acusará por todas las víctimas el fiscal Maximiliano Hairabedián.
Notas
1- Marta del Carmen Arquiola fue una de las 30 víctimas de la UP1 fusilada en un enfrentamiento fraguado.(Juicio Videla).
2-Listado en construcción. Nicolás (1 año y 10 meses) y Mauricio Fernando (2 meses) Belizán; Alejandro Rossi (4 años), Pedro Yavicoli ( casi 3 años); las hijas de Irene Bucco (1 y 3 años), Francisca Aybar (8 años), Federico Matías Arguello (18 meses), el hijo de Nora Peretti y Oscar Ventura Liwacki, Pablo Ponza, Alejandra Zarate, Verónica y Germán Lara, Cecilia y Mariana Mogilner, les hijes de Juana Avendaño, Alba Camargo (13 años) y Norma Julia Soulier (15 años). En el D2 fueron alojados con sus padres: Natalia Moore, Santiago Emilio Francisetti, Carlos González y Virginia Arquiola.
*Agencia Prensared| Fotografía Nicolás Castiglioni (Archivo)
Ver los alegatos completos por el canal de YouTube del Tribunal Oral Federal 1
www.prensared.org.ar
