La desaparición de Facundo Rivera Alegre es una herida social que solo cerrará cuando se sepa la verdad. Cuando se encuentren sus restos y la familia pueda por fin hacer el duelo. Se abre una puerta a la investigación sobre el destino de los restos de El Rubio. “Ahora podemos participar en el expediente, aportar pruebas y ver cómo avanza”, afirma, la abogada Adriana Gentile.
Por Katy García*
El 19 de febrero de 2012, Facundo Ribera Alegre, también conocido como El Rubio del Pasaje, salió de su casa de barrio Juniors, con amigos, rumbo al Estadio del Centro donde tocaba la banda de cuarteto de Damián Córdoba una de sus favoritas. Y nunca regresó. La búsqueda del joven comenzó de manera inmediata. En la calle y en los tribunales.
En agosto de 2015, se llevó a cabo un juicio a cargo de la Cámara 11 del Crimen. El fiscal era Diego Albornoz y el abogado querellante Claudio Orosz. La hipótesis de la fiscalía sostuvo que fue asesinado luego de un incidente ocurrido mientras se realizaba una compra y venta de drogas. No obstante, el cuerpo no apareció hasta el día de hoy.
La abogada Adriana Gentile, destaca que tras la lectura de la sentencia de la Cámara que condenó a Pablo Rearte a 11 años de prisión, le ordenó a la Fiscalía de Instrucción Distrito 1 Turno 5, en aquél momento a cargo de Gustavo Dalma, donde se investigó el hecho, que indague sobre la supuesta “cremación del cuerpo” de Facundo Rivera Alegre y el delito de “falso testimonio” cometido por un testigo durante el debate. “Es en esta Fiscalía donde pudimos constituirnos como querellantes para impulsar la investigación sobre los restos de Facundo. Ahora podemos participar en el expediente 2460496, aportar pruebas y ver cómo avanza”, afirma, la letrada de la Fundación María Elba Martínez, quien viene trabajando desde hace tiempo sobre la desaparición y la responsabilidad del estado en este caso.
La lucha incansable de Viviana Alegre, madre de Facundo, que hace más de cuatro años que viene golpeando las puertas del Poder Judicial, de las Agencias estatales y de organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro de Estudios legales y Sociales (Cels) y Amnistía Internacional, sección Argentina, logró entreabrir esa puerta que se cerró tras la sentencia.
Esta instancia que comienza la entusiasma porque “En medio de todo, esto es una gran noticia. Poder ser parte de esta búsqueda nos da esperanza, como familia. Porque una desaparición por más que haya habido un juicio, es una causa”, comenta, Viviana.
Catorce meses atrás, Gentile había presentado ante el fiscal Dalma, un petitorio donde le planteaban la necesidad de constituirse como querellantes porque “Mientras la desaparición no se resuelva, sigue siendo un caso presente” y en ese sentido es “el estado quien debe garantizar una investigación seria, imparcial y efectiva, independientemente de quien haya participado en la violación del derecho, incluso los particulares”.
Seguir adelante
El 17 de octubre próximo pasado, explica, se reunieron con la fiscala adjunta Bettina Croppi quien se comprometió a revisar la causa. Allí tomaron conocimiento que ahora la fiscala general de Instrucción Distrito 1 Turno 5 es María Celeste Blasco quien “nos aceptó el petitorio que hizo nuestra abogada y se abre esta nueva causa por encubrimiento”, agrega, y a la vez destaca el buen trato y la empatía demostrada por ambas funcionarias.
Lo que les negó el fiscal Dalma – ahora Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de 10a Nominación- a fuerza de “insistencia” y de otras circunstancias como el paso del tiempo, lo lograron.
“Esto recién comienza. Pero tenemos que seguir adelante”, manifiesta Viviana y a la vez dice que le preocupa que “en Barrio Maldonado (donde ocurrió, según el juicio, el asesinato) están por tapar las lagunas y es una zona donde podría estar el cuerpo”, advierte, Viviana, quien recibió en mayo el Premio Aricó al Compromiso Social y Político. Contó además que diferentes organizaciones sociales y políticas se presentaron como amici curiae y fueron aceptadas.
Agradece en primer lugar a la abogada, a las organizaciones hermanas y personas que siguen colaborando en esta apuesta contra la impunidad. Pide que “no nos dejen solas en esta instancia colectiva” donde van a necesitar estudiar estrategias, contar con la opinión de expertos, hacer reuniones entre abogades y el apoyo de las organizaciones en cada lugar.
El Juicio
En agosto del 2015, la Cámara 11ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, integrada por los jueces Susana Frascaroli, Graciela Bordoy de Pizzicari y Daniel Ferrer Vieyra, además de condenar a Pablo Rearte a 12 años de prisión (porque se unificó con otra causa) como coautor responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego, y por la intervención de un menor de 18 años de edad (hermano del condenado, en aquel momento de 15 años) como autor material del crimen, absolvió por el beneficio de la duda al empleado del cementerio municipal, Aldo Marcelo Monje, acusado de “encubrimiento agravado”.
La hipótesis de la fiscalía que culminó en sentencia se basó en los dichos de Gisella Oyola la “testigo estrella” -como la llamó el fiscal Albornoz-quien declaró ante los jueces que vio cómo ocurrieron los hechos tras una discusión por compra y venta de drogas en Barrio Maldonado. Cabe destacar que la querella, representada por Orosz, había solicitado la absolución de los tres imputados en la causa. En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Rearte y confirmó el fallo.
*Periodista. Agencia Prensared. Foto principal La Nueva Mañana de Córdoba.
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