Una semana atrás la cámara de senadores de la nación le dio media sanción a la llamada ley de “modernización” hoy deliberan diputados y diputadas. En un escenario de huelga, altamente acatada, y de movilizaciones, se juegan los derechos conquistados en años. No es solo el art 44, también introduce el “FAL, un retroceso institucional, económico y moral”, dice el autor.
Por Álvaro Ruiz Moreno*
La creación del llamado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) dentro del proyecto de reforma laboral constituye uno de los mecanismos más regresivos y peligrosos para el sistema previsional argentino. Bajo el argumento de “modernizar” las relaciones laborales, lo que en realidad se está gestando es un traslado masivo de recursos desde los trabajadores —activos y pasivos— hacia las empresas más concentradas del país.
El FAL pretende financiar indemnizaciones privadas con dinero público, tomando recursos del ANSES y específicamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir: las patronales se liberan del costo del despido y lo socializamos entre todos. Un círculo perfecto… para ellas. Un desastre anunciado para los jubilados.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad nació con un propósito opuesto al que hoy le quieren dar: preservar los ahorros previsionales, asegurar la movilidad y proteger el ingreso de quienes ya trabajaron toda su vida. Transformarlo en un “seguro de despido empresarial” implica violar ese mandato y desvirtuar su función esencial.
¿Con qué lógica se puede justificar que un jubilado financie el despido de un trabajador del sector privado? Ninguna.
¿Con qué criterio se desvía el único colchón anticíclico del sistema jubilatorio para cubrir riesgos empresarios? Con ninguno que no sea la voracidad económica.
Además, este mecanismo incentiva la rotación laboral y la precarización: si despedir se vuelve barato, despedir se vuelve frecuente. Eso erosiona aún más el ingreso corriente al sistema previsional, ya que menos aportes implican menos futura sustentabilidad. El FAL, lejos de resolver problemas laborales, crea una crisis previsional acelerada.
Las grandes compañías —que concentran ganancias históricas— serían las principales beneficiarias de este esquema. Los verdaderos perjudicados: los trabajadores activos (que aportan) y los jubilados (que ya aportaron toda su vida).
Una vez más, los jubilados son el pato de la boda. Son quienes financian un modelo que no los incluye y que vuelve a ponerlos en la fila del ajuste permanente.
Si el Gobierno pretendiera fortalecer el mercado laboral, debería promover empleo estable, salarios dignos, negociación colectiva y políticas productivas. No saquear los ahorros acumulados durante décadas por millones de argentinos.
El FAL no moderniza nada: desfinancia el sistema previsional, legitima el abuso empresarial y profundiza la desigualdad.
Es un retroceso institucional, económico y moral.
La discusión legislativa debe ser clara: la plata de los jubilados no es un fondo de garantía para garantizar despidos. Es un derecho adquirido y un pacto social que debe ser respetado.
*Abogado y jardinero. Agencia Prensared Foto Instagram @rodrigoruiz.foto
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