Jugar a favor de intereses foráneos. El cuerpo legislativo que promueve el gobierno no deja dudas: sólo trabaja para el capital concentrado, local y norteamericano. La actual legislación habilita el acceso ilimitado a superficies vinculadas a reservas de agua y otros recursos estratégicos.
Por Ricardo Aronskind*
Nadie que provenga del peronismo, de los espacios nacionales y populares, del progresismo, de la socialdemocracia o de la izquierda, puede dudar frente al cuerpo legislativo de lo que promueve el actual gobierno desde su inicio: es un gobierno que sólo trabaja para el capital concentrado, local y norteamericano.
No hace falta internarse en discusiones eruditas sobre ideologías, modelos macroeconómicos o sobre la Escuela Austríaca para constatar el tipo de proyecto económico y social en marcha. Tampoco es un tema de Adornis o no Adornis. Sin ningún Adorni, ni LIBRAS, ni ANDIS, el proyecto surge perfectamente claro desde el primer día de la gestión, y en estas semanas toca cumbres en cuanto a las concesiones al capital a costa del futuro del país, sin ningún pudor.
La Cámara de Diputados de la Nación, en esta semana, dio media sanción al proyecto de ley por el cual se crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. Este es conocido como “Súper RIGI” y está destinado a otorgar incentivos y “seguridad jurídica” a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
El proyecto presenta graves fallas, como por ejemplo que los requerimientos sobre abastecimiento de energía, el uso del agua y las emisiones de carbono no están explícitamente aclarados. Insólitamente, el Estado argentino no podrá exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos por el RIGI a los inversores externos que se acojan al régimen, dado que los únicos tribunales habilitados por la propia ley para exigirle a las empresas que cumplan serán externos a la Justicia argentina. La “seguridad jurídica” es que siempre perderemos los argentinos.
La estabilidad contractual que estipula la ley —30 años— hace que cualquier intento de corrección futura de los defectos de la norma active costos internacionales por juicios, penalidades, embargos, etc. Se establece que los incentivos del régimen no pueden ser modificados “ni por la derogación de la presente ley ni por la creación de normativa tributaria, aduanera, de seguridad social o cambiaria más gravosa”.
A la gente que redactó el “Super RIGI” tampoco le interesa el desarrollo de cadenas de valor locales, ni promover la compra de insumos locales o cualquier apalancamiento positivo para la producción local, ni para el estímulo de investigaciones realizables en nuestro país. Es como si la norma hubiera sido escrita, como la propia Ley Bases, por las empresas interesadas.
Además, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados logra la hazaña de resguardar a las empresas inversoras de tener que introducir divisas en el mercado local.
Ahora el engendro legislativo, cuyo único objetivo es favorecer a grandes firmas tecnológicas norteamericanas, otorgándoles condiciones insólitas de operación en nuestro territorio, pasa a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
En la misma sesión parlamentaria se aprobó el proyecto que legitima los acuerdos de conciliación celebrados entre la gestión mileísta y Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. La iniciativa ya había sido aprobada en el Senado. Son 171 millones de dólares, que el país puede regalar alegremente, ya que el gobierno no tiene ningún otro objetivo mejor para gastar esos recursos que agradar a los buitres financieros.
Dijo en la sesión el inefable diputado Benegas Lynch (LLA): “Después de 25 años, tenemos la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito”. Para este sector social que gobierna, la deshonra no es haber endeudado estúpidamente al país, sin ningún beneficio productivo, sino haber tratado de que el peso de esa deuda no nos hipotecara para siempre el futuro.
También en esta semana se supo que el gobierno anunció, a través del canciller Pablo Quirno, que el país se incorporó a “Pax Silica”, una iniciativa para reforzar las cadenas de suministro de tecnología relacionada con la IA para los Estados Unidos. Junto con la Argentina, también se sumarían Chile, Costa Rica, Kazajstán y Panamá, respondiendo a una iniciativa lanzada en Washington en diciembre del año pasado. La idea del gobierno de Donald Trump es reducir la dependencia estadounidense respecto de la otra superpotencia, China, en el abastecimiento y procesamiento de tierras raras y otros materiales críticos.
Pax Silica busca comprometer a países que cuentan con recursos estratégicos de interés para los Estados Unidos para garantizar el abastecimiento de la cadena global de la inteligencia artificial norteamericana.
Es fácil entender la política exterior del gobierno de Milei. Se hace todo lo que necesita el gobierno de los Estados Unidos, sin detenerse un instante a evaluar los beneficios para el país o las relaciones con otros importantes socios comerciales, como la República Popular China.
Un párrafo de lo acordado es muy gracioso. Dice: “Los firmantes se comprometen también a profundizar la cooperación en I+D para ampliar la infraestructura energética, fortalecer la producción de minerales críticos y acelerar el desarrollo de semiconductores confiables, además de movilizar al sector privado e impulsar nuevos centros de datos y modelos de IA, tanto abiertos como cerrados”. Lo gracioso es que se sabe perfectamente quién es el país interesado, quién obtendrá los beneficios y quién debe poner a disposición sus recursos naturales para mayor grandeza de las empresas del otro. Pero la redacción, como siempre en las relaciones diplomáticas entre países centrales y periféricos, tiene un tono neutro y de “mutuo beneficio”. Nadie es vasallo de nadie.
Mientras tanto, en el Senado aguarda para su tratamiento parlamentario el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Las investigadoras Verónica Grondona y María Eugenia Marano publicaron recientemente en elDiarioAR un artículo titulado “La extranjerización de tierras: ¿Qué sabemos respecto de quiénes son los verdaderos dueños del territorio nacional?”. Este artículo constituye un nuevo llamado de atención sobre la gravedad de lo que está en juego bajo el verso de “inviolabilidad de la propiedad privada”. Además, aborda el papel lamentable que pueden llegar a cumplir nuevamente los legisladores del amplio oficialismo.
Señalan las investigadoras que “la compra de tierras en la Patagonia por capitales extranjeros a través de sociedades revela la fragilidad de un sistema que permite la extranjerización de recursos estratégicos mediante la opacidad societaria. La actual legislación habilita el acceso ilimitado a superficies vinculadas a reservas de agua y otros recursos estratégicos”.
Además del paradigmático caso de Lewis, que es un bochorno legal y político que devela la falta de densidad nacional de la Argentina, las autoras mencionan otros casos más recientes. “Cuatro grupos internacionales tomaron el control de 110.000 hectáreas en la Patagonia, un área equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires. Capitales de los Emiratos Árabes Unidos, a través del fideicomiso Amaike —también obligados a identificar a sus beneficiarios finales—, adquirieron campos linderos al de Lewis, incluyendo la Estancia Las Marías de 2.000 hectáreas y un coto de caza de 19.400 hectáreas. Por su parte, el empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri compró aproximadamente 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, donde planea construir microcentrales hidroeléctricas. El caso del ex polista Hugo Barabucci también expuso el mecanismo: adquirió cerca de 20.000 hectáreas en la Patagonia utilizando fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos, mediante sociedades intermedias que funcionaban como pantalla”.
Hasta ahora, la extranjerización avanza a través de los siguientes mecanismos: “Estas operaciones se realizan mediante fideicomisos, testaferros —prohibidos por la ley argentina— y sociedades offshore, en potencial violación de la Ley de Tierras (26.737), que limita la compra de tierras rurales por extranjeros al 15% del total provincial —y prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes de relevancia estratégica—”. Lo que ahora el mileísmo quiere que se trate es la eliminación de todas las restricciones para el loteo del territorio nacional, con el consiguiente peligro para la soberanía al crearse “derechos” de ciudadanos extranjeros sobre espacios y recursos naturales estratégicos.
También en estos días mundialistas el gobierno emitió el Decreto 482/2026, por el cual flexibilizó el régimen minero para acelerar la extracción de litio, cobre, oro y plata con menos controles y más beneficios para las corporaciones multinacionales, modificando el anterior Régimen de Inversiones para la Actividad Minera. Cada modificación de esa ley es una nueva pérdida de soberanía y un desperdicio de recursos que podrían usarse para el desarrollo.
¿Quién gobierna la Argentina? ¿Cuál es la idea de promover la extranjerización de todo en función de capitales o potencias extranjeras? ¿Cómo es que toda esta legislación antinacional pasa alegremente por las instancias institucionales que supuestamente “representan al pueblo de la Nación”? ¿Qué se hizo de la soberanía nacional y de quienes deberían defenderla?
Mientras este festival antinacional no encuentra ningún tipo de límites, la realidad social arroja cotidianamente ejemplos de deterioro acumulativo.
En la ciudad de Balcarce, tuvo que cesar sus actividades la fábrica de papas congeladas Finca Balcarce y procedió a despedir a sus 50 empleados. Según trascendió, la decisión fue provocada por la falta de competitividad externa y la caída del consumo local.
Especialistas en salud pública informan el crecimiento alarmante de enfermedades contagiosas como la sífilis o la tos convulsa, producto de la deserción estatal en la educación, prevención y tratamiento de esas enfermedades.
Los demógrafos detectaron en el último año que se incrementó por encima de las cifras esperables el número de fallecimientos de adultos mayores, probablemente producto de las peores condiciones de vida por las que atraviesan numerosos jubilados y pensionados, y de la imposibilidad de acceder a los medicamentos necesarios para el adecuado tratamiento de sus enfermedades características. Los decesos de ancianos alcanzan la misma cifra que la registrada durante la pandemia de COVID-19.
Se estima que la cifra de argentinos que hoy están endeudados con diversas instituciones, formales e informales, alcanza a 20 millones de personas. La mayoría llegó al endeudamiento porque no están pudiendo cubrir sus gastos básicos. Representan el 55% de los adultos del país.
Los registros hospitalarios constatan un aumento en las tasas de mortalidad infantil y materna.
El diario Infobae informó recientemente que en 2025 “la Argentina enfrentó un aumento significativo en las muertes por suicidio, que superaron a los homicidios y accidentes de tránsito en todo el país. Los registros oficiales contabilizaron más de 5.200 suicidios, frente a 3.500 muertes por accidentes de tránsito y 1.600 homicidios dolosos. Como demostró el gran sociólogo francés Émile Durkheim, el suicidio no es sólo una decisión individual, sino que refleja, en muchas ocasiones, un conjunto de condiciones colectivas que favorecen esa tragedia.
El cuadro no puede ser más nítido: un país manejado por un gobierno neocolonial, al servicio del capital concentrado globalizado, una sociedad sometida a un proceso de degradación material y cultural, y un sistema político-institucional totalmente funcional a los intereses del capital y los ricos.
Para quienes piensan la política como una rutina de procesos electorales separados de cualquier otra realidad, todos estos datos no tienen ninguna importancia.
Pero para quienes sostienen la voluntad de democratización profunda de la sociedad argentina, tarea aún pendiente, los pasos que ejecuta la derecha extremista en la actual gestión apuntan a cerrar todos los caminos reformistas.
Pase lo que pase en las elecciones, los ideólogos de la actual etapa quieren esterilizar todos los instrumentos que permitan recuperar capacidades y funciones estatales para conducir al país hacia el progreso.
La asfixia provocada y las reformas en Cuba
La historia asignará el peso que corresponda a los errores económicos cometidos por la revolución cubana y por la agresión económica sistemática a lo largo de décadas ejecutada por los sucesivos gobiernos norteamericanos. La actual asfixia energética provocada por el gobierno de Trump —que aquí sigue los deseos del exilio cubano derechista de Miami—, sumada a otras calamidades traídas por la pandemia y posteriores disrupciones internacionales, ha llevado a una situación cotidiana cercana a lo intolerable para el pueblo cubano.
Es en este contexto desesperado que el gobierno conducido por Miguel Díaz Canel ha lanzado 176 medidas de emergencia de una enorme profundidad. Entre estas resalta la gran apertura a la empresa privada, al capital extranjero, al movimiento de divisas y mercancías con escasas restricciones hacia y desde la isla, la posibilidad de contratación masiva de asalariados y la acumulación de capital en empresas sin control del Estado cubano.
Lo primero que hay que preguntarse es sobre la coherencia interna de las medidas y de sus múltiples impactos económicos, sociales y políticos. Lo segundo es cuál será la reacción de los capitales externos, tanto del exilio cubano como la de los norteamericanos, los europeos y eventualmente otros que vean negocios atractivos en la isla.
A primera vista, si las medidas se asentaran y empezaran a surtir efectos rápidamente, se verificará una transferencia de poder social del Estado al mercado. Y es muy probable que, dada la escasez de capitales en Cuba, el mercado vaya a ser dominado por intereses ajenos al territorio soberano de Cuba.
Todo dependerá, en gran medida, de la capacidad que muestre el Estado cubano para regular y controlar el proceso. La transición de la URSS a la Federación Rusa es un ejemplo traumático de vuelco hacia el capitalismo en forma brutal y sin redes. No así es el caso chino, en el que se hizo un manejo exitoso de la introducción de formas mercantiles, con poderosas herramientas estatales de control y regulación.
Si los procesos esperados por las reformas ocurriesen, previsiblemente se ampliaría la brecha distributiva y habría que encontrar formas de asistir a todos los que no pudieran amoldarse a las nuevas modalidades de vida y de producción.
En principio, dada la debilidad extrema de la economía, una “apertura” no entrañaría el riesgo de que se fuguen capitales, como ocurre en la Argentina, sino de que empiecen a ingresar tanto flujos de dinero como de bienes imprescindibles, como combustible e insumos indispensables para empresas y particulares.
Si se consolidara un flujo de inversión extranjera —hay que ver si el gobierno cubano la puede orientar hacia sectores necesarios—, se notaría en poco tiempo una mejora en el empleo y el abastecimiento de bienes a la población. Cuba tiene un enorme potencial de crecimiento, artificialmente estrangulado por el hostigamiento descarado de los Estados Unidos, y también afectado por los errores de la gestión burocrática cubana.
Un gran interrogante es si la continuidad en el poder del Partido Comunista Cubano va a ser un impedimento o no para el ingreso de capitales extranjeros o de cubanos exiliados.
No cabe duda de que la administración Trump-Rubio apunta al “cambio de régimen”, o sea, a la caída del socialismo, y su reemplazo por una burguesía latinoamericana del siglo XXI, vasalla por vocación de los Estados Unidos.
Las medidas invitan a que se desaten poderosas fuerzas económicas, se implanten intereses materiales muy fuertes, al tiempo que se alivien necesidades básicas de la población comprimidas hasta extremos insoportables.
Para conducir un proceso exitoso “a la china” o “a la vietnamita”, se requerirá que la conducción cubana sea capaz de dejar de lado burocratismos o discursos abstractos, para conducir un cambio dramático que no transforme a la isla en otro exponente del típico subdesarrollo caribeño.
¿A quién se quiere representar?
Esta semana, el senador peronista Mario Ishii, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en una intervención ante el cuerpo legislativo, afirmó: “Yo invité al gobernador a que camine un poco por el Conurbano. No lo ha hecho. A ver cómo están los hospitales, están desbordados y sin insumos. ¿Cómo puede ser que a la altura del año que estamos, ya junio, entrando el invierno, no tengamos la vacuna? El gobierno nacional no compró la vacuna… El 80% de la población está sin vacunar. Ni hablar de PAMI. No te lo reciben en ningún hospital. Los municipios tienen que hacerse cargo, en casi su totalidad…”.
Vale la pena hacer aquí algunos señalamientos contextuales: Nicolás Kreplak, el Ministro de Salud de la Provincia, es considerado un muy buen funcionario, honesto y comprometido. El tema de la salud pública no es irrelevante para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino una de sus banderas.
La deuda del gobierno nacional con la provincia es de 17.800.000.000.000 millones de pesos, casi 12.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esos fondos que no llegan están provocando un boquete presupuestario imposible de eludir, aun cuando se realice una gestión limpia y criteriosa de los recursos. Es un daño que no puede ser compensado con redistribución ingeniosa de partidas presupuestarias. Un faltante de esa magnitud borronea la posibilidad de eludir el ajuste y de sostener criterios alternativos al arrasamiento provocado por el gobierno nacional.
¿Cuánto hay de cierto en las afirmaciones de Ishii, que estaría señalando un problema que debería resultar intolerable para cualquier vertiente con sensibilidad popular, más allá de divergencias sobre otras cuestiones vinculadas a la política partidaria?
El boicot del gobierno ultraderechista no debería generar divisiones internas dentro del espectro peronista, sino, por el contrario, reforzar —en torno a un punto extremadamente sensible— la unidad en la defensa de la salud popular y en repudio al ajuste criminal.
Es difícil encontrar una medida más legítima, y sin embargo parece que resulta fácil “olvidarse” de la deuda gigante del gobierno mileísta.
Sin embargo, siendo el estrangulamiento de fondos un dato contundente de la realidad, parece no tener ningún peso en el debate interno —¿los peronistas naturalizan a Milei?—, y, peor aún, no está entrando en la conciencia colectiva de la población bonaerense de quién es la responsabilidad por las carencias que no puedan resolverse y por las penurias —de vivienda, de transporte, de salud, de empleo, de inseguridad— que se prolongan en el tiempo. En el tema comunicacional, para variar, hay un muy escaso conocimiento público del crimen del desabastecimiento de fondos que ejecuta Caputo.
El caso de la salud pública, en la provincia más importante que gobierna el peronismo, es un buen ejemplo de los problemas internos que tiene ese espacio político. Para todos debería estar muy claro dónde está el enemigo de los intereses populares, y cuáles son las banderas fundamentales a defender, dado que primero está la Patria. ¿O no?
El internismo en el que está sumido el peronismo está destruyendo la posibilidad de confrontar en serio contra el gobierno de la rapiña y la entrega, que daña especialmente a la gente que se pretende representar. Es más, se diría que las refriegas diarias que resultan incomprensibles para la mayoría, son completamente funcionales a la salud del proyecto libertario.
Capitalismo salvaje para todos
Esta semana, el valiente senador norteamericano por Vermont, Bernie Sanders, habló ante un auditorio de trabajadores estadounidenses. Planteó lo siguiente: “Todas las mañanas, en Norteamérica, decenas de millones de personas se levantan a la mañana y se preguntan: ‘¿Cómo voy a poner comida en la mesa para mi hijo? ¿Cómo voy a llenar el tanque del auto cuando el galón de nafta está a 4,50 dólares? ¿Qué pasa si se me rompe el auto y no puedo llegar al trabajo?… Y si no puedo llegar al trabajo, ¡pierdo el empleo! Y si pierdo el empleo, ¿cómo va a sobrevivir mi familia? ¿Qué pasa si se enferma mi padre y no puedo pagarle los medicamentos? ¿Qué pasa si mi hijo se enferma? ¿Cómo voy a juntar algunos dólares para así poder retirarme de la vida laboral con dignidad?’. La mitad de los trabajadores mayores de Estados Unidos en este momento no tienen nada de ahorros cuando enfrentan el momento del retiro. (…) Todos los días los trabajadores se levantan, están preocupados por sus hijos, están preocupados por sus padres, están preocupados sobre cómo van a pagar el alquiler, la hipoteca… Y eso te carcome por completo. Te carcome físicamente y te carcome emocionalmente. La gente lucha, y la gente muere más joven de lo que debería. (…) “Lo que nosotros necesitamos hacer es decirle a la clase dominante de este país que ellos no pueden tenerlo todo”.
A ese tipo de sociedad de desprotección completa, de inseguridad permanente, de dependencia absoluta de lo que las empresas decidan hacer de tu vida, en la que lo único que vale es treparse a algún trabajo para salvarse del precipicio que hay hacia abajo, a ese tipo de sociedad nos quiere llevar el neoliberalismo radicalizado que hoy gobierna la Argentina.
Ya hay millones de argentinos que están pasando por situaciones muy parecidas a las de los norteamericanos de a pie, que viven cotidianamente la “pesadilla americana”.
Pero la consumación del proyecto libertario implica que esta situación infame no tenga retorno, y que la incertidumbre y la angustia por la subsistencia se extienda y abarque a la mayoría de la población.
Los trabajadores argentinos enfrentan una situación peor a la de norteamericanos: no sólo tienen que soportar a su fracasada e inepta clase dominante, que respalda a este gobierno de cavernícolas, sino que ahora quieren imponerles que carguen también sobre sus espaldas a otras clases dominantes que vengan a aprovechar las riquezas argentinas.
Alguien —mejor que sean muchos— va a tener que venir a decirles a los depredadores propios: “No pueden tenerlo todo”.
*Economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Fuente: El Cohete a la luna https://www.elcohetealaluna.com/Imagen ilustrativa: “Duelo a garrotazos”, Francisco de Goya y Lucientes. La obra original se realizó al óleo.
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