El caso de delitos del Terrorismo de Estado más grande del interior provincial, que comenzó este martes, promete ponerle fin a la impunidad de los 21 represores que empezaron a ser juzgados por violaciones a los Derechos Humanos. Las víctimas son más de 70 y muchos de ellos se siguen cruzando en la calle con sus torturadores.
*Por Leo Brochero
Comenzó este martes el juicio por delitos de lesa humanidad más importante del interior de Córdoba. En esta causa, recaratulada como Di Santo por la muerte de Hermes Gutiérrez, el represor que le dio nombre originalmente, se ventilarán 78 delitos de Lesa Humanidad cometidos en Río Cuarto desde la época de la Triple A y hasta fines de la última dictadura cívico-militar.
El debate oral llega cincuenta años después de los hechos, catorce después del inicio del caso y con las tres cuartas partes de los acusados fallecidos durante el proceso. Así y todo, significa el fin de la impunidad para los agentes del terrorismo estatal que siguen caminando en libertad por las calles de Río Cuarto.
Las víctimas son más de 70 y los imputados deberían ser otro tanto si todos siguieran con vida, casi cuadruplicando la veintena que actualmente está sentada en el banquillo. Muchos de ellos son acusados “primarios”, policías y militares que nunca antes habían tenido que responder por las atrocidades que cometieron como eslabones del terrorismo de Estado.
Son personajes que pasaron -y aún pasan- cinco décadas gozando de plena libertad, mezclados entre la sociedad civil, y que fueron arrancados del anonimato por impulso de los organismos de Derechos Humanos y la Municipalidad de Río Cuarto. Muy a su pesar, las caras de ellos salieron definitivamente a la luz pública ayer, desde el momento en que comparecieron en el juicio.
En los pasillos del Tribunal Oral federal 1 de Córdoba, un funcionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, que soporta el feroz ajuste del Gobierno de Milei, encuentra algo de alivio en el hecho de que esta vez hay nuevos acusados. Se llama Gerardo Battistón, y tiene a su cargo la logística de los testigos. “Acá hay otras caras; eso es lo importante. Porque si no, siempre estamos acusando a las mismas personas y muchas de ellas ya están detenidas”, explica.
Se refiere a los policías de la provincia Daniel Di Santo, Juan Carlos Nieto, Rubén Roque Principi y el funesto Miguel Ángel Salinas, condenado a perpetua por la Masacre del Banco Popular Financiero pero libre desde hace años. También a los efectivos de la Policía Federal Roberto Ernesto González Fossat y Carlos Jesús Regueira.
Los “viejitos” y sus mil achaques
El tiempo, variable central en la administración de justicia, es más protagonista que nunca en este juicio. Las cinco décadas que separan aquellos crímenes de Lesa Humanidad de este debate oral y público parecen conspirar a favor de los represores.
Hay algo dramatúrgico en sus movimientos. Se los ve entrar a la sala de audiencias con dificultad, a paso lento, inseguro, las caras surcadas de arrugas y el pelo cano bien alineado, pero la voz debilitada por los años. Esa voz que, sin embargo, recupera el aliento marcial en los cruces verbales con la presidenta del Tribunal, Carolina Prado, cuando una pregunta trivial los saca de quicio y dejan asomar algo de ira.
“Uno que demoró una eternidad para entrar al auditorio, con andador y acompañante, salió rapidísimo al final de la audiencia, porque quería evitar a toda costa a los familiares de las víctimas”, comenta Carolina, una militante de APDH. El mismo relato se repite entre las organizaciones de Derechos Humanos de Río Cuarto.
Minutos antes del cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando les preguntan por sus condiciones personales, los imputados dan una extensísima y heterogénea lista de problemas de salud: Epoc, cáncer, diabetes, cardiopatía, hipertensión, hernia discal, artrosis, infección ósea crónica, tratamientos neurológicos y psiquiátricos. Descompensados, dos de ellos se retiran anticipadamente de la sala Díaz Bialet, donde se desarrolla la audiencia, previa revisión médica.
La vejez parece haberlos despojado de la ferocidad y, como espejismo, devuelve una imagen de simples viejitos repletos de achaques. Pero la ilusión se desarma apenas empiezan a escucharse los cargos que la Justicia les reprocha: privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, imposición de torturas físicas y psicológicas en centros clandestinos de detención y dependencias policiales o militares, tortura seguida de muerte, homicidio calificado por alevosía, con ejecuciones clandestinas, abuso sexual y violación agravada, entre otros.
Separadas apenas por unas cuantas filas de butacas, las personas contra quienes descargaron aquel sadismo inconcebible, también muestran los efectos del tiempo en sus cuerpos. Las víctimas son personas tan mayores como ellos.
La causa Di Santo contuvo originalmente los casos de Gabriel Braunstein, los docentes universitarios Ernesto Silber y Alberto Pinto, además de la madre de Plaza de Mayo Gladys Comba, todos ellos víctimas de tortura y homicidio.
La muerte los sustrajo de la Justicia
El juicio pone en el banquillo de los acusados a 21 militares y policías de Río Cuarto, Córdoba y Buenos Aires, que formaban parte del aparato de terror estatal y operaban en el sur de la provincia de Córdoba.
Los cargos son contra exmiembros del Ejército Argentino Gustavo Adolfo Alsina, Ernesto Guillermo Barreiro y Enrique Pedro Mones Ruiz.
Pero también son juzgados parte del personal jerárquico y agentes vinculados mayoritariamente a la Policía de la Provincia de Córdoba y al Servicio Penitenciario: Carlos Alfredo Yanicelli, Carlos Alberto Díaz, Juan Eduardo Ramón Molina, Ricardo Alberto Ramón Lardone, José Luis Yañez, Adolfo Patricio Etchehun, Carlos Alberto Quevedo, Ramón Alfredo Navarro, Arnoldo José López, Carlos Ibar Pérez, Miguel Ángel Pérez y Juan Eusebio Vega.
Sin embargo, alrededor de 50 imputados no llegaron a ser formalmente acusados porque fallecieron entre la etapa de instrucción y la realización del juicio. Entre los organismos de Derechos Humanos, y también en el fuero Federal usan el concepto de “impunidad biológica” para describir esta clase de situaciones.
Uno de los que eludió el brazo de la Justicia fue Hugo Roberto Aspitia, exsegundo jefe de Inteligencia de la Unidad Regional Sud de la Policía, fallecido en diciembre de 2019, en aquel entonces imputado por su rol en los operativos represivos que hoy se juzgan en el marco de esta megacausa.
Otro de los que dejaron este mundo sin pagar por sus crímenes fue el sanguinario Miguel Ángel Gómez (alias “El Gato”), muerto en septiembre de 2025. Fue uno de los actores más despiadados del aparato represivo, con antecedentes de tortura y apremios ilegales por razones políticas en la región. Era tal el sadismo de su accionar que la propia estructura genocida y la justicia de la época lo procesaron y encarcelaron hacia 1978 y 1979.
Incluso con semejante prontuario, Gómez eludió a la Justicia por mucho tiempo, hasta que fue procesado en la Causa Gutiérrez recién el 30 de noviembre de 2023. Con su muerte, las desapariciones de Gladys Comba y Gabriel Braunstein quedaron sin imputados, aunque la búsqueda judicial de sus restos continuará.
Como si no le debieran nada a nadie
La contracara es la de quienes se pasearon cinco décadas sin pagar por su accionar represivo durante la dictadura, y ahora se enfrentan a la posibilidad de ser condenados.
Uno de ellos es Daniel Di Santo, sargento retirado de la Policía de la Provincia de Córdoba, cuyo apellido figura en la carátula de la causa, que dijo ser un vecino más de barrio Alberdi y residir -como todos los acusados- en una casa que no está a su nombre. Igual que el resto, negó los hechos y se abstuvo de prestar declaración.
Juan Carlos Nieto, alias “Foca”, suboficial principal de Policía retirado en el año 2000, también vive en libertad en barrio Alberdi y eligió negar los cargos y abstenerse. Fue uno de los nombres que más se repitieron durante la lectura de las acusaciones, por su participación en numerosos hechos delictivos.
Otro nombre que causó sorpresa fue el de Roberto González Fossat, sobre todo cuando él mismo confirmó en la audiencia que es abogado matriculado en el Colegio de Abogados de Río Cuarto, pese a que declaró residencia en Villa del Dique.
La Fiscalía había pedido aplicar prisión domiciliaria para los acusados mientras se desarrolla el juicio, pero el planteo no prosperó.
Cuarto intermedio
Sobre el final, Aroldo López, a través de su defensor Rodrigo Altamira, pidió la recusación del tribunal que encabeza la jueza Carolina Prado, sobre el argumento de que ya lo juzgó previamente y por tanto tiene prejuicios hacia su persona. Por su parte, Altamira le agregó el planteo de dispensar de la presencialidad a todos los acusados, con la pretensión de que puedan seguir el juicio por vía remota. Los jueces deben decidir sobre estos dos asuntos antes de las 9.30 del próximo martes, cuando se reanude la audiencia.
Allí estarán nuevamente los organismos de Derechos Humanos, las autoridades municipales, de la Universidad, los gremios y los militantes que integraron el nutrido colectivo que acompañó la apertura del juicio, este martes.
*Periodista
Fotografía: Carolina Savino
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