Monteoliva pidió que se investigue la manifestación frente al Congreso como atentado al orden constitucional y acto de terrorismo. Una vez más, hubo un ensañamiento con las/los trabajadores prensa. Una fotógrafa seguía en observación con fractura de cráneo. Durante la manifestación pacífica las fuerzas represivas hirieron a 1500 personas y detuvieron a 28.
Por Irina Hauser*
La represión a quienes se movilizaron en forma pacífica contra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada –como la llama el Gobierno— derivó en 28 detenciones y dejó a cerca 1500 personas con heridas por el uso descontrolado que hicieron las fuerzas de seguridad de gases, balas de goma y camiones hidrantes, según relevó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Una vez más, hubo un ensañamiento particular con trabajadores/as de prensa. Una fotógrafa seguía en observación con fractura de cráneo. Con una fórmula que ya es habitual, el Ministerio de Seguridad contraatacó con una denuncia presentada en Comodoro Py como para justificar el operativo brutal desplegado. Pidió que se investigue la protesta como un supuesto atentado al orden constitucional y acto de terrorismo, como si se hubiera querido obstaculizar la sesión del Senado. No es la primera vez que apela a esa estrategia que a la larga no prosperó en ningún caso.
“Cuando hay discusiones centrales para el gobierno y un fuerte rechazo en la plaza, la represión es más alzada como pudimos ver esta semana”, dice Victoria Darraidou, a cargo del equipo de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en diálogo con Página/12. “Hubo escenas inusitadas: un hidrante contra un colectivo de línea, Prefectura tirando gas lacrimógeno a la cara, a corta distancia, hacia fotógrafos que registraban los abusos y detenciones arbitrarias. Policías levantando casquillos para limpiar rastros de la violencia”, describe.
La escena del jueves último fue nítida: lo único que buscaba el Gobierno era vaciar la Plaza Congreso en el momento que empezaban a llegar la mayor cantidad de manifestantes, en plena tarde, cuando muchos/as terminan de trabajar. No quería miles de personas concentradas. Pese a la lluvia y a que el oficialismo había sacado del proyecto el artículo que habilitaba la venta sin límite de tierras a extranjeros, la protesta se hizo igual con un pedido para que la iniciativa fuera rechazada por completo. Consiguieron apoyo, finalmente, la habilitación de desalojos express para quienes se demoran en el pago del alquiler y las restricciones al Estado para expropiar. La Libertad Avanza tuvo que resignar, en cambio, la alteración de la Ley de Manejo del Fuego que protege bosques y humedales de los mecanismos de especulación inmobiliaria.
Mientras transcurría el debate y crecía la movilización, las fuerzas de seguridad comenzaron su ofensiva habitual. Con camiones hidrantes hicieron el primer intento por romper la marcha, para dispersar a la gente. La violencia policial fue en aumento y las personas eran empujadas hacia afuera de la Plaza, pero muchos manifestantes regresaban. La reacción de las fuerzas de seguridad fue cada vez más feroz y se extendió hacia la avenida 9 de julio.
La CPM estimó cerca de 1500 personas heridas ante el lanzamiento “de manera indiscriminada de gases químicos, bombas de gas lacrimógeno, y agua a presión”. Los agentes “desde las calles laterales al Congreso, sobrepasaron el vallado y comenzaron a avanzar sobre las personas, utilizando todo el armamento”, señaló el organismo, que presentó una denuncia penal por su “ilegal e ilegítimo” “con la finalidad de impedir o limitar los derechos constitucionales de la libertad de expresión y de peticionar a las autoridades”, lo que incluyó “la detención masiva de personas en forma arbitraria”.
En la presentación, que quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini, la CPM se refirió, entre otros episodios, a la situación de la fotorreportera que sufrió un traumatismo de cráneo y que el viernes por la tarde seguía en observación en el Hospital Argerich. SiPreBA y Argra informaron que se encontraba estable. Tiene una fractura en la base del cráneo, del lado izquierdo, que es evaluada por especialistas en neurología y otorrinolaringología.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) describió en un comunicado que “la gravedad de los hechos incluyó la represión a manifestantes en un radio que excedió ampliamente los perímetros de corte vehicular disparando por arriba de la cintura y apuntando a la cabeza a muy poca distancia”. “El uso desproporcionado de la fuerza se prolongó por casi cinco horas”, advirtió.
Las detenciones
El Mecanismo para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires relevó 21 detenciones realizadas por fuerzas federales (15 varones y seis mujeres). El primer grupo fue detenido a las 18:30 en Solís e Hipólito Yrigoyen. El segundo grupo, alrededor de las 21 y un tercero a las 23. Estos últimos también en la zona cercana al Congreso. La Policía de la Ciudad detuvo a siete varones y tres mujeres alrededor de las 19.45. Fue en distintos puntos, incluso alejados del Congreso, como avenida de Mayo y 9 de julio, Avenida Callo y Perón, Sarmiento y Riobamba y Corrientes y Callao.
Su situación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Pablo Caputo. Más de la mitad habían recuperado la libertad hacia la tarde. La principal imputación –un clásico para acusar gente en las movilizaciones—es atentado y resistencia a la autoridad. Al liberarlos la fiscalía les puso una restricción: la prohibición a acercarse a 500 metros del Congreso, algo llamativo teniendo en cuenta que por ahora no hay ningún elemento concreto para atribuirles ningún delito.
“La represión iniciada en el horario en que gran parte de la población sale de sus trabajos y podía sumarse al rechazo de la ley, tuvo un fin claro de amedrentamiento a la protesta. Es una constante de este gobierno, utilizar la represión para impedir la expresión del desacuerdo de la sociedad. Las detenciones fueron claramente arbitrarias, sin un fundamento de daño o agresión concreta, casi con el único objetivo de justificar la propia represión”, señaló Lisandro Teszkiewicz (Peronismo x la Ciudad), que representa a un grupo de detenidos.
“Ante este nuevo avance represivo de este gobierno, que dejó centenares de heridos, reafirmamos que al ajuste de la clase trabajadora y la venta de nuestras tierras por parte de los Bullrich, Caputo y Milei, lo quieren hacer pasar con represión. Enfrente hay un pueblo solidario y consciente que se organiza y resiste en las calles”, sostuvo Emanuel Luis Zuccolo, abogado de Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), quien también lleva adelante algunas de las defensas.
La denuncia de Monteoliva
Como ya hizo en otras oportunidades, el Gobierno presentó su propia denuncia penal donde acusa a los manifestantes de protagonizar “actos violentos y antidemocráticos” con el objetivo de “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa”. Es el camino que utiliza para justificar el desquicio de los agentes de las fuerzas de seguridad nacionales y porteña que, evidentemente, iban con una consigna específica de disolver la protesta.
La sesión, queda claro, no peligró en ningún momento ni el edificio del Congreso ni nada similar. La movilización era pacífica y la cuota de violencia que se advierte en las imágenes conocidas hasta el momento se origina en las fuerzas de seguridad.
Pero en la presentación la ministra Alejandra Monteoliva pide que se investigue “a manifestantes que arrojaron piedras, escombros y objetos contundentes contra los efectivos” que, alega, lo único que hacían según esta versión era “garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse”.
El Ministerio de Seguridad pide que se investiguen los delitos de atentado al orden constitucional, invoca hasta actos de terrorismo, daños y atentado y resistencia a la autoridad. Ya usaron la misma fórmula o similares en febrero último y, por ejemplo, con la protesta contra la Ley Bases. En este caso piden que se salga a pescar imágenes para imputar delitos. La denuncia es genérica. Quedó radicada en el jzugado 7, de Sebastián Casanello, aunque lo subroga María Servini.
El CNPT expresó su “preocupación” por esta nueva denuncia “presentada por autoridades nacionales contra los manifestantes por los delitos de atentado al orden constitucional y democrático y el encuadre de la denuncia en los tipos penales agravados por la denominada Ley Antiterrorista”. “El CNPT –dice en su comunicado– recuerda que es deber del Estado garantizar y proteger el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y reunión pacífica, y que toda actuación de las fuerzas de seguridad debe adecuarse a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, en particular a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”.
*Periodista especializada en temas judiciales. Fuente Página 12 https://www.pagina12.com.ar/Foto Leandro Teysseire.
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