Una nutrida columna de representantes de diversas organizaciones marchó este miércoles, desde la esquina de 27 de Abril y Vélez Sarsfield hasta el edificio de Tribunales I, frente al Paseo Marqués de Sobremonte. En el lugar, totalmente vallado, se leyó un documento titulado “Corte a la Corte mafiosa”. Una intervención artística muy lograda titulada “Justicia Chueca”, logró la atención de la concurrencia y hasta les sacó una sonrisa a los uniformados que custodiaban el “Palacio”.
Por Katy García*
La convocatoria fue lanzada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los Derechos Humanos de Córdoba conformado por diversas organizaciones del campo popular para “respaldar la decisión del presidente de la Nación Alberto Fernández de solicitar un Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las y los presentes sostenemos en la calle desde hace tiempo la necesidad de sacar a esta Corte mafiosa del lugar, que ocupa, porque ejerce un poder no delegado, contrario a los intereses de las mayorías populares”, afirma el documento.
Desde la organización, Luis Aubrit, del Consejo de Organizaciones de Unidad Ciudadana manifestó a modo de evaluación que esta protesta fue “una respuesta contundente de rechazo a los dichos de Schiaretti” quien manifestó durante la apertura del 145° período de sesiones ordinarias de la Legislatura que “no apoya el juicio político a los cortesanos”, expresión que lo ubica al mandatario como “cómplice del lawfare, de la persecución, las proscripciones y del arbitrio de la re asignación de recursos de coparticipación a CABA, gobernadas por su socio Horacio Larreta”.
El documento que se puede descargar al final de la nota sostiene en uno de sus párrafos que el accionar de los supremos “junto con el poder económico, la oposición de derecha fascista y ciertos medios hegemónicos de comunicación social, han ahogado al estado de derecho, esencial para que se ejerza la democracia en todos sus aspectos”. Afirman además que este segundo #1F “es la continuidad de la lucha” iniciada el año pasado y que seguirá hasta lograr que se vayan: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Ratifican que el máximo Tribunal mantiene reminiscencias monárquicas cuando debería ser un “Tribunal de Instancia Constitucional” elegido por el pueblo. En esa línea recuerdan que la designación de Rossatti se realizó a través de un decreto firmado por el expresidente Macri “violando la constitución, y luego sí, con asentimiento legislativo”.
También denuncian que la condena a seis años de prisión a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “sin que haya pruebas concretas de delito, con una sola razón: su proscripción”. Asimismo cuestionan el evidente retraso en la investigación del intento de magnicidio, llevado a cabo por un grupo de imputados y los vínculos políticos que los sostienen.
Por otra parte se refieren a la confirmación de “una condena injusta e ilegal a trece años de prisión contra Milagro Sala” que surge de del rechazo a la presentación de recurso extraordinario presentado por la defensa de la dirigente social “haciendo caso omiso al pedido de justicia y obedeciendo a los designios del carcelero Gerardo Morales, gobernador de Jujuy”.
En relación a la provincia de Córdoba, señalan que la decisión arbitraria de la Corte de fallar a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires “perjudica las arcas de las provincias”. Por eso “hemos elevado una carta a las y los diputados nacionales por Córdoba solicitando su apoyo al juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que disponga las medidas necesarias, que estén a su alcance, para obrar a favor del Juicio Político”. A la vez, condenan “al conjunto de la oposición que amenaza con no dar quórum” para tratar temas cruciales en defensa de la democracia.
Siguiendo el hilo del escrito aseguran que “El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, no escapa a este accionar, además de la confabulación con el gobierno neoliberal de Juan Schiaretti, el de mayor desempleo del país y con violencia institucional estatal (gatillo fácil) como política de estado, actúa en complicidad política como en el caso del asesinato vial ocasionado por el legislador provincial, Oscar González de Hacemos por Córdoba, a quien la unicameral provincial suspendió, sin goce de sueldo, y produjo su posterior apartamiento en uso de licencia”.
Otra factura que le pasan a la Corte es haber fallado a favor de las empresas de telecomunicaciones y en contra del DNU que consideraba que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados es otro botón de muestra que se suma y demuestra “la intromisión” de los cortesanos en las decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ante lo referido advierten que ““Todas y todos, sin distinción de género, edad, etnia o condición social, estamos en peligro ante la manera de impartir ‘justicia’ que ostenta esta Corte. Nuestra Latinoamérica, es víctima de esta práctica del lawfare, “guerra judicial”, para condicionar las políticas de los gobiernos populares y encarcelar dirigentes, en consonancia con sectores de medios hegemónicos, el neoliberalismo, y sus fuerzas represivas, para generar desestabilizaciones, golpes de estado, intento de magnicidios, imputaciones falsas, proscripciones y persecuciones injustas e ilegales, a favor de intereses antipopulares”.
Otro fragmento recuerda que hasta hoy garantiza la impunidad de genocidas civiles y otorga prisiones domiciliarias a criminales condenados por crímenes de Lesa Humanidad. Por caso, se refieren a Horacio Rosatti, denunciado, ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, por encubrir al torturador Eduardo Alberto “El Curro” Ramos, durante el ejercicio de su intendencia en Santa Fe. Es por esto que hay que gritar “Nunca más una corte cómplice de la dictadura”.
Tras el relevamiento, exigen:
– democratización y reforma judicial, con perspectiva de género, feminista, inclusiva, federal, anti patriarcal y plurinacional que garantice los derechos de todas y todos, sin persecución a dirigentes y militantes populares y sin armados de causas.
– un poder judicial al servicio del pueblo y de las causas justas, laico y terminar con la acción de prevaricato.
– que respete: la plena vigencia de los derechos humanos, los derechos de las y los trabajadores , los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las diversidades y la comunidad LGBTI+, el derecho a la igualdad y a la no discriminación; los derechos de las personas con discapacidad; el derecho al debido proceso y a la protección judicial; los derechos de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a no ser desamparados; el derecho al buen vivir y el respeto a la soberanía ambiental, la soberanía fluvial y marítima, la soberanía territorial y la soberanía alimentaria; y la defensa irrevocable de la libertad de expresión y del acceso a la información.
-que el gobierno de Alberto Fernández termine con los sótanos de la democracia, que no se quede a mitad de camino con el demorado pedido de juicio político presentado.
-que use las facultades institucionales que correspondan y que cumpla su compromiso de realizar la reforma judicial, que devuelva la dignidad de una justicia justa a nuestra Patria.
-por un poder judicial federal compuesto por personas probas y ecuánimes que atiendan a las causas estructurales de la violencia.
– libertad a los presos políticos y las presas políticas de nuestro país, por ello reclamamos el indulto inmediato y la libertad a Milagro Sala. Exigimos el cese de la violencia institucional estatal (gatillo fácil).
-un servicio de Justicia gratuito. Las y los pobres son los que más necesitan acceder a la Justicia para equilibrar la balanza hacia el respeto a sus derechos. La justicia es un derecho, por lo tanto, es un servicio público el cual debe ser accesible para todes.
– que el pueblo, tras el debate mediante, elija a los miembros de la Corte Suprema de Justicia a través del voto popular. ¡Basta de una justicia patriarcal imperialista, colonizada que defienda a ricos, poderosos, socios del imperialismo, que somete a la depredación al pueblo y a nuestros recursos naturales!
Durante el acto un grupo de mujeres puso en escena una obra teatral en clave irónica donde emulan a los cuatro supremos que explican con total impunidad y naturalidad cómo manejan sus privilegios y obscenas decisiones contra el pueblo. Se trata de la parodia “Justicia Chueca”, una bocanada de humor negro producida por la Agrupación La Minga que además de lograr la atención de las personas presentes alertó sobre la gravedad de lo que viene pasando desde hace rato. Se trata de una perfomance política en la que actuaron Fabiana Hak, Daniel Cacciamani, Nadia Manzano, Glady Gomez y Artemia Barrionuevo. La coordinación estuvo a cargo de Artemia Barrionuevo. Los guiones fueron escritos por Glady Gómez. En tanto que la Colectiva La Minga, colaboró con el sonido y la escenografía.
Descargar Construcción documento 1F 2023 (Texto, firmas y organizaciones)
*Periodista. Redacción Agencia Prensared. Fotos principal gentileza Foro por la Libertad, la Democracia y los DD.HH. de Córdoba. Ver más imágenes en https://www.facebook.com/ForoDemocraciaLibertadDDHHCordoba/
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