La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudia la criminalización de las manifestaciones populares en las calles de Córdoba a través de un fallo del Juzgado de Control y Faltas N° 10 de la Ciudad de Córdoba. Rechazo a la intervención ilegal de la policía.
Por Redacción*
La organización que reúne a numerosas organizaciones sociales, políticas, sindicales, barriales y estudiantiles expresa que a 40 años de democracia es imperioso “fortalecer los mecanismos institucionales en defensa del Estado de Derecho” con diálogo y debate. A la vez interpela a sectores reaccionarios que pretenden volver al pasado.
Aluden, concretamente, al fallo del Juzgado de Control y Faltas N° 10 de la Ciudad de Córdoba que se suma a “restringir derechos humanos fundamentales, previstos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional”. Antes lo habían intentado los legisladores Dante Rossi y Verónica Garade Panetta de la Unión Cívica Radical (UCR), y Juan Manuel Cid de Hacemos por Córdoba (HpC). Pero la reacción colectiva frenó el intento de cercenar derechos conquistados por el Movimiento obrero organizado garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Entonces, el Centro Vecinal del Barrio Centro presentó un habeas corpus ante el Tribunal que aceptó el pedido de los comerciantes afirmando que “son víctimas de agrupaciones que se han apropiado del espacio público” en el centro de la ciudad y, sin contar con la normativa provincial vigente, “habilita acciones ilegales e inconstitucionales por parte de la policía de la provincia ya cuestionada por sus acciones de violencia institucional, como el espionaje y la inteligencia sobre actividades sobre referentes sociales y políticos”.
En este sentido, destaca el texto que es “fundamental y necesario hacer memoria colectiva” y recordar que el camino recorrido a lo largo de la historia se hizo con “organización, movilización y el compromiso” de quienes ponen el cuerpo en las calles “para construir una Córdoba y un país” con derechos y democracia.
Agregan que criminalizar la protesta que solo busca defender y profundizar derechos “es olvidar de dónde venimos, es coartar la libertad de expresión, pero sobre todo es un intento absurdo de resolver de manera estigmatizante y punitivista, las demandas sociales que no resuelve el Estado de manera adecuada”, sostienen.
Por eso ratifican que es necesario contar con “un Estado que esté al frente de construir soluciones” con responsabilidad y nunca “criminalizando derechos protegidos con mayor jerarquía, violando los principios más elementales de los derechos humanos y atentado contra toda la ciudadanía”.
La organización se pregunta ¿Por qué hay sectores que a esta altura pretenden resolver los problemas con recetas violentas, autoritarias y judicializando a quienes ocupan las calles en defensa de reclamos que consideran justos y necesarios?
Finalmente instan a los sectores e instituciones a pronunciarse en este mismo sentido y a responder de manera colectiva con “la desobediencia civil a este tipo de fallos y actitudes autoritarias y antidemocráticas”.
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*Agencia Prensared. Imagen ilustrativa Canal Show Sport.
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