Esta madrugada la cámara de Diputados aprobó la ley de reforma laboral. Uno de los artículos de la ley, el 118, deroga el Estatuto del Periodista. La votación obtuvo 126 votos a favor, 119 negativos y 4 abstenciones. Se trata de “un golpe directo a la profesión y, sobre todo, al derecho ciudadano a recibir información veraz e independiente”, reflexionaba el autor, horas antes de que se votara.
Por Sergio Coria*
Mientras en el Congreso se debate la llamada “Ley de modernización laboral”, crece la preocupación entre trabajadores de prensa, sindicatos y organizaciones del sector por el contenido del artículo 193, que propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional.
Lo que algunos intentan presentar como una simple actualización normativa es, en realidad, un retroceso histórico. No sólo deteriora las condiciones de trabajo de quienes informan, también debilita una garantía básica de la democracia, la libertad de prensa.
El Estatuto, vigente desde hace más de ocho décadas, reconoce que el periodismo no es un empleo cualquiera. Por eso establece derechos específicos: jornadas acordes a la tarea, estabilidad frente a despidos arbitrarios, indemnizaciones agravadas y resguardos para proteger la independencia profesional ante presiones políticas o empresariales.
Eliminarlo no significa “ordenar” la legislación. Significa quitar el paraguas legal que permite ejercer el oficio con autonomía. Sin esas protecciones, el periodista queda más expuesto a aprietes, censuras encubiertas y sanciones por el contenido de su trabajo.
Las organizaciones gremiales vienen advirtiendo que la medida agravaría un escenario ya crítico: salarios bajos, informalidad, contratos precarios y redacciones achicadas. En ese contexto, perder el Estatuto no moderniza nada; consolida la fragilidad.
Tampoco hubo un debate amplio con el sector. La decisión de borrar estatutos especiales —entre ellos el de prensa— avanza sin escuchar a quienes sostienen la actividad todos los días. Para los sindicatos y asociaciones de prensa, se trata de un claro avasallamiento de derechos laborales y democráticos.
Porque el problema no es sólo corporativo. Cuando un periodista trabaja con miedo a perder el empleo por lo que publica, la sociedad entera pierde. La información se vuelve más débil, más condicionada, más complaciente con el poder.
Por eso, la derogación del Estatuto del Periodista no es un detalle técnico dentro de una reforma extensa. Es un golpe directo a la profesión y, sobre todo, al derecho ciudadano a recibir información veraz e independiente. Sin trabajadores protegidos, no hay prensa libre. Y sin prensa libre, la democracia se vacía de contenido.
*Periodista, ex miembro de la comisión directiva del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA). Foto Minuto 1.
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