La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos receptó en la provincia de Jujuy, numerosas denuncias y mantuvo reuniones con el fiscal que ordenó los allanamientos. Visita a Milagro Sala.
Por Redacción*
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, llevó a cabo un relevamiento sobre violaciones a los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Participaron, ocho abogados y abogadas de diferentes provincias junto a referentes de derechos humanos, sindicales y sociales. Entre ellos, Pablo Pimentel (APHD La Matanza), Natalia Zaracho (Diputada Nacional), Sergio Job (abogado, UTR-UTEP), Gonzalo Maurin de Nuestramérica, uno de los allanados, entre otros.
Para conocer una primera evaluación sobre los resultados de la misión Prensared habló con Pablo Pimentel quien afirmó que las personas acusadas “no pararon de venir a denunciar los allanamientos, las persecuciones y los procesos por asociación ilícita que el fiscal Diego Funes pretende aplicar. Una calificación gravísima. No hubo miedo, al contrario hay mucha bronca”, sostuvo. Es más, agrega, que el espanto derivado del desastre que hizo Gerardo Morales “unió a un montón de agrupaciones que hacía mucho no se juntaban por profundas diferencias políticas, de visión y metodológicas”.
Vulneración de derechos
El referente de derechos humanos contó que en la conferencia de prensa se realizó “una valoración política” del proceso que está viviendo la provincia desde hace por lo menos seis o siete años. “Hay una violación sistemática de los derechos por parte del estado. Es de terror cómo se llevan puesto, con la aplicación del código contravencional, el patrimonio de muchos jujeños sobre todo los pobres. Hombres y mujeres que trabajan en la calle o que salen a protestar por sus derechos les aplican castigos económicos y si no tienen plata tienen que ir presos”, denunció.
En esa dirección reflexionó que se trata de una violación “a lo más básico que tiene un sistema democrático. Morales está prohibiendo a sus ciudadanos de participar libremente en política. Está rompiendo la base que tiene la democracia que son los partidos políticos y las organizaciones sociales”, enfatizó.
No están resguardados los elementos secuestrados
En relación a la reunión mantenida con el fiscal Funes quien ordenó los allanamientos y pedidos de investigación se puso sobre la mesa que los dirigentes sociales eran espiados a través de seguimientos en los territorios o telefónicos. Asimismo le hicieron saber que durante el procedimiento judicial donde “han secuestrado 112 aparatos entre computadoras, teléfonos y pendrive” dichos elementos no están resguardados debidamente.
“No están cuidando la cadena de control de los elementos que deberían estar encintados y que solo se abren en presencia de las partes”. En ese orden se le solicitó que se postergaran las hasta no contar con un perito de parte. Tras una fuerte discusión política y jurídica el funcionario accedió a que los abogados defensores tuvieran acceso a la causa.
Luego intentaron reunirse con el Juez, con el secretario de Derechos Humanos y no fueron recibidos. Por la tarde parte de la comisión se reunió con el ministro de Seguridad. Otra, fue a visitar a Milagro Sala y a su esposo, ambos enfermos y en cama. “La vi muy mal. Devastada por el letargo y la injusticia”, manifestó.
Próximamente se dará a conocer el informe correspondiente que será agregado a esta publicación.
*Agencia Prensared. Foto lavozdejujuy.com/
www.prensared.org.ar
