El asesinato de Jeremías Monzón ejecutado por menores de edad en Santa Fe, aceleró el tratamiento del proyecto de ley del oficialismo de bajar la edad de imputabilidad de niños y niñas. Desde diferentes espacios de la comunidad argumentan que esta no es la solución. El autor dice que el derecho penal “por sí solo nunca podrá resolver estos problemas”.
Por Álvaro Ruiz Moreno*
En las últimas semanas, el Gobierno nacional ha decidido incorporar en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso una vez más la propuesta para bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. Este intento, que ya se viene discutiendo desde hace años y que ha sido relanzado por la actual administración, representa una visión equivocada y regresiva sobre cómo enfrentar la delincuencia juvenil y los problemas sociales que la rodean.
La idea de que bajar la edad punitiva puede “endurecer” la respuesta del Estado frente a la inseguridad parece seductora a primera vista. Sin embargo, este enfoque simplista ignora las causas profundas que llevan a un niño o adolescente a delinquir, como la pobreza, la exclusión, la falta de acceso a educación de calidad y la ausencia de políticas públicas integrales.
El Derecho Penal por sí solo nunca podrá resolver estos problemas cuando no se acompaña de intervenciones sociales profundas.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas han señalado que una reducción de la edad de responsabilidad penal es un retroceso en materia de derechos humanos, que va en contra de compromisos internacionales y pone en riesgo a los propios menores que pretende “controlar”. La Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales recomiendan no reducir la edad de responsabilidad penal, precisamente porque los sistemas punitivos intensifican la criminalización en lugar de promover la reinserción.
Además, las estadísticas muestran que los menores más jóvenes cometen una proporción muy reducida de delitos graves, y que la mayoría de los casos de violencia juvenil están más vinculados con contextos de vulnerabilidad que con una tendencia intrínseca a delinquir. Utilizar hechos aislados para justificar una política general es tanto peligroso como injusto para millones de adolescentes que no cometen delitos y que serán igualmente afectados por un cambio regresivo en la legislación.
La evidencia empírica también sugiere que encerrar a jóvenes en instituciones punitivas no disminuye la reincidencia, sino que muchas veces los expone a redes delictivas más profundas, violencia institucional y estigmatización. Un enfoque verdaderamente eficaz debe centrarse en medidas socioeducativas, programas de inclusión, asistencia psicológica, oportunidades laborales y educativas, y en el fortalecimiento de las familias y comunidades.
Bajar la edad de imputabilidad es, en realidad, una respuesta emocional antes que una decisión basada en evidencia. Es una política que confunde justicia con castigo, que no repara a las víctimas de los delitos ni ofrece un camino real de transformación para los jóvenes en conflicto con la ley. La seguridad no se logra con más prisiones, sino con más derechos, más oportunidades y más políticas públicas que apunten a la prevención.
Si de verdad queremos proteger a la sociedad y al mismo tiempo brindar justicia, debemos apostar por sistemas que integren, que acompañen, que eduquen y que rehabiliten. Solo así podremos construir una comunidad más segura, más justa y con menos violencia. Bajar la edad de imputabilidad no es la solución; es un atajo peligroso que niega la complejidad de la problemática juvenil.
*Abogado y jardinero. Agencia Prensared. Imagen ilustrativa: portada del informe “ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil”, publicado por UNICEF Argentina. https://www.unicef.org/argentina/
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