¿Debe el acceso a medicamentos depender del mercado o ser garantizado como un derecho? Interpela el columnista y afirma que claramente es lo segundo. Las y los jubilados deben acceder al derecho de recibir sus remedios conseguidos “desde una lógica solidaria, eficiente y con control social”. En ese sentido, propone avanzar hacia un “sistema prestacional con mayor autonomía”.
Por Álvaro Ruiz Moreno*
En medio de una crisis que castiga con dureza a los adultos mayores, surge una propuesta colectiva que busca reconstruir el acceso a medicamentos desde una lógica solidaria, eficiente y con control social. El acceso a los medicamentos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jubilados en la Argentina actual. Lo que debería ser un derecho básico hoy aparece condicionado por precios inaccesibles y decisiones políticas que no logran dar respuesta.
En este contexto crítico, un espacio integrado por adultos mayores y trabajadores retirados impulsa una iniciativa concreta para revertir esta situación. No se trata solo de un reclamo, sino de una hoja de ruta con propuestas viables.
La realidad muestra que los canales institucionales tradicionales han sido insuficientes. Presentaciones formales, recursos judiciales e incluso fallos favorables no han logrado traducirse en soluciones efectivas.
Frente a esa falta de respuestas, la organización colectiva aparece como una herramienta indispensable para incidir en las políticas públicas.
Uno de los ejes centrales del planteo es recuperar el control democrático de los organismos vinculados a la seguridad social. La participación de jubilados y trabajadores en la toma de decisiones permitiría mayor transparencia y eficiencia.
En esa línea, se propone avanzar hacia un sistema prestacional con mayor autonomía, que no dependa exclusivamente de intereses externos ni de intermediaciones innecesarias.
Una de las alternativas más potentes es la producción pública de medicamentos genéricos. Aprovechar la escala y los recursos existentes permitiría reducir significativamente los costos.
El sistema previsional cuenta con una capacidad económica que, bien orientada, podría transformar el acceso a tratamientos esenciales.
Además, se plantea la conformación de una red articulada de laboratorios estatales, universidades, instituciones científicas y actores privados comprometidos con una lógica social.
Esta red permitiría optimizar recursos, compartir conocimientos y garantizar abastecimiento en todo el territorio.
Otro componente clave es el fortalecimiento de farmacias públicas y comunitarias, que acerquen los medicamentos a los barrios y reduzcan costos de distribución.
También se destaca la importancia de integrar a laboratorios nacionales que ya producen genéricos de calidad, fortaleciendo la industria local.
La participación de centros de jubilados, organizaciones sociales y entidades profesionales resulta fundamental para garantizar un seguimiento cercano de las políticas implementadas.
Se propone además la creación de un listado de medicamentos esenciales, basado en criterios científicos y en experiencias internacionales, que priorice tratamientos efectivos y accesibles.
Este instrumento permitiría ordenar la cobertura y asegurar un piso mínimo de prestaciones.
A su vez, se plantea la necesidad de establecer reglas claras para todo el proceso: producción, distribución y comercialización.
Un marco regulatorio sólido es indispensable para evitar abusos, controlar costos y garantizar calidad.
La transparencia en cada etapa del sistema es una condición central para recuperar la confianza.
Otro punto relevante es la reducción de intermediaciones que encarecen innecesariamente los medicamentos.
Eliminar circuitos especulativos permitiría que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan.
El proyecto también contempla la posibilidad de ampliar esta estrategia a nivel regional, generando alianzas con otros países.
Una red de producción pública en el ámbito del Mercosur podría equilibrar la relación con grandes laboratorios internacionales.
Esto no solo tendría impacto en los precios, sino también en la soberanía sanitaria.
La iniciativa busca instalar un debate de fondo sobre el modelo de salud vigente.
¿Debe el acceso a medicamentos depender del mercado o ser garantizado como un derecho?
La respuesta que proponen los impulsores es clara: la salud no puede quedar librada a la lógica de la rentabilidad.
En un país con recursos y capacidades, la exclusión sanitaria resulta inadmisible.
La propuesta no desconoce las dificultades, pero plantea que con decisión política es posible avanzar.
Se trata de ordenar prioridades y poner en el centro a las personas.
El envejecimiento de la población vuelve este debate aún más urgente.
Cada día que pasa sin soluciones concretas profundiza las desigualdades.
Los jubilados no pueden seguir siendo la variable de ajuste.
Garantizar medicamentos accesibles es, en definitiva, una cuestión de justicia social.
También es una forma de reconocer el aporte de quienes sostuvieron el país durante décadas.
El desafío está planteado: transformar la demanda en política pública efectiva.
La oportunidad existe, y la necesidad es impostergable.
*Abogado y jardinero. Foto: Foro Foro Solidario Córdoba.
