La primera audiencia de la “causa Di Santo” (ex causa Gutiérrez), el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en Río Cuarto y el sur de la provincia, se desarrolló a sala llena en la Torre Federal de Córdoba, con fuerte presencia institucional tanto del gobierno municipal como de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los imputados se abstuvieron de declarar y pidieron no estar en la sala.
*Por Hernán Vaca Narvaja
– Calle Chiclana 655, barrio Alberdi-, dice en tono calmo el imputado Daniel Di Santo (83) cuando la jueza Carolina Prado le pregunta, con llamativa amabilidad, sobre sus condiciones personales.
Es martes 20 de octubre y la sala “Agustín Díaz Bialet”, la más grande del edificio de los Tribunales Federales de Córdoba, está atestada de gente. A la fuerte presencia de los organismos de derechos humanos se suman esta vez decenas de estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), acompañados por docentes, la vicerrectora Nora Bianconi y los decanos de Ciencias Humanas, Cristian Santos y de Ciencias Exactas, Germán Barros. También hay dirigentes de los gremios docente (AGD) y nodocente (ATURC) y en primera fila, a escasa distancia de los acusados, están el intendente Guillermo De Rivas, el director del Centro Cívico, Julián Oberti, el vicepresidente de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Llamosas y la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Tamara Pez.
La fuerte presencia institucional del municipio y la Universidad de Río Cuarto es el primer dato político que impacta en la sala, desbordada de público como hace mucho tiempo no se ve.
– Era árbitro de fútbol-, comenta el imputado Juan Carlos Nieto (80), sentado al lado de Di Santo y domiciliado en el macrocentro de Río Cuarto.
– Llevo 30 años de ejercicio de la profesión en el Colegio de Abogados de Río Cuarto- dice con tono firme y algo desafiante Roberto González Fossat (75), que vive en la coqueta localidad serrana de Villa del Dique.
Los tres le aseguran al tribunal que no tienen antecedentes penales. Ante el asombro generalizado en la sala, el dato es confirmado por el secretario del Tribunal Oral Federal N°1, Hernán Moyano Centeno, que ha revisado la situación de cada imputado ante el Registro Nacional de Reincidencia. Se trata del mismo funcionario judicial que acaba de leer, durante dos horas seguidas, el apretado resumen de los delitos que el Ministerio Público Fiscal y las querellas atribuyen a los imputados: privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado e imposición de tormentos agravados seguidos de muerte. Dicho en criollo: torturas, secuestros, violaciones, desapariciones y asesinatos.
Di Santo, Nieto y González Fossat dicen que son inocentes y el secretario lo corrobora: ninguno tiene antecedentes penales.
El segundo dato político del juicio es la impunidad. ¿De qué están acusados el vecino de la Casa de la Memoria, el árbitro que impartía justicia en la Liga Regional de Fútbol y el abogado que litiga hace tres décadas en Río Cuarto?
Di Santo suma once víctimas en la causa y se le adjudica el secuestro, tortura y asesinato del profesor Ernesto Silber; Nieto triplica esa cifra: 30 sobrevivientes lo denunciaron por secuestro y tortura. Ambos deberán responder además a la acusación de abusar sexualmente de sus víctimas.
Pese a su proclamada inocencia, todos en Río Cuarto saben que integraban la temible patota policial liderada por Miguel Ángel “Gato” Gómez, a la que también pertenecía su inefable tocayo Salinas, condenado en 1989 por la masacre del Banco Popular Financiero.
González Fossat, el abogado que revistaba entonces en las filas de la Policía Federal Argentina, está acusado de haber secuestrado y torturado a Alberto Levi, referente de los ex presos políticos de Río Cuarto, que testificará en el juicio. ¿Sabía el Colegio de Abogados estos antecedentes cuando le otorgó la matrícula al imputado? El interrogante circula como una brasa ardiente entre los letrados riocuartenses que alguna vez litigaron contra el acusado.
Detrás de González Fossat está sentado Salinas. Parece el villano de una mala película policial y se comporta como tal: vestido de sobrio traje oscuro, anteojos y una actitud desafiante, destaca entre el resto de los imputados por su vitalidad. Salvando su cabello blanco de canas, su rostro es casi idéntico al que inmortalizó el periodismo cuando fue condenado por su participación en el asesinato a sangre fría de los seis trabajadores del Banco Popular Financiero, a quienes debía cuidar como policía a cargo de la seguridad de la entidad. ¿Qué hubiera pasado si se lo hubiese juzgado en los albores de la democracia y no medio siglo después? La pregunta es tan inquietante como la constatación de que Di Santo, Nieto y Salinas, los más connotados torturadores de la policía brava de los años ’70, (con)viven en la misma ciudad que sus víctimas hace más de cincuenta años.
¿Imputados ausentes?
El inicio del juicio comienza una hora y media tarde por la demora del Servicio Penitenciario Provincial en trasladar al imputado Juan Eusebio Vega desde la cárcel de Bouwer. La presidenta del tribunal, secundada por los jueces Julián Falcucci, Noel Costa y Camilo Quiroga Uriburu (suplente), informa que la mayoría de los acusados son representados por el defensor oficial Rodrigo Altamira; la acusación está a cargo de los fiscales Facundo Trotta, María Laura Bazo Queirolo y los abogados querellantes.
La tediosa lectura parte de los 63 hechos que conforman la causa Di Santo -se omiten aquellos donde los imputados ya fallecieron, aunque igual serán tratados durante el proceso para determinar la “verdad real” de lo sucedido- y los de las causas acumuladas (Alsina, Barreiro y Pérez) indica que el proceso será largo y doloroso y se extenderá durante buena parte del año 2027.
Terminada la lectura y concedida la palabra a los imputados, todos se abstienen de declarar. No sin antes enumerar exhaustivamente todas sus dolencias: hipertensión, gastritis, problemas en los riñones, artrosis, artritis, hernia abdominal y hasta rinitis. Parte de la evidente estrategia defensiva de victimizarse. La única excepción es el desafiante Salinas: “Gracias a Dios estoy sano”, le contesta a Prado, sin titubear. Con un dejo de ironía, admite que tiene antecedentes penales, “pero no vinculados con esta causa”. De sus años de encierro declama estudios universitarios incompletos de filosofía.
Un sorpresivo cuarto intermedio de cinco minutos marca la primera pausa en la audiencia. Al retomar el debate, el defensor de los represores pide al tribunal que exima a sus clientes de estar presentes en la sala durante el juicio.
“Esta querella no está de acuerdo. Salvo que exista una cuestión médica debidamente certificada, no es oportuno privarnos de la presencia de los imputados para que escuchen todo lo que se ventila en este juicio. Son delitos de lesa humanidad, atroces; tienen que estar presentes y dar la cara”, se opone, enérgico, el abogado querellante de la Comisión Municipal de la Memoria, Daniel Olartecoechea.
Su intervención motiva los primeros aplausos en la sala. Después resuena el clásico “como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
Los imputados se retiran cabizbajos. El próximo martes 27, cuando se reanude el debate, el tribunal definirá si deberán estar presentes en el juicio oral y público que lleva medio siglo de demora.
*Periodista. Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Director de la Revista El Sur.
Fotografía: Carolina Savino
Fuente: Revista El Sur (https://revistaelsur.com.ar/nota/1420/Estan-entre-nosotros)
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