Mientras los grandes capitales extranjeros se benefician de un modelo que vende el país, el gobierno anuncia un crédito hipotecario al que la mayoría no puede acceder.
Por Horacio Rovelli*
Para Nicolás Maquiavelo, las acciones políticas no deben ser juzgadas por la moral o la ética religiosa, sino por su eficacia y su capacidad para mantener el Estado y el orden público.
Es lo que sucede en nuestro país, donde un sector minoritario y poderoso administra y condiciona al Estado nacional imponiendo un modelo que tiene dos fases que se superponen entre sí, sin una fuerza social ni política opositora de consideración que lo enfrente. Una primera, de endeudamiento, renta financiera y fuga de capitales. Una segunda, de privilegiar a determinados capitales o cambiar los títulos de deuda por empresas públicas y por nuestros recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, cobre, oro, plata, uranio, agua pesada, agua potable, etc.).
Para ello, el gobierno de Javier Milei lleva a cabo un fuerte ajuste fiscal y económico con el único fin de generar excedentes para financiar la fuga de capitales y pagar los intereses de una deuda cada vez mayor. Deuda que se originó en el gobierno de Cambiemos y que nunca se auditó ni investigó y que mayoritariamente se convirtió en fuga de capitales, beneficiando a la minoría privilegiada del país.
Si bien en su comienzo la actual administración formalmente cumplía con cierto control de cambio (mal llamado “cepo”), en abril de 2025 y ante un nuevo acuerdo con el FMI, fue levantado para las personas físicas. Esto se realizó en un proceso que definen como la liberación de las entradas y salidas de capitales. Sin embargo, en 31 meses significaron salidas netas por 64.255 millones de dólares.
El tipo de cambio controlado por el gobierno favorece, paralelamente, las importaciones, el turismo y los gastos de argentinos en el exterior. Y debemos sumar que desde este año 2026, las empresas extranjeras pueden girar dividendos a sus casas matrices por el ejercicio económico cerrado en el año 2025.
Plena apertura de capitales mientras el Ministerio de Economía y el BCRA no trepidan en violar leyes, reglamentos y hasta la Constitución nacional, a fin de contener el precio del dólar muy por debajo de la inflación mentida por el IPC del INDEC. Pero también de la real (que es mucho mayor) y de las tasas de interés. Esto perpetúa el carry trade y la compra de divisas por los beneficiados del modelo.
Obviamente, también le permite a la Administración nacional, con una recaudación atada al nivel de actividad interna que es cada vez menor, comprar los dólares para pagar parte de los intereses que la deuda devenga. Además coloca títulos públicos, que capitalizan los intereses que no pueden pagar, a tasas mayores que la depreciación cambiaria.
En efecto, incumple con la asignación específica de la Ley de Impuesto a los Combustibles, desfinanciando las obras viales e hídricas. También se apropió (denuncia de la Auditoría General de la Nación) de un crédito del BID de 400 millones de dólares que debían emplearse para la remodelación y el mejor funcionamiento del Ferrocarril San Martín, y no se hizo, lo que amerita sendas presentaciones judiciales por administración fraudulenta, malversación de fondos, mal desempeño de la función pública, etc.
Patrimonio público
El gobierno nacional delegó a la provincia de Río Negro la inversión en las rutas nacionales 22 y 151, que atraviesan 508 kilómetros en esa provincia y son el acceso obligado a Vaca Muerta. Por Resolución 1.379/2026 del Ministerio de Economía, adjudicó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, entregando más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados por un plazo de 20 años.
A ello debemos sumarle la creación dentro del Banco de Inversión y de Comercio Exterior (BICE) de un tribunal de tasación que reemplaza al Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este ente fue creado el 11 de diciembre de 1944 y su funcionamiento y marco legal se rigen por la Ley N.º 21.626 (Texto Ordenado 2001) y su reglamentación fue aprobada por el Decreto 2166/2002. Ese tribunal ad hoc en el BICE es el que tasó las cuatro represas del Comahue, que fueron concesionadas a 30 años, y también la participación del Estado nacional en Transener, que fue vendida a grupos locales.
Las cuatro represas se concesionaron al Grupo Neuss, a Guillermo Reca, a la familia Miguens Bemberg, a Eduardo Escassany y a Manuel Santos Uribelarrea. Transener fue vendida a Jorge Brito, presidente y accionista de Genneia y del Banco Macro, los hermanos Patricio y Juan Neuss, del Grupo Edison, junto a socios del fondo Inverlat que incluyen a Federico Salvai, dueño de Havanna, y a los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan.
El Ministerio de Economía es el que preside el RIGI y el Super RIGI (en este último caso, la coordinación general y aprobación de los proyectos está a cargo de Daniel González, quien se desempeña como secretario coordinador de Energía y Minería de ese ministerio). El régimen otorga beneficios fiscales inadmisibles para cualquier pyme o productor nacional: reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, exención total de derechos de importación para bienes de capital e insumos y la eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones. A esto se suma el núcleo central del drenaje: la libre disponibilidad de hasta el 100% de las divisas generadas por la exportación a partir del quinto año, sin la obligación de liquidar un solo dólar en el Banco Central de la República Argentina.
El Ministerio de Economía decide quiénes son los que se benefician con el RIGI, que principalmente son, en el caso del petróleo y del gas, las corporaciones extranjeras Chevron, Shell, Continental Resources (que preside Harold Hamm, artífice de la explotación a gran escala en la formación Bakken en Dakota del Norte, Estados Unidos). También Mercuria Energy Group (en sociedad con Integra Capital, que representa José Luis Manzano), que compró más de 700 estaciones de servicio bajo la marca Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de almacenamiento y el negocio de lubricantes; además, es socia de Continental Resources en Vaca Muerta. Otras de las beneficiadas son Fluxus (el brazo petrolero del grupo brasileño J&F que invierte en áreas de Neuquén), GeoPark (la firma de Colombia que reactivó sus planes de inversión en la cuenca neuquina), Eni y XRG, las empresas de Italia y Emiratos Árabes Unidos que se aliaron con YPF para desarrollar gas natural licuado.
Sumemos a esta lista las empresas locales del sector asociadas al capital extranjero, como Pampa Energía, presidida por Marcelo Mindlin; Pan American Energy, de la familia Bulgheroni; Pluspetrol, de los Rey Rodríguez; Tecpetrol, del grupo Techint; Compañía General de Combustible, de la familia Eurnekian; Vista Energy, que preside Miguel Galuccio (que es un pool petrolero donde el 80% del capital cotiza en la bolsa de Nueva York).
Entre las mineras beneficiadas por el RIGI, principalmente, se encuentra Glencore, de origen suizo. Hoy mayoritariamente pertenece a BlackRock, Vanguard y otros capitales de los Estados Unidos. Había frenado su extracción en Farallón Negro en Catamarca, pero la ha reiniciado por la permisiva modificación de la ley de glaciares de este año 2026. Además, realiza la explotación de la mina de Pachón en San Juan. Su emplazamiento en alta montaña involucra la cuenca del río Los Patos, uno de los cuatro afluentes del río San Juan.
Le sigue en inversión aprobada por el RIGI el proyecto Vicuña Corp (BHP y Lundin Mining), en San Juan, que incluye los depósitos Josemaría y Filo del Sol a 4.230 y 5.200 metros respectivamente sobre el nivel del mar, y que atraviesan áreas glaciares y periglaciares. Se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina con una inversión inicial de 7.000 millones de dólares.
También se distingue la inversión de Los Azules, la empresa McEwen Cooper de Canadá, con el desarrollo del proyecto minero en San Juan destinado a la exploración y explotación de cobre, proyecto aprobado en el RIGI con un monto de 2.672 millones de dólares.
Otra de las beneficiadas es Rio Tinto, una corporación minera anglo-australiana; cotiza en bolsa y es gestionada por accionistas institucionales como Vanguard y JPMorgan. Extrae litio del Salar del Rincón en la provincia de Salta.
También fue favorecida por el RIGI la Barrick Mining Corporation (ex Barrick Gold) con el proyecto Veladero, cuyos principales accionistas son The Vanguard Group, Inc. y Van Eck Associates Corp. de los Estados Unidos. Explota cobre, oro y plata en San Juan, y están interesados en abrir Pascua Lama en esa provincia, luego de que fuera obligada a cerrar la mina en Chile por contaminación del agua, durante el gobierno de Gabriel Boric.
Otro proyecto con las mismas características y los mismos beneficios, y por fuera del RIGI, pero decidido por el Directorio de YPF S.A., es la venta de la participación de la empresa en Metrogas a Edenor, la compañía eléctrica de Manzano, Vila y Mauricio Filiberti, por 780 millones de dólares.
Cínicos y mentirosos
Con la connivencia de la mayoría de los diputados y senadores nacionales, van a convertir en leyes la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, y van a extender hasta el 31 de diciembre de 2027, eliminando todo tipo de límite, la mal llamada inocencia fiscal, que revierte la carga de la prueba y exige que la ARCA demuestre la fuga de capitales.
La modificación de la ley 24.144 de la Carta Orgánica del BCRA se hace para:
- Que los empleados del JP Morgan perpetúen el control de la creación del dinero y con ello determinen el crédito, la tasa de interés y el tipo de cambio. Esto se hace permitiendo que el actual directorio del banco continúe después del 12 de diciembre de 2027, dado que tiene mandato por seis años. Es más, su remoción requerirá un decreto del Poder Ejecutivo, con aprobación previa de ambas cámaras del Congreso por una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes.
- Que el BCRA se endeude en los mercados internacionales utilizando las reservas (brutas) como garantía. Lo hizo fuera de la ley con la emisión de los Bopreales, y luego utilizando parte de las reservas de oro para garantizar una parte de los Repos. La emisión de esos dos instrumentos es una confirmación de que tanto el mercado local como el internacional pueden prestarle al BCRA aun cuando el fisco no recupere acceso al financiamiento en esos mismos mercados.
Es mentira que el BCRA deja de prestarle al Tesoro de la Nación; si bien se le limita en forma directa, se le permite utilizar el sistema financiero en su conjunto. En agosto de 2026, el total del crédito generado por el sistema fue del 16% del PIB. El 7,6% de este (casi la mitad) financia a la Administración nacional con la compra de títulos públicos, que incluso emplean como parte del encaje de los depósitos que reciben.
Finalmente, el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses no se utiliza para mejorar los paupérrimos haberes previsionales ni para pagar las deudas del PAMI a sus prestadores. Se está empleando para darles negocios a los bancos y financiar créditos hipotecarios para “soluciones habitacionales” a quienes pueden pagarlos. El ministro Caputo explicó que para aplicar a un crédito de 106.667 dólares se deberán presentar ingresos por 3.460.391 de pesos y la cuota inicial será de 865.089 pesos. La tasa a pagar por el crédito será de UVA + 7% y el plazo de 25 años.
¿Caputo sabrá que el salario mínimo vital y móvil es de 376.600 pesos por mes para trabajadores mensualizados o de 1.883 por hora para los jornalizados?
¿Sabrá que, según un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad de Rosario, más de cuatro de cada diez trabajadores tienen empleos sin aportes jubilatorios, carecen de cobertura de salud vinculada al trabajo y de otros derechos laborales? ¿O que el 34,3% de los trabajadores informales vive en hogares pobres y el 5,2% está en situación de indigencia?
¿Sabrá que un informe de la Fundación Encuentro sostiene que el 78% de los hogares gana menos de 2.800.000 pesos, lo que los coloca en una situación de consumos mínimos para cubrir elevadísimos gastos en alimentación, alquiler, transporte, etc.?
*Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales en UBA). Fuente: www.elcohetealaluna.com/
www.prensared.org.ar
