La fábrica de la intemperie

Mientras el FMI aplaude la disciplina fiscal argentina, la jubilación mínima con bono no cubre ni una cuarta parte de la canasta de un jubilado. El congelamiento tiene firma y fecha: un decreto por mes.

Por María Fernanda de la Quintana*

En los comunicados oficiales, el superávit fiscal se exhibe como una conquista técnica, una cifra limpia que ordena la macroeconomía. A pocas cuadras del Ministerio de Economía, sobre el mostrador de una farmacia de barrio, la misma ecuación tiene otra forma: una mano separa las cajas de remedios sobre el vidrio y calcula cuál de los tratamientos va a suspender este mes para llegar a pagar la luz.

La cuenta tiene una explicación exacta. Según la Defensoría de la Tercera Edad, en octubre los medicamentos de la canasta de un jubilado costaban 518.708 pesos por mes. Ese mismo mes, la jubilación mínima con bono era de 505.748. Los remedios solos ya costaban más que la jubilación entera.

La canasta completa, con alimentos, vivienda, servicios y salud, llegó a 2.090.646 pesos, según la medición que la Defensoría realiza con la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. La mínima cubre menos de una cuarta parte de esa canasta y apenas supera la mitad de la línea de indigencia de la Ciudad de Buenos Aires. Alcanza para vivir poco más de una semana por mes. El resto es intemperie.

La intemperie tiene autor y fecha. El bono de 70.000 pesos que reciben quienes cobran la mínima está congelado desde marzo de 2024. Cada mes, un decreto del Poder Ejecutivo vuelve a fijarlo en el mismo número: el bono de noviembre lo fijó el Decreto 1296/2026, firmado el 28 de octubre. Desde su última actualización, el bono perdió casi el 60% de su poder de compra; para recuperarlo, tendría que más que duplicarse. El congelamiento se renueva por escrito, todos los meses, con la firma presidencial.

El esquema quedó fijado en marzo de 2024 por el DNU 274/2024, que ató la movilidad a la inflación con dos meses de rezago, después de la devaluación de diciembre de 2023. En agosto de 2024, el Congreso sancionó una ley que recomponía los haberes. Milei la vetó, y el 11 de septiembre la Cámara de Diputados sostuvo el veto con 87 votos. El Presidente llamó “héroes” a esos diputados y los invitó a un asado en la Quinta de Olivos.

Mientras afuera los jubilados protestaban frente a la residencia, adentro se servía el asado. Esa noche, Olivos midió con exactitud el lugar de cada uno en el programa económico.

El argumento fue el de siempre: no hay plata. En junio de ese mismo año, el Congreso había aprobado a pedido del Gobierno la Ley 27.743, que redujo el impuesto a los Bienes Personales, el que pagan los patrimonios más altos. La escasez tenía dirección.

El argumento del gobierno

El gobierno tiene un argumento, y conviene escucharlo entero. Sostiene que la fórmula por inflación protege el valor de las jubilaciones y que, después del salto de precios de diciembre de 2023, los haberes recuperaron poder de compra. Para una parte de los jubilados, los números le dan la razón: según Chequeado, los haberes por encima de la mínima, que no reciben bono, se ubican un 11% por encima de noviembre de 2023.

La otra parte es la que el argumento calla. La mínima con bono está casi un 10% por debajo de ese mismo punto de partida, y la diferencia la explica una sola decisión: congelar el bono. Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, lo cobran 2,9 millones de personas, casi la mitad de los jubilados del sistema. La fórmula protege a los de arriba y el congelamiento castiga a los de abajo. El ajuste se ordenó por clase dentro de la misma clase pasiva.

El ministro Caputo con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

El cerco se completa en la salud. El PAMI entrega medicamentos gratuitos por subsidio social solo a quienes cobran menos de un haber mínimo y medio. Además, el afiliado no puede tener prepaga, más de un inmueble ni un auto de menos de diez años. Si gana más, accede únicamente por excepción, cuando los remedios se llevan al menos el 15% de sus ingresos. La cobertura plena se convirtió en un trámite: para recibirla, el adulto mayor tiene que acreditar su propia pobreza.

La escasez fabricada

En ese esquema, el precio de un medicamento funciona como una frontera: decide quién conserva el derecho a vivir con dignidad y quién queda afuera. La economía, que debería organizar el bienestar de una comunidad, se vuelve un fin en sí mismo que necesita producir privación para sostener su contabilidad.

En una economía con capacidad para garantizar la subsistencia de su población, la indigencia de los adultos mayores es una escasez fabricada. Cuando el Estado congela el bono, ata los haberes a un punto de partida devaluado y restringe los remedios con la consigna de que no hay plata, decide hacia dónde van los recursos. Esa plata existe: se fue por la puerta de los Bienes Personales y sale, en cada vencimiento, hacia los acreedores.

El negocio que viene

El fondo de los jubilados también tiene destino. En agosto, Luis Caputo anunció que usaría 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, creado para respaldar el sistema previsional, para colocar en los bancos plazos fijos ajustables por UVA, destinados exclusivamente a fondear créditos hipotecarios. Para el bono no hay plata; para prestarles a los bancos el fondo de los jubilados, sí.

El congelamiento del bono es la parte visible del ajuste. La parte sumergida es el desgaste del sistema de reparto. Milei propuso en campaña volver a la capitalización individual. En su acuerdo con el FMI, el Gobierno asumió como compromiso presentar una reforma previsional con fecha límite en diciembre de 2027, y el Fondo ya dejó escrito lo que espera: separar las jubilaciones contributivas de las asistenciales y atar el haber a lo aportado.

Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación – CGT

El primer paso entra en vigencia el 1 de diciembre. Desde ese día, la Ley 27.802 de Modernización Laboral desviará una parte de las contribuciones patronales que hoy sostienen a la ANSES y al PAMI hacia el Fondo de Asistencia Laboral, pensado para pagar indemnizaciones por despido. Esa plata irá a cuentas individuales de cada empleador, administradas por fondos de inversión habilitados por la Comisión Nacional de Valores. Según publicó el Diario Mendoza, en una reunión reservada en la City los abogados que diseñaron el esquema lo describieron como una prueba piloto para volver a la capitalización individual si Milei es reelegido. La diputada Vanesa Siley, que presentó un proyecto para derogarlo, lo llamó por su nombre: “las nuevas AFJP”.

Cada mes que la jubilación mínima queda por debajo de la línea de indigencia refuerza la conclusión que el Gobierno necesita: el Estado no sirve para garantizar la vejez. La salida que se prepara es conocida: que cada trabajador ahorre en una cuenta individual, que los fondos los administren los bancos y que el riesgo de vivir demasiado lo cargue cada uno. Las AFJP esperan su turno, y el ajuste de hoy les prepara el terreno.

La pedagogía del escarmiento

Queda la pregunta que la tecnocracia evita: qué gana el poder con este ensañamiento sobre el tramo final de la vida. La respuesta está en la elección del blanco. Los jubilados no pueden hacer huelga, no paran ninguna fábrica ni cortan ninguna cadena de producción. Descargar sobre ellos el peso del superávit tiene un costo político bajo y un efecto alto: funciona como escarmiento. Si el programa está dispuesto a recortar sobre quienes ya trabajaron toda la vida, ningún otro sector puede reclamar inmunidad.

El escarmiento tiene también su versión en la calle. Desde el comienzo del Gobierno, los jubilados marchan cada miércoles frente al Congreso. El 12 de marzo de 2025, en una de esas marchas, el cabo de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme su procesamiento. El decreto que congela el bono y el operativo que dispersa a quienes lo reclaman forman parte del mismo escarmiento.

Y tiene un destinatario afuera. La dureza funciona como prueba de fe ante los mercados y los acreedores: el superávit vale más cuanto más privación demuestra que puede imponer sin que se rompa el orden institucional. El 3 de noviembre, en Madrid, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, puso a la Argentina como ejemplo de disciplina fiscal. El aplauso se escucha en las conferencias internacionales; la cuenta se paga sobre el mostrador de la farmacia.

Un sistema previsional mide si una sociedad cuida a quienes la construyeron o los abandona cuando ya no pueden vender su fuerza de trabajo. La pregunta que queda sobre cada mostrador es elemental: ¿qué legitimidad humana conserva un orden económico que necesita destruir la vida para demostrar que sus números cierran?

* Periodista, Licenciada en Ciencias y Humanidades, Máster en Bioética Internacional, Especializada en “Bioética y Derechos Humanos en América Latina” (UBA), formada en geopolítica en CLACSO. Fuente Tiempo Argentino https://www.tiempoar.com.ar/Foto principal Aldana Somoza.

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