El 15 de octubre, cuando la universidad pública volvió a llenar las calles, la oposición quedó a ocho diputados de sesionar contra la extranjerización de la tierra, y las fuerzas federales reprimieron por primera vez una Marcha Federal Universitaria. A esa hora, en Washington, Milei hablaba de solvencia.
Por María Fernanda de la Quintana*
El documento de las universidades todavía se leía bajo la lluvia, frente al Congreso, cuando el gas llegó al escenario. Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina, tuvo que cortar el cierre de la quinta Marcha Federal Universitaria: “Vamos a terminar este acto con los gases, con esta represión”. Un rato antes, desde el mismo lugar, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, había dicho que esa tarde también se marchaba en defensa de la democracia, “porque en democracia, la ley se cumple”. Hablaba de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso sancionó y que el Gobierno se niega a aplicar aun con una orden judicial en contra.
La represión empezó pasadas las cuatro, cuando un grupo reducido, que las columnas universitarias no reconocían como propio, atacó el vallado sobre Rivadavia y Callao. La respuesta cayó sobre toda la plaza: Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de la Policía de la Ciudad, dispararon durante más de dos horas gases lacrimógenos, balas de goma y agua desde dos camiones hidrantes.
La Comisión Provincial por la Memoria, que monitoreó el operativo, contó más de 120 granadas de gas y más de 550 personas afectadas. Hubo más de treinta detenidos, entre ellos dos adolescentes. Varios fotógrafos recibieron impactos de balas de goma mientras trabajaban, y una trabajadora de un medio comunitario terminó en el hospital con al menos siete perdigones. Nunca antes una Marcha Federal Universitaria había terminado así frente al Congreso.
Lo que ocurrió el jueves marca un cambio de doctrina.
Las fuerzas aplicaron sobre una marcha universitaria el protocolo antipiquetes, el mismo trato que desde 2024 reciben los jubilados frente a este Congreso. Con ese gesto, la universidad pública pasó del lugar de interlocutor, con el que se discute un presupuesto, al de un blanco al que se dispersa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recurrió al libreto conocido: “los mismos violentos de siempre”, que quieren “convertir las calles en una zona liberada”. Con esa frase, del relato oficial desaparecieron los rectores, los decanos, los profesores, los no docentes y los estudiantes que habían llegado al Congreso a defender la universidad pública.
Las denuncias penales completan la operación. El Gobierno acusa de atentar contra el orden constitucional a quienes marcharon para pedir que se cumpla una ley. Esa ley la sancionó el Congreso, y un juez ordenó aplicarla. Quien la desconoce es el Poder Ejecutivo, y es ese mismo gobierno el que ahora invoca la Constitución contra quienes se la recuerdan.
Es la captura del lenguaje del derecho por parte de quien lo viola: el Ejecutivo que se pone por encima de la ley usa el Código Penal para perseguir a quienes la reclaman. El mensaje queda dirigido a cualquiera que piense volver a la calle: reclamar tiene un costo, y se paga en el cuerpo y en los tribunales.
Del otro lado de las rejas se jugaba la otra mitad de la jornada. Ocho bloques opositores habían convocado una sesión especial para las 14 con tres temas: la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, el megadecreto con el que Milei inauguró su gobierno, que eliminó los límites de la Ley de Tierras a la compra de campos por extranjeros; la prórroga de la emergencia en discapacidad, y un régimen de alivio para las familias endeudadas. Pasada la media hora reglamentaria, había 121 diputados en sus bancas. Hacían falta 129.
Las bancas vacías del oficialismo eran una decisión anunciada. La sesión la definieron otras ausencias, las de diputados que responden a gobernadores acostumbrados a discutir con la Casa Rosada en otra mesa, lejos del recinto. Con esas sillas vacías, la Ley de Tierras quedó colgada de una suspensión provisoria, y las personas con discapacidad y las familias endeudadas volvieron a quedar en espera. Así funciona la gobernabilidad de Milei en el Congreso: el oficialismo no necesita ganar las votaciones mientras haya quien le garantice que no se realicen, y lo que debía resolverse a la vista de todos, en el recinto, se resuelve en negociaciones que nadie ve.
Lo que la oposición buscaba cerrar por ley es una ventana que ya se abrió una vez. El 29 de septiembre, la Corte revocó el fallo que, a pedido del CECIM, el centro de excombatientes de Malvinas de La Plata, mantenía vigente la Ley de Tierras. El 9 de octubre suspendió provisoriamente el artículo 154. En esos diez días, la tierra rural argentina quedó sin límites para compradores extranjeros.
El mercado se movió más rápido que las instituciones. El Observatorio de Tierras de la UBA detectó a una inmobiliaria que abrió sus redes tres días antes del fallo y salió a ofrecer en inglés casi 3.000 hectáreas con lago en Alto Río Pico, Chubut. El campo está dentro de la zona de seguridad de frontera con Chile: lo que se ofrecía a compradores extranjeros era territorio estratégico.
En el Congreso ya se habla de investigar quiénes compraron en esa ventana, y la pregunta va más allá de cualquier inmobiliaria: un país donde la tierra de frontera puede quedar a la venta por la decisión de tres jueces, y volver a cerrarse provisoriamente por otra, vive en un limbo jurídico que favorece a quien tiene la información y el capital para moverse primero. El oficialismo celebró la sesión caída y se apuró a fijar su propia agenda para la semana siguiente, con la inviolabilidad de la propiedad privada y un proyecto sobre soberanía y defensa de Malvinas entre los temas. En esa agenda, la soberanía tiene lugar para las islas que ocupa Londres y ninguno para los campos de frontera que se ofrecen en inglés.
Ese mismo día, una cámara de apelaciones suspendió las multas diarias que el juez Martín Cormick le había impuesto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir la cautelar que ordena aplicar la ley universitaria. Mientras quienes reclamaban que se cumpliera la ley respiraban gas, el funcionario que la incumple quedaba liberado de pagar.
A esa hora, en Washington, Javier Milei recibía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos el premio “Campeón global de la libre empresa” y defendía su programa ante inversores: “Hemos abrazado la solvencia intertemporal y vamos a honrar nuestras deudas a todo momento. Por eso sigue cayendo día a día el riesgo país”. Mientras hablaba, los bonos argentinos caían y el riesgo país que mide JP Morgan subía a 640 puntos, el nivel más alto en dos semanas.
El premio tiene destinatarios habituales. La Cámara de Comercio de Estados Unidos suele entregarlo a legisladores de su país, en general republicanos, y en vísperas de las elecciones de medio término recorre el país con una gira contra las “peligrosas alternativas” del socialismo. Milei llegó a Washington como pieza de esa campaña. Según la agenda oficial, en el mismo viaje tenía prevista una reunión con Harold Hamm, fundador de Continental Resources y figura central del petróleo de esquisto que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de crudo del mundo. La tierra de frontera argentina acababa de pasar diez días sin límites para compradores extranjeros, y Vaca Muerta se ofrece a los inversores a través del RIGI.
El nombre del premio dice a quién le habla el Gobierno.
En Washington, Milei rindió cuentas a acreedores e inversores. En Buenos Aires, el Estado le respondió con gas a la universidad donde estudian los hijos de los trabajadores, y en el recinto ese mismo Estado se retiró de la tierra y de la universidad. Las tres escenas pertenecen al mismo programa: la solvencia que se promete afuera se paga con el ajuste que se reprime adentro, y un Gobierno alineado con Estados Unidos mide su éxito en el termómetro de los acreedores, aunque ese mismo día el termómetro lo desmintiera. La represión llegó cuando la sesión ya había caído, y ocupó las pantallas justo cuando el oficialismo necesitaba que el recinto vacío pasara inadvertido.
*Periodista. Licenciada en Ciencias y Humanidades. Máster en Bioética Internacional. Diplomada en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Universidad de Buenos Aires). Fuente Rebelión https://rebelion.org/Foto Ayelén Cesare.
www.prensared.org.ar
