Otros robos en la Armada. Antes del desfalco por 1.000 millones, la Armada tuvo otros oficiales implicados en sobrefacturaciones y estafas. El desfalco denunciado esta semana lo descubrió, una teniente de navío, contadora, sin formación en la fuerza.
Por Alberto Moya*
La denuncia de la semana que pasó sobre los robos de sueldos por parte de algunos marinos tiene antecedentes: un capitán de corbeta condenado por apoderarse de millones del canon de un predio concesionado a Mundo Marino y dos capitanes de corbeta juzgados por irregularidades en la compra de alimentos para la Escuela Naval Militar. “Eran funcionarios que tenían el deber de resguardar la cosa pública (…) quienes manejaban este sistema de corrupción que alcanzaba a la alta cúpula de la Armada Argentina” y que no fue investigada por el juez instructor (Rodolfo Canicoba Corral), según alegó el fiscal Diego Luciani hace tres años.
Este último caso (al igual que el de los sueldos) también había sido señalado por un subalterno.
En marzo de 2011, el director de la Escuela Naval Militar (ENM), capitán de navío Juan José Iglesias, denunció irregularidades en la provisión de alimentos. Señaló remitos de los que surgía la recepción de cantidades excesivas para el consumo habitual, de ingreso incomprobable: 406 kilos de helado, 1885 kilos de salame, 14.510 huevos, 19.631 kilos de pollo, 2.750 kilos de merluza… Al menos, no llegaban a las 29 toneladas de carne para la Casa Rosada y Olivos por 500 millones de pesos conocidos esta semana.
Ceferino Luis R., responsable de la División Servicios y Pañoles de la ENM, firmó los remitos de ingreso de mercaderías procedentes de la Intendencia Naval Buenos Aires, División Sistema de Aprovisionamiento Único (SAU), abonadas y nunca recibidas. Guillermo Ariel F., jefe de SAU, fue acusado por emitir los remitos de ingreso.
Eso produjo un menoscabo en los alimentos destinados a cadetes y personal.
A la investigación de Patricio Evers desde la Fiscalía Federal 12, le siguió el alegato en el juicio por parte de Luciani, quien explicó el contenido de audios entre R. y un subalterno sobre las maniobras investigadas, que el tribunal admitió como prueba en el debate.
Luciani adelantó que “los cinco remitos cuestionados en este expediente son tan sólo la punta del iceberg de un sistema subterráneo de descontrol y corrupción por parte de servidores públicos, que debieron velar por el orden, la transparencia en su función, la lealtad, la probidad y la integridad, cosa que no hicieron”. Indicó que, en muchas oportunidades, los proveedores no entregaron la mercadería abonada o lo hicieron sólo en parte.
Por eso, pidió para R. y F. tres años y medio de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, como coautores del delito de defraudación agravada en perjuicio de la Administración Pública. Requirió que les decomisaran más de 13 millones, actualización de los aproximadamente 300.000 pesos del perjuicio de 2011.
Más alarmante fue su solicitud de investigar la intervención de otros integrantes de la Armada y sus proveedores.
El Ministerio Público Fiscal informó en su web que “los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (Néstor Costabel, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu) absolvieron a los imputados, ordenaron el cese de las medidas cautelares sobre ellos y la devolución de la documentación reservada en Secretaría”.
Desde la Fiscalía hicieron saber que la resolución del tribunal “no consideró la contundente prueba colectada por la Fiscalía”.
Un mundo de sensaciones
A diferencia de aquellos absueltos “que manejaban este sistema de corrupción que alcanzaba a la alta cúpula de la Armada Argentina”, un marino que se cortó solo sí fue condenado.
En abril último, un ex tesorero del Servicio de Hidrografía Naval fue sentenciado por peculado a tres años de prisión en suspenso y una reparación al Estado de 274 millones de pesos. Andrés Ramón Tapia Ruiz, de 44 años, se había apoderado en 2015 de casi dos millones de pesos cobrados por el canon de un predio estatal en San Clemente del Tuyú concesionado desde 1997 para el parque Bahía Aventura, de la empresa Mundo Marino.
Este capitán de corbeta le mintió a la empresa que el Ministerio de Economía había cambiado la modalidad de pago y que, en lugar de la transferencia, deberían pagar con cheques a nombre del organismo. En cuanto los tuvo, los endosó para hacerlos circular. Se los rechazaron por cuestiones formales (la falta de costumbre), así que debió gestionar una nueva emisión, para depositarlos en una cuenta de la firma Recaudadora Centenario S.A. (aunque su dueño aseguró que los cheques del capitán provinieron de la financiera Orión, con la que Recaudadora Centenario tenía “convenio”). El marino entregó recibos falsos y se quedó con 1.849.000 pesos cobrados en los dos últimos meses de 2015. Desde entonces no se sabe qué hizo con el dinero ni cuántas nuevas estafas pudo haber pergeñado en la década transcurrida hasta que por fin fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 de la Capital Federal. Lo que sí se sabe es lo que declaró el presidente de Mundo Marino: el militar lo había contactado fuera del organismo para sugerirle que “no le daban los números” ya en 2013.
Robo hormiga
El desfalco denunciado esta semana saltó por otro personal de bajo rango, una teniente de navío, contadora, sin formación en la fuerza. Los primeros cinco casos de agentes del Departamento Revista con sueldos mal liquidados parecieron un error. Tal ingenuidad se diluyó cuando los depósitos irregulares entre julio de 2022 y enero de este año sumaban 645.
En febrero, la Dirección de Administración Financiera encomendó implementar nuevos controles al contador Ariel Baltasar Atanasoff, capitán de navío jefe del Departamento Revista, quien fingió poner sus manos a la obra. Así pareció hacerlo desde marzo hasta agosto, cuando se descubrió que una de las que cobraba era una civil, María del Carmen Prieto, sin otra relación con la fuerza más que la de su marido: el capitán Atanasoff. Sólo ella cobró 46 transferencias (casi cuatro años) por más de 152 millones de pesos, con un cambio que superaría los 100.000 dólares.
No era la única civil receptora. Damián Andrés Santana se hizo de 99 millones; Amalia Cristina Díaz, de 91; Natalia Carolina Yahia, de 90. Esos cuatro fantasmas se llevaron el 44% del total de casi 1.000 millones de pesos (981.148.567,88 pesos) desviados a 23 destinatarios.
Entre los demás, estaba el capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro, quien cobró por trabajar en el país cuando percibía sueldo por su misión en el exterior. No pudo ser un error, porque el programa de liquidación discrimina esas categorías, de modo que hubo que forzar a mano su inclusión en la isla de la fortuna. Toda duda se diluye cuando se verifica que también cobraba quien tenía licencia efectiva sin goce de haberes, la agente civil Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge del capitán Castro.
Un oficial investigador bajo el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares dejó a Atanasoff sin más opción que reconocer la maniobra; se declaró único culpable y clausuró la posibilidad de que se investigara la cadena de mandos hacia arriba. Pidió su retiro, pero no se lo dieron; la Armada frenó todo beneficio de retiros por ahora.
La alteración de los lotes de transferencia del Sistema de Haberes de la Armada inflaba los sueldos de “personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado”, reza la denuncia penal del capitán Carlos Castro Maggio, jefe de Administración Financiera.
Con ese escrito que ponía la lupa en manos foráneas a la fuerza, siete beneficiados devolvieron sus excedentes, una ínfima parte del desfalco que, sumados, apenas superan los 40 millones de pesos (42.574.267,63). Las últimas devoluciones fueron recién el 11 de septiembre desde las cuentas de los capitanes de corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni.
El 12 de septiembre, día de la Armada Paraguaya, el jefe de la fuerza argentina, almirante Juan Carlos Romay, estaba de visita oficial en Asunción cuando se notificó de la denuncia en Comodoro Py. Coincidió con sus pares en que debían apartar a 13 efectivos.
Con el escándalo en todos los medios, los militares pasaron a comentar que los salarios nunca fueron tan malos como con este gobierno. Un almirante cobra 3.371.170 pesos. El rango de Atanasoff está en 2.400.000 pesos. Un cabo primero, 938.836. Un marinero, 791.491.
Mientras en el Ejército casi un tercio de sus integrantes está endeudado (según datos con base en el Banco Central), la Armada tiene a más del 80% de los suyos con deudas que promedian el millón y medio de pesos. En el BCRA los tienen clasificados en riesgo alto o irrecuperables.
De nuevo, como ya se publicó aquí la semana pasada y antes aquí: ante un uniformado apresado por delinquir que alegó baja remuneración, el rechazo de la jueza fue: “Eso no justifica su accionar delictivo”.
*Periodista, escritor y docente universitario. Comenzó en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y terminó de formarse en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fuente: El Cohete a la luna, dirigido por Horacio Verbitsky https://www.elcohetealaluna.com/En la foto el ministro Carlos Presti y el Almirante Juan Carlos Romay.
