Detrás de cada golpe de estado hubo complicidades civiles, militares, religiosas, políticas y empresariales que habilitaron y sostuvieron cada atropello, dice el autor. Advierte sobre el uso de procedimientos judiciales como una arma política.
Por Álvaro Ruiz Moreno*
A casi medio siglo del terrorismo de Estado, nuevas formas de persecución buscan reemplazar a los viejos golpes militares. La memoria es el único escudo para enfrentar las estrategias que intentan quebrar la voluntad popular.
El lawfare y los golpes de Estado no son fenómenos aislados ni pertenecen a épocas distintas: son, en esencia, mecanismos distintos con el mismo fin. Cambian las herramientas, cambian los discursos, pero el objetivo persiste. Y en cada 24 de marzo, cuando el país se detiene para honrar a las víctimas de la dictadura, vuelve a hacerse evidente que la historia sigue hablándonos.
Cincuenta años después, la reflexión no es un acto ceremonial: es un deber democrático. Comprender el pasado permite reconocer las señales del presente, y así defender los derechos que la Constitución consagra. Yo mismo fui una de las tantas víctimas de aquella noche larga que interrumpió el orden democrático. Sobreviví al secuestro, la tortura, la cárcel y el exilio. Y desde entonces, cada año renuevo mi compromiso con quienes mantienen viva la Memoria y sostienen, con coraje, la lucha por los Derechos Humanos.
Ningún golpe de Estado fue jamás una irrupción improvisada. Detrás de cada quiebre institucional siempre hubo intereses económicos, corporaciones internacionales, y sectores poderosos que pretendieron disciplinar a los pueblos latinoamericanos. Nunca actuaron solos: hubo complicidades civiles, militares, religiosas, políticas y empresariales que habilitaron y sostuvieron cada atropello.
Recordarlo es fundamental para comprender que no todos los golpes llevan uniforme. El neoliberalismo que una y otra vez intenta imponer, no necesita tanques: puede operar desde despachos, tribunales y grandes medios de comunicación. En los últimos años, su versión más sofisticada —y más peligrosa— ha sido el lawfare.
El lawfare es el uso político y manipulado de sectores del Poder Judicial para perseguir líderes democráticos, condicionar gobiernos y reinstalar agendas regresivas sin recurrir a las armas. En América Latina sobran ejemplos. Y en la Argentina, esta metodología se encuentra activa: jueces, fiscales, medios hegemónicos y parte de la dirigencia opositora trabajan coordinadamente para reinstalar un modelo de endeudamiento, entrega y subordinación a intereses ajenos al pueblo.
Frente a estas maniobras, solo hay una herramienta verdaderamente transformadora: la Memoria. Una memoria que no es nostalgia, sino conciencia crítica; que no es documento, sino alerta permanente.
Por eso, en estos días de reflexión colectiva, los invito a conversar, a revisar nuestra historia y a ejercitar la responsabilidad ciudadana. Porque los golpes de ayer y el lawfare de hoy comparten el mismo propósito: quebrar la democracia.
Y ante eso, nuestra respuesta debe ser una sola: Nunca Más.
*Abogado y jardinero. Agencia Prensared. Imagen ilustrativa Celag.
www.prensared.org.ar
