Violencia policial y seguridad ciudadana

El asesinato de Blas Correas puso sobre el tapete, una vez más,  el accionar policial y la  demanda de un cambio en la institución. Este artículo pone el foco en la problemática, aporta elementos para el debate y ensaya respuestas diferentes al punitivismo, la mano dura y el reclamo de más policías en la calle.  La naturalización de las violencias invisibles y cotidianas.

Por Adriana Gentile*

Decimos que estamos frente a un hecho de violencia policial cuando el uso de la fuerza por parte de un uniformado resulta injustificado, desproporcionado o los dos a la vez;  este uso desmedido de la fuerza se manifiesta como acción sobre un cuerpo y tiene consecuencias de fácil identificación en general: la producción de heridas, o la muerte. Y cuando ocurre un hecho tan lamentable y grave como la muerte de un joven por el actuar policial la sociedad en su gran mayoría cuestiona y repudia tal accionar y el tema entra en la agenda de los medios de comunicación. Pero si sólo realizamos un análisis de interacciones aisladas de la institución policial, nos quedamos a penas con una suma de hechos heterogéneos, en una casuística que quizás sirva para fines estadísticos como mucho, pero no para abordar el nudo del conflicto.

Es la institución

La muerte del joven Blas Correas es un caso paradigmático que nos pone ante las otras muertes que se ocultan. Las muertes por nadie reclamadas. Las que aparecen como un error sin responsables y así son generalmente juzgadas en los tribunales. Salvo que los familiares o  la sociedad  lo presente como hecho político. Por esto resulta interesante ver  en la última marcha carteles que decían: No es un policía es la institución”.

Resulta imprescindible  anclar los hechos de violencia policial en sus contextos y en el conjunto de determinaciones que muchas veces son externas a sus interacciones pero las explican. Siguiendo esta línea de pensamiento, lo que siempre me ha inquietado  es la naturalización o normalización de la violencia policial y lo que la hace posible.

Desde las lecturas de Foucault, Agamben y otros, podemos afirmar que la violencia policial es una  técnica de gobierno, un dispositivo de administración del orden y de la seguridad urbana, un conjunto de técnicas que preparan el escenario para las posibles muertes. En imperioso comprender las dimensiones sociales y culturales de la violencia policial, que le dan su poder y su significación, como una interacción que afecta la integridad y la dignidad de los individuos – y no sólo su cuerpo y su carne – que puede ser profunda y no dejarse ver, lo que implica un componente ético y no estrictamente normativo.

La impotencia ante el uso excesivo de la fuerza conlleva de por sí una dimensión moral de sumisión, por ejemplo lo que ocurre en los allanamientos cotidianos en asentamientos, los controles de identidad, los cacheos, la colocación injustificada de las esposas; en ciertos espacios se hace de la excepción (al derecho)  la regla. Esta violencia es ignorada por los tribunales  debido a que no deja marcas corporales. Al no ser nombrada no es vista por la sociedad y al no ser reconocida no permite que se haga justicia.

Esta violencia  sin nombre y sin justicia  es la que sufren cotidianamente los jóvenes de los barrios populares. Por ello, para lograr comprender la violencia también hace falta considerar sus condiciones de posibilidad, la relación con el poder y la justificación del maltrato y la crueldad. Esas violencias invisibles que se producen de manera cotidiana y resulta trivial para ciertos sectores de la población: porque recae siempre en jóvenes de barrios populares que son sospechosos a prima facie y por ello mal tratables.

Teniendo presente lo dicho, habría que cuestionar la gestión del Estado con relación a la policía y a la seguridad de la población.

El modelo tradicional de policía asimila la prevención con la disuasión, y  considera que una adecuada tarea preventiva requiere básicamente de un número elevado de policías en la calle llevando a cabo intervenciones reactivas y de choque basadas en el uso directo de la fuerza, más que intervenciones planificadas sobre la base de la recolección y tratamiento analítico de información fidedigna sobre la dinámica delictiva.

Esta modalidad es la que viene favoreciendo el recurrente desarrollo de las formas de violencia que vengo describiendo en el desempeño cotidiano de los efectivos policiales.

Por otro lado, la estructura orgánico-funcional de la policía sirve como mecanismo de control político-institucional interno de parte de la cúpula policial sobre el resto de la fuerza. Dicho control, no solamente comprende el conjunto de las prácticas y decisiones ajustadas formalmente a las normas legales y reglamentarias que rigen la vida institucional de la agencia policial, sino también a aquellas prácticas paralelas, esto es, aquellas prácticas desarrolladas al margen de las leyes y las normas, pero que han sido admitidas, impuestas, reguladas, gobernadas y controladas por la propia cúpula.

En este esquema de organización y funcionamiento institucional no hay margen para la manifestación o puesta en marcha de discursos y acciones que no fuesen las impuestas por los mandos superiores. Al estar autorizados a ejercer violencia saben que no tendrán consecuencias ya que la palabra de ellos vale más que la de los delincuentes o sospechosos de serlo. Por tal razón rara veces los efectivos de las fuerzas policiales tienen conflictos morales, más bien se sienten víctimas de la incomprensión de la sociedad.

Teniendo presente todo lo hasta aquí analizado,  nos atañe como ciudadanos exigir al Estado un nuevo paradigma de seguridad que ponga eje en la garantía al respeto de  los derechos humanos, y sobre esa base promover lazos entre la policía y la comunidad, porque la policía debe ser para la comunidad y debe estar al servicio de esta; de lo contrario las alianzas o uniones colectivas entre ciudadanos para reclamar justicia por un caso particular son transitorias, y se extinguen con el castigo al autor y/o cambio de autoridades policiales, y por consiguiente, la demanda punitiva vuelve a nacer con urgencia frente a cualquier nuevo hecho pidiendo mano dura y más policías en las calles.

La literatura sobre este tema pone el acento en el carácter multisectorial de las acciones que los Estados deberían llevar adelante para plasmar el nuevo paradigma de la Seguridad. Al respecto la ONU (2005) ha establecido cono noción de seguridad: “el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación” y reconoce que “todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano”.

El gran desafío en materia de seguridad pública es lograr la construcción de enfoques incluyentes con legitimidad de todos los actores, por eso la construcción colectiva desde abajo es clave. Son importantes las estrategias a largo plazo pero con acciones a corto plazo, teniendo siempre  presente que la seguridad es un bien público.

*Abogada especialista en Derechos Humanos, integrante de la Fundación María Elba Martínez. Agencia Prensared.

Fotografía La Nueva Mañana de Córdoba, diario autogestionado por sus trabajadores. 

www.prensared.org.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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