El proyecto impulsado por Sturzenegger es la actualización de un contrato colonial para la era de la infraestructura digital. Hay una capa nueva superpuesta a la vieja disputa por la tierra, y esa capa tiene nombre: infraestructura.
Por Mariano Quiroga*
«Aunque no tenga ni un día de residencia, debería poder comprar.» Lo dijo, sin vueltas, Alejandro Cacace, número dos de Federico Sturzenegger cuando le preguntaron por los límites a la extranjerización de tierras rurales.
No hablaba de un departamento en Recoleta: hablaba de la Patagonia, de los acuíferos, de la cordillera. La frase, pronunciada mientras el Senado se apresta a tratar este jueves 6 de agosto la derogación de la Ley 26.737, no es un exabrupto aislado. Es la explicitación de un programa: convertir el territorio argentino en un activo sin condiciones, disponible para quien tenga caja, sin importar si esa caja tiene nacionalidad, domicilio o compromiso alguno con lo que hay debajo de la tierra que compra.
El proyecto que Sturzenegger bautizó «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» lleva trece reescrituras y cinco intentos fallidos de sesión. No es casual la insistencia: elimina el tope histórico del 15% de propiedad extranjera sobre el territorio nacional, borra el límite de 1.000 hectáreas por titular y habilita la compra de lagos, acuíferos y zonas de frontera que hasta ahora estaban blindados. El Observatorio de Tierras del Conicet ya había advertido, a fines de 2025, que 36 departamentos del país superan ese tope del 15% pese a la ley vigente, y que más de 13 millones de hectáreas -casi el 5% del territorio nacional, una superficie comparable a Inglaterra- están en manos de propietarios foráneos.
Ese gesto legislativo, sin embargo, no debería leerse solo con las categorías del siglo XX -el terrateniente extranjero, el agronegocio, la soja-. Hay una capa nueva superpuesta a la vieja disputa por la tierra, y esa capa tiene nombre: infraestructura. Los mismos activos que interesaban al capital agroexportador de 2011 -agua dulce, energía barata, territorio despoblado- son hoy, además, el insumo físico que necesita el capitalismo de plataformas para sostener su expansión. La Ley de Tierras no protegía únicamente la soberanía alimentaria. Protegía, sin saber los recursos que las corporaciones tecnológicas están viniendo a buscar años después.
Expliquemos esto con datos para que se pueda tomar dimensión de lo que estamos hablando. Un data center de 100 megavatios puede requerir hasta dos millones de litros de agua por día, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía: el consumo equivalente a 6.500 hogares. Entrenar un modelo como GPT-3.5 demandó cerca de 700.000 litros. Solo en Estados Unidos, los centros de datos de Google usaron unos 12.700 millones de litros de agua en 2021 para refrigeración, el 90% de ella potable. La OCDE proyecta que la industria de IA podría necesitar entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de agua para 2027, un volumen equiparable al consumo anual de países enteros. Más de dos tercios de los data centers construidos desde 2022 se levantan en zonas de estrés hídrico. El patrón es siempre el mismo: la nube, esa palabra que sugiere ingravidez, aterriza siempre sobre un acuífero concreto.
Argentina tiene acuíferos concretos. Tiene el Guaraní, tiene los glaciares patagónicos, tiene ríos que todavía no figuran en ninguna cartera de inversión. Lo que hoy discute el Senado es quién queda habilitado mañana para poner un centro de cómputo sobre una fuente de agua dulce sin que ninguna ley nacional pueda decir que no.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debate en la misma sesión que la reforma a la Ley de Glaciares, y ambas se completan con el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones que ya rige desde 2024.
Esto es una arquitectura: el RIGI garantiza estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años a quien invierta más de 200 millones de dólares; la reforma de Glaciares abre la puerta a que gobiernos provinciales determinen, por sí mismos, que un ambiente periglaciar «no es determinante» para sus habitantes; la derogación de la Ley de Tierras elimina el último control sobre quién es dueño del suelo donde todo eso ocurre. Cada pieza, por separado, se defiende con el lenguaje de la modernización. Juntas, arman el mapa de una concesión.
Conviene mirar qué hacen, mientras tanto, los países de origen de esos capitales. Estados Unidos restringe por ley la compra de tierras agrícolas cercanas a bases militares e instalaciones estratégicas. China directamente prohíbe la propiedad privada de la tierra a extranjeros. La Unión Europea mantiene mecanismos de control sobre inversión extranjera directa en sectores considerados críticos, incluida la infraestructura de datos.
Ningún país que hoy exporta capital hacia la Patagonia se plantea, puertas adentro, eliminar sus propios resguardos sobre agua, energía o territorio fronterizo. La liberalización se exporta; la cautela se queda en casa.
Argentina, en ese tablero, no negocia como potencia sino como periferia que ofrece condiciones. El argumento oficial -que la restricción ahuyenta inversión forestal, minera o tecnológica- invierte la lógica de cualquier negociación: no es el país anfitrión el que necesita convencer al capital de que entre sin condiciones, es el capital el que debería aceptar reglas para operar sobre recursos que no son renovables ni reemplazables. La inversión extranjera no es sinónimo automático de desarrollo local, y ese discurso fácil es justamente el que hay que desarmar.
Lo que el oficialismo quiere que se apruebe en el Senado es la actualización de un contrato colonial para la era de la infraestructura digital: el mismo patrón de extracción que organizó la economía argentina alrededor de la soja y el litio se repite ahora alrededor del agua, el suelo y la conectividad que necesita el cómputo planetario.
*Periodista. Fuente: Tiempo Argentino, publicación de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada https://www.tiempoar.com.ar/
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