El jurista Raúl Zaffaroni dialogó este sábado con periodistas de diferentes medios de Córdoba sobre temas candentes de interés social y político. Por la noche participó de un homenaje a Osvaldo Bayer realizado en la sede de Adiuc.
Por Katy García*
La mañana del pasado sábado, en la casa de la abogada Patricia Coppola (1), se realizó una conferencia de prensa con Eugenio Raúl Zaffaroni, reconocido jurista que se destaca por sus aportes a la teoría del delito desde la concepción finalista, al derecho procesal penal, criminología y derechos humanos. Ha sido juez, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Actualmente continúa dando clases y conferencias en diferentes universidades.
Durante la conversación con periodistas de medios comerciales, cooperativos, públicos y alternativos, respondió preguntas sobre diferentes temas como la situación del poder judicial, el juicio político a los cortesanos, la proscripción de la Vicepresidenta Cristina Fernández, el rol de medios de comunicación en la construcción del miedo, la situación de las cárceles, inseguridad y sindicalización policial entre otres. El viernes 21, cerró el 1° Congreso sobre violencia institucional, en la Facultad de Derecho. (2)

Juicio político a la Corte
En relación al Juicio político que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación contra los integrantes del máximo Tribunal estimó que “Obviamente no están los votos, de modo que no creo que los ministros de la Corte sean destituidos y no sé si estarán los votos para llevar la acusación ante el senado”. Para ello, se necesitan dos tercios. En ese sentido opina que lo que se está haciendo es exhibir algo que no reconoce antecedentes. “No conozco ningún caso que emerja a la luz pública de esta manera porque un órgano colegiado trata de solucionar las diferencias adentro. Es la primera vez que se arma un escándalo así”, afirmó.
Está convencido que la Corte le dio un manotazo al Consejo de la Magistratura. Uno de los huecos es que la integración de origen “sale malnacida porque en la reforma constitucional del ´94 dice que se hará equilibradamente. Entonces, toda ley es más o menos discutible porque le transfirió poder constituyente al poder constituido”. Pasaron 15 años y de pronto declara inconstitucional la formación del órgano cuando podría haberlo hecho en su momento. “Pero no. Hizo lo que no podía hacer: declaró vigente la ley que se había derogado y que justamente le daba la presidencia del Consejo al presidente de la Corte”, explicó.
Covid y clases presenciales
Pero más allá de estas cuestiones que son importantes “A mi juicio hay algo mucho más grave” dijo refiriéndose a la decisión que tomaron en plena pandemia cuando crecían los contagios por Covid. “Nuestra genial corte suprema sin consultar a ningún médico, con sus conocimientos infusos de infectología, autorizó el dictado de clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires”. Cuando se sabía que los chicos no se morían pero llevaban el contagio a la casa. Esta decisión puso en riesgo a la población de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires separados por una avenida, argumnetó. “Fue muy grave, irresponsable. Creo que ese cargo es fundamental”, afirmó.
Estructura demencial
Más adelante el jurista advierte que no creamos que lo que está pasando con el poder judicial se resuelve sacando a cuatro jueces. “Lo que ocurre es que tiene una estructura funcional demencial. No tenemos casación. Tenemos códigos únicos con 25 interpretaciones posibles diferentes una por cada provincia y otra federal. Y no hay nada que lo unifique. Esa es la seguridad jurídica que tenemos”.
También se refirió a la concentración de poder en cinco jueces algo que no existe en ningún lugar del mundo. Pero además pone el foco en qué trabajo hace la corte.
Sentencias arbitrarias y el 280
“En los ‘70 se hizo masivo que se ocupe de algo que la constitución no lo dice. Declarar nulas las sentencias que son arbitrarias”, entonces, año tras año se presentan miles de recursos extraordinarios previo pago de $300.000 por cada caso. Una forma de recaudación directa porque de hecho la mayoría no se analizan por la aplicación del artículo 280 que habilita los rechazos.
Está claro que para resolver si es o no arbitraria una sentencia “se necesita una corte numerosa con salas especializadas y que la constitucionalidad sea firmada por todos”, sostuvo tras explicar cómo se hace esa tarea.
El 2X1
En torno a fallos que están reñidos con cuestiones políticas opina que no deberían existir. Una pregunta sobre el 2×1 a los genocidas disparó una respuesta sorprendente para muchos. Dijo que lo peor fue dar marcha atrás y que nadie se dio cuenta. Detalló que tras el escándalo el Congreso emite una Ley interpretativa que se aplica a tales casos y a otros no. “Leyes interpretativas en materia penal no hay. Las leyes las interpretan los jueces, no el congreso. Una ley que reduce el alcance semántico de otra ley en sentido punitivo, es una ley más gravosa”, explica. En esa línea dijo que se dieron vuelta dos votos (salvo Rosenkrantz que se mantuvo en su posición) que en lugar de decir “miren, reflexionamos, cambiamos de opinión, cosa que es legítima, en las sucesivas sentencias dijeron: aplicamos la ley interpretativa. Es la primera vez que se aplica una ley retroactivamente más gravosa y eso no es de nosotros, es de Hitler y Stalin”, dijo en tono enfático. Lo que resulta, añade, es el riego de reiterar “una aberración porque se puede plantear una ley interpretativa de cualquier cosa”.
Es difícil que haya sentencia firme
El exintegrante de la CIDH afirmó que “Formalmente Cristina no está inhabilitada hasta que la sentencia no sea definitiva”. Piensa que el poder ejecutivo puede indultar. Pero luego habrá que ver qué hace la corte. Desde su perspectiva piensa “que la sentencia pueda quedar firme, antes de las elecciones, es imposible. Sería muy descarado. Sería un boomerang” aunque se han “hecho groserías como pasó en Ecuador con Rafael Correa, pero aquí no creo”, expresó.
Sostuvo que “La sentencia a la Vicepresidenta es un ejemplo clásico del lawfare” y explicó cómo se construyen las sentencias por kilo que constan de miles de fojas, citas de autores, para luego decir que se trata de “un delito de violación de deber”, concepto ideado por un alemán.

Cárceles que son campos
”En América latina el problema es el deterioro de las cárceles a campos de concentración en función de la superpoblación. También tenemos la mayor parte de presos sin condena pese a que hemos cambiado los procedimientos penales y ahora tenemos códigos acusatorios; estamos cambiando presos sin condena por condenados sin juicio”, afirmó ante una pregunta sobre la reinserción y las condiciones en que vive la población carcelaria. Esta situación, explica, que se resuelve con un juicio abreviado alcanza a más de un 50 por ciento en prisión preventiva. Se trata de cárceles de la miseria conformadas por “una población flotante donde la mayoría son varones jóvenes (Porque de las mujeres se ocupa el patriarcado), de barrios precarios, procesados por delitos contra la propiedad, venta de tóxicos”.
Medios, inseguridad y monitoreo
Acerca de la construcción de un sentido común punitivista razona que “No es que la sociedad lo demande. Los medios crean realidades y si todos los días los medios me están diciendo que si salgo a la calle me matan, naturalmente que siento miedo, y siento la necesidad de que hagan algo y pongan presos a los ladrones y asesinos”. En términos conceptuales se trata de una técnica política despreciable que se monta “sobre los peores prejuicios que tiene una sociedad para hacer demagogia”.
Pero aclara que realmente no sabemos lo que pasa “porque es una creación mediática”. En el caso de los homicidios en general la tendencia es a la baja. Salvo Rosario que es un caso particular porque duplica a la ciudad de Buenos Aires pero no pasa lo mismo en el resto del país. Cree que la problemática no es solo el narcotráfico también “ocurre cuando la policía se ha descontrolado, se autonomiza, y empieza a funcionar al margen de los mandos naturales, y políticos y ese es uno de los problemas en América latina”. También insistió en la necesidad de que haya monitoreos desde los organismos del estado.-
Por otra parte dijo que “las ejecuciones sin proceso por parte del estado son un fenómeno latinoamericano que en el hemisferio norte no se producen. Y cuando sucede es un escándalo”. Luego repasó una “epidemia” de más de mil muertos que duró un año a la que Antonio Cafiero gobernador de la provincia de Buenos Aires le puso fin.
Sindicalización policial
Con respecto a este tema que hace rato viene advirtiendo reiteró que “no hay trabajadores a los que se les niega la mayor cantidad de derechos laborales que a la policía. No tienen derecho a la sindicalización, a discutir salarios, o exigir condiciones de trabajo porque se la maneja como si fuera un ejército y es un servicio civil”.
Sobre esta problemática comentó que la CIDH dictó una sentencia que reconoce la sindicalización policial ante la presentación de una opinión consultiva que abre una posibilidad para tramitar en Argentina. Dejó en claro que la recaudación fiscal por fuera del estado es corrupción. Y lo relacionó con la distribución de las cajas. “La policía se autonomiza para recaudar pero se reparte de manera piramidal entonces con la sindicalización se va a discutir el reparto. Y por ahí le llega al que está en la esquina porque ahora solo lo reciben las cúpulas”, ironizó sobre una realidad que existe. Para controlar esas situaciones irregulares dijo que una de las decisiones que debe tomar el estado es que “la la policía sea manejada por policías preparados”.
La propuesta de sacar al ejército
Otra inquietud que surgió durante la rueda de prensa fue la participación del ejército en acciones preventivas o de acción para combatir al narcotráfico, propuesta que los principales candidatos en campaña le bajan a la población de Córdoba. “Eso es muy sano porque entonces las fuerzas armadas se degradan a policías y como no tienen un entrenamiento especial porque su función específica es otra, al poco tiempo empiezan a hacer macanas, le pierden el respeto a la población y finamente terminan autonomizándose como las otras. Con lo cual no solo el estado pierde el monopolio del poder punitivo, pierde el poder de recaudación fiscal y jode a la defensa nacional”.
El jurista afirmó en ese sentido que “la oficialidad de nuestras fuerzas armadas se va a resistir a eso porque saben lo que ocurre en otros países. Al poco tiempo se corrompe todo y empiezan a ver cómo salen barcos llenos de cocaína”.
La conversación duró casi dos horas y dejó mucha tela para cortar.
El último anarquista
Por la noche en la sede de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc) se realizó un emotivo homenaje en formato radio abierta, titulado “Rebelde Amanecer”. Conducido por Patricia Cóppola y con la actuación en vivo de varios artistas, fueron recordando junto a Raúl Zaffaroni pasajes de la vida de Osvaldo Bayer (1919 -2018). A sala llena, los presentes aplaudieron a rabiar al querido historiador, escritor, periodista, filósofo, pensador, intelectual, profesor, sindicalista, militante político, activista por los derechos humanos y “el último anarquista” como dijo por la mañana el jurista invitado.
Notas
1- Profesora titular de Filosofía del Derecho; Introducción al derecho y Seminario DD.HH, Integra la Comisión directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
2- El 1° Congreso sobre violencia institucional estuvo coordinado por Jorge Perano y los abogados Patricia Coppola y Lucas Crisafulli. Fue organizado por diferentes cátedras de la Facultad de Derecho, Justicia legítima, Juntos por derecho, CELS, la Defensoría General de la Nación, el Archivo Provincial de la Memoria, y el Seminario de derechos humanos de la Facultad de Comunicación, con la participación de Emiliano Fessia y Cecilia Redolfi.
*Periodista. Foto principal gentileza Julio Pereyra. Fotos interiores gentileza VillaNos Coopi.
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