Las detenciones de militantes populares y dirigentes sindicales que se movilizaron en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos, además de repudio al gobierno, trajo al debate público, que protestar es un derecho constitucional. Mientras, Federico Giuliani, se en encuentra en Bouwer .
Por Sergio Coria*
La detención de Federico Giuliani en la cárcel de Bouwer expone el rostro más brutal del poder en Córdoba: convertir en delito lo que la Justicia ya reconoció como un derecho. No es la primera vez: Giuliani fue sobreseído en otra causa por protestar, confirmando que reclamar nunca puede ser un crimen, aunque al gobierno le incomode escuchar las voces del pueblo.
En un contexto de pobreza creciente y familias enteras revolviendo la basura para comer, la respuesta oficial es represión. La violencia ejercida al detener y lesionar a Giuliani muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la policía de Llaryora para callar a quienes denuncian la indiferencia estatal.
El desprecio del gobernador por los trabajadores es claro: si no son sumisos, peor. No sorprende en quien inauguró su gestión como intendente de San Francisco con la cesantía de casi dos centenares de empleados. Hoy repite la misma lógica, pero con un aparato represivo más aceitado.
Sin embargo, el intento de silenciar al pueblo se estrella contra la realidad de las calles: numerosas organizaciones gremiales y sociales se movilizan para exigir la libertad de los dirigentes detenidos y reafirmar que la protesta es el único canal que les queda a los que no tienen voz en los despachos oficiales.
Porque reclamar no es delito, es un derecho. Le pese a quien le pese.
*Periodista. Foto El Doce.
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