El escándalo generado desde la propia Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) denunciando coimas deja al descubierto que no era necesario vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuando el costo era menos del 0,5 por ciento del PBI. Entonces, “la discusión deja de ser técnica y se vuelve ética”, dice el autor de esta columna .
Por Sergio Coria*
Argentina exhibe una legislación ejemplar en materia de discapacidad —Ley 22.431, 24.901 y la adhesión a la Convención Internacional (Ley 26.378) — pero esa letra no alcanza para tapar la realidad: prestadores sin cobrar, familias con deudas y un Estado que elige ajustar donde más duele.
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no fue un trámite más: es un acto político. Alegaron “insostenibilidad fiscal”, pero el costo era menos del 0,5 % del PBI. ¿No hay recursos o no hay voluntad?
La crisis humanitaria silenciosa
Hablamos de vidas en pausa: Familias que enfrentan decidir entre pagar una terapia o llevar comida a la mesa. Talleres protegidos que pierden sostén y cierran. Adultos mayores con discapacidad que, por auditorías “eficientistas”, pierden su pensión.
La ANDIS intervenida despierta desconfianza: de orden o de control político. Y el CUD se renueva con trabas burocráticas que dejan a muchos fuera del sistema sanitario y educativo.
Es aquí donde la acción del gobierno evidencia su ineptitud en la materia. Hay condiciones genéticas que no se pueden disimular ni se curan. De igual modo condiciones físicas incapacitantes que no tienen cura. Sin embargo para el gobierno también deben ser auditables y estás auditorías masivas solo desnudan un miserable método de ahorro en el marco de un salvaje plan de ajuste que siempre se cernió sobre los más vulnerables.
Derechos vs. Ajuste
El modelo asistencial focalizado —pensiones con criterios cada vez más restrictivos— es la respuesta oficial. Las organizaciones, por el contrario, exigen un enfoque de derechos humanos: presupuesto fijo, inclusión real y participación en las decisiones.
La derogación del baremo médico (Resolución 187/2025) sonó como un paso simbólico: decir basta a la patologización y reconocer derechos. Pero sin recursos, la ley se convierte en promesa vacía.
¿Qué futuro queremos?
La discusión deja de ser técnica y se vuelve ética:
¿Seguimos gestionando la discapacidad como crisis crónica?
¿O asumimos la inclusión como una prioridad social innegociable?
Con la aprobación de Ley de Emergencia con los dos tercios del Senado, se tiende un nuevo camino al que el gobierno pretende embarrar judicializando el tema con el sólo objeto de ganar un tiempo que no es otra cosa que prolongar el sufrimiento de los beneficiarios. No obstante el status de la Ley de Emergencia es de total vigencia y por ende el Ejecutivo está obligado a cubrir, de inmediato, las asignaciones. Seguramente ahora una lluvia de medidas cautelares recaerán sobre la ANADiS.
Una deuda con la dignidad
La discapacidad no es un tema sectorial; es el termómetro de la justicia de nuestra sociedad. Tenemos leyes de avanzada, pero nos falta voluntad política y presupuesto. La deuda es con la dignidad de miles de argentinos y argentinas hoy desamparados. Esa deuda no admite más excusas. Mientras, la ANDIS y los funcionarios del gobierno están siendo investigados por supuestos casos de corrupción con ribetes escandalosos.
Si algo ha enseñado la historia a los gobernantes es que la paciencia de pueblo tiene un límite.
*Periodista. Imagen ilustrativa: Perfil, Cedoc.
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