Este artículo es una aproximación a los incendios. Mejor, a su prevención, siempre ausente en nuestra provincia. Una especie de prefacio que nos sirva a todos, incluyendo a los funcionarios responsables, quienes ¿ignoran? la cantidad de leyes al respecto, las recomendaciones internacionales, los estudios científicos y técnicos locales, y la práctica de campesinos y pueblos originarios. Y sobre todo esto, la angustia de los pobladores que cada agosto se ven cercados por las llamas. El humo no se huele desde los despachos oficiales.
Por Graciela Pedraza*
-¿Campañas de prevención?, ¿para prevenir el fuego? Naaa… acá las únicas campañas que se hacen son para las elecciones.
La moza se ríe. Atiende una cafetería en Salsipuedes. Hay más respuestas así en esta informal encuesta callejera en las Sierras Chicas. El fuego llegó, como de costumbre, con el consentimiento de funcionarios, y aludimos aquí a Diego Concha, director de Protección Civil y al comisario Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático de la provincia de Córdoba.
Si los mencionamos es porque las llamas nos rodean año tras año sin que se vislumbren medidas de prevención imprescindibles; no existen. Las causas pueden ser varias: presión de inversionistas inmobiliarios, del agronegocio, de empresarios y comerciantes ligados a la construcción de rutas, casas o lo que venga. Se queman bosques y monte nativo para liberar tierras, y por lo tanto necesitan del fuego. Claro que también colaboran las prácticas ancestrales de calcinar para rebrote, la imbecilidad de los que tiran el pucho encendido desde el auto o los piromaníacos… Pero sobre todas esas causas prima el desinterés del poder político y la ausencia absoluta de la justicia, poco inclinada a poner las cosas en su lugar. O cerca de su lugar.
Respecto de leyes sobre prevención y manejo del fuego, hay tantas como entes creados, incluidas las recomendaciones dadas por instituciones locales e internacionales (1). No escasean. Falta aplicarlas. Esa decisión política nos libraría o atenuaría el horror de los incendios, las muertes, la destrucción de viviendas y -renglón aparte- la pérdida de la biodiversidad que condena irremediablemente a las futuras generaciones, aunque la Constitución Nacional, en su artículo 41, las ampare.
En los años 90 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) instaba a los gobiernos a establecer políticas de control del fuego, comprometiendo en esto a las comunidades – “componentes esenciales para lograr el manejo sustentable de las tierras”- al tiempo que pedía “alentar las prácticas de prevención”.
Sin embargo, hay un principio rector en la política provincial y es evadir que los ciudadanos nos reunamos para debatir cuestiones de interés público, dar nuestro parecer, cuestionar o exigir si es preciso. A los gobernantes eso les cae pésimo. Oídos sordos, cera acumulada en los escritorios, aunque es sabido que somos los vecinos quienes conocemos el barrio, el territorio, las sierras, montes, ríos y lagos.
¿Mejor curar que prevenir?
Dice Daniel Díaz Romero, periodista ambiental, que no se hace trabajo de prevención durante el año, “es preciso recorrer campo por campo, verificar que no haya pasturas heladas, advertir al propietario del material combustible, pastos y árboles secos, armar cortafuegos, abrir caminos en el monte para que entren vehículos y bomberos… ¿Cuestión de negocios?, no sé, pero con su inacción el gobierno alimenta estas sospechas. Además, los incendios del año pasado demostraron el absoluto desinterés por conservar los ecosistemas”.
Señala también Daniel algo interesante. “Hay una constante en la estructura oficial, y es que las cabezas de las áreas relacionadas con cuestiones ambientales son políticas, no son técnicas. En la Secretaría de Ambiente la cabeza es un abogado, Juan Carlos Scotto, le sigue una abogada, pero ningún biólogo, ningún ambientalista. Tanto esa Secretaría como policía ambiental o el plan provincial de manejo del fuego responden todos al gobernador.
Además, este es un gobierno que asocia el desarrollo con el asfalto. Es más importante gastar 80 millones en la mole de cemento del faro del parque Sarmiento, que hacer una campaña de ambiente. Mirada cortoplacista, insensible. Ni siquiera lo hacen por una cuestión de supervivencia, o por la calidad de vida de los cordobeses. Los sectores más humildes no pueden ir de vacaciones a Brasil o a Miami, apenas se trasladan veinte kilómetros para llegar al paredón del dique, a pasar el día y disfrutar del paisaje.
La cuestión ecológica está directamente relacionada con los sectores más vulnerables, el problema ambiental es un problema social. Ahora, para atender los intereses de determinados sectores de la provincia, ahí sí que no son sordos”.
Citar leyes o artículos suele ser denso, pero a veces resulta imprescindible teniendo en cuenta tanta charlatanería sin fundamento.
La 26815 (presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales) expresa claramente que para protegernos de incendios se deben instrumentar planes de manejo del fuego, y que estos tienen que contemplar “medidas de prevención, presupresión y supresión”. Recomienda usar los medios masivos de comunicación para aconsejar a la población e instruirla en estos casos y, sobre todo, prever los mecanismos de participación ciudadana en el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Y deja en claro que si algún propietario de campo impide el ingreso de los bomberos, cabe recitarle el artículo 18 sobre trabajos preventivos: “La autoridad competente determinará las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas obligadas a permitir la realización (…) de infraestructuras de prevención y combate, tales como vías de acceso, depósitos o reservas de agua, zona de aterrizaje de helicópteros u otras”.
El 7 de junio de este año, el sitio Sala de Prensa Ambiental publicó una entrevista a Gustavo Nicola, director de Operaciones de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba: “… hablan de política de prevención de los incendios forestales, pero es lo que tendría que haber hecho la Secretaría de Gestión de Riesgos durante todos estos años, porque desde el 2011 abandonaron todas las acciones preventivas. Cuando nació el Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF), se pagó a cinco bomberos por cuartel para que fueran campo por campo, entregaran folletos y controlaran que los cortafuegos estuviesen bien hechos (…). Después empezaron a sacar cosas; es la misma Secretaría de Gestión de Riesgos la que decidió que no se hiciera más” .
El diputado Dante Rossi (UCR) dice algo similar. “Soy tremendamente crítico y lo he manifestado en la Legislatura respecto a lo que hace el gobierno con los incendios. Se dejó de utilizar el sistema de vigilancia que había en los cuarteles de bomberos, donde algunos se tenían que dedicar exclusivamente a la tarea de vigilia. El gobierno sigue pagando esa tarea, pero ese bombero vigía ha dejado de existir y la tarea de prevención que se hace es poca. El gobierno remedia, ataca el incendio ya producido, pero hace muy muy poco respecto a la prevención. Mucho marketing, eso sí, mucha publicidad, y cuando uno busca resultados, no existen”.
En La Granja hay una reserva municipal donde trabaja la guardaparque Iara Zizzamia, que también participa en la brigada Colibrí.
“Yo no me enteré de ningún trabajo de prevención que haya hecho la provincia en el último tiempo, salvo alguna campaña por la tele pidiendo no tirar colillas, pero trabajo de campo no he visto. Para hacer esto se requiere analizar el historial de fuego de años anteriores, su comportamiento, y observar. Por ejemplo, el fuego venía de norte a sur y cuando llegó hasta aquí se frenó solo, ¿por qué se frenó solo? A lo mejor hay un río frenador. O vino de tal lado y se frenó en tal calle, o se escapó por este monte.
Lo principal es relevar el terreno, con mapas, con el conocimiento que tienen los pobladores, y una vez que tenés ese estudio, creás brechas o líneas cortafuegos estratégicas, quizás uniendo un río con una calle, cerrando una zona por donde siempre escapa el fuego. En ese punto se lo puede esperar y controlar que no pase para el otro lado. Si no se hace un relevamiento, ¿cómo sabremos dónde hay fuentes de agua?, ¿cuáles son los vecinos que tienen grandes tanques de agua o piletas de natación?, ¿o si es una zona de interfase con viviendas y monte? Aquí en La Granja los bomberos vienen haciendo un relevamiento, y con la brigada lo haremos, pero cuesta conseguir los fondos”.
Una ley en el limbo
¿De qué sirven las leyes si su aplicación es nula? ¿Si fiscales y jueces no obligan su cumplimiento? Por ejemplo, la ley 8.751 fija las normas y procedimientos del Plan Provincial para el Manejo del Fuego, que ahora depende del Ministerio de Seguridad. En el artículo 3 se especifican las funciones que debería cumplir la autoridad de aplicación (ministerio y Secretaría de Ambiente). Entre otras:
- a) Elaborar, implementar y controlar el Plan Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y/o Forestales.
- b) Elaborar el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio.
(…)
- f) Fomentar la formación de Consorcios de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y Rurales, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, los que deberán estar integrados por: productores y/o forestadores, cuerpo de bomberos voluntarios del lugar, incorporando en lo posible la figura del guardabosque en su constitución.
- g) Implementar campañas anuales de prevención de incendios.
- h) Fomentar programas educativos de carácter formal y no formal.
- j) Desarrollar un programa de investigación y experimentación en prevención, lucha y consecuencias de incendios.
(Observar que el punto “f” no menciona para nada a las comunidades, a los pobladores).
Y un poco más adelante:
Artículo 8.- EL Plan Anual de Prevención y lucha contra el fuego, tendrá en consideración los siguientes aspectos: a) Acciones de prevención y lucha contra incendios forestales y rurales.
Artículo 10º.- EL Plan Anual de Prevención y Lucha contra incendios en Áreas Rurales y/o Forestales y el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, deberán ser confeccionados dentro del primer cuatrimestre del año.
Es imprescindible mencionar que este último artículo fue olímpicamente ignorado, pese a las 270.000 firmas que acompañaron el reciente reclamo del Foro Ambiental Córdoba . ¿Qué intereses se ocultan detrás de un proyecto de devastación? Espurios, sin dudas. (2)Y viene a la mente entonces una frase del científico Guy McPherson que gira y gira desde hace tiempo: “Si creés que la economía es más importante que el medioambiente, intentá aguantar la respiración mientras contás tu dinero”.
*Periodista. Agencia Prensared. Fotos: Agencia Télam.
Notas:
1-Ley 25675 General del Ambiente – L. 25831 Información Ambiental – L. 26331 Protección Ambiental de Bosques Nativos – L. 26562 Control de actividades de Quema – L. 26815 Sistema Federal de Manejo del Fuego – L. 27604 modificatoria de la anterior.
2-Desde el 28 de julio último intentamos contactar a través de diferentes medios, al secretario de Ambiente, abogado Juan Carlos Scotto, y a Diego Concha, responsable del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Nadie contesta en los teléfonos fijos, en el 0800 correspondiente sólo toman denuncias de incendios, y los mails son bloqueados. Hasta el momento no hemos logrado el objetivo.
www.prensared.org.ar
