El Cels junto a otras organizaciones presentaron una carta a la Convención Constituyente provincial donde manifiestan su preocupación por “los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma y los graves problemas del procedimiento que llevaron adelante”.
Por Redacción*
El Centro de Estudios legales y sociales (Cels) emitió un comunicado conjunto con organizaciones de la sociedad civil donde advierte que la reforma constitucional aprobada entre gallos y medianoche busca “recortar derechos”. En un hilo de twit los explica punto por punto.Texto completo.
“El gobierno de Jujuy impulsó una reforma constitucional que se hizo a las apuradas y sin permitir discusiones fundamentales. Es una reforma que recorta derechos en lugar de ampliarlos. Por esas razones, un conjunto de organizaciones enviamos una carta a la Convención Constituyente para que se abran espacios de debate plurales.
“El proceso de reforma constitucional tuvo gravísimos problemas de procedimiento y de contenido. Los debates que debían extenderse durante 90 días fueron acotados a tres semanas. En todo momento se evidenció la falta de voluntad política para promover la participación de los distintos sectores de la sociedad y de generar espacios de discusión respecto de temas críticos para les habitantes de Jujuy. Los convencionales de la oposición fueron silenciados en sus reclamos, hasta el punto de que seis de ellos renunciaron ante la imposibilidad de dar debates.
“Tampoco se establecieron procesos que aseguren la consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas sobre cuestiones susceptibles de afectarlos, tal como corresponde según el Convenio Nº 169 de la OIT, un tratado internacional con jerarquía supralegal.
“El 31 de mayo de 2023 los representantes de siete pueblos indígenas (guaraní, okloya, tilian, omaguaca, kolla, quechua y chicha) presentaron una nota al bloque oficialista mayoritario de la convención constituyente, solicitando ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa. Ni siquiera fueron recibidos.
“Lo más grave es que estos obstáculos a la participación tienen como objetivo lograr aprobar lo más rápido posible un texto constitucional profundamente regresivo en relación a derechos humanos. Es la primera vez que esto ocurre en 40 años de democracia: hasta el momento, todas las reformas constitucionales, aún con sus problemas, habían dejado un saldo de ampliación de derechos. En el caso de la constitución que busca aprobar el gobierno jujeño, no sólo no amplía, sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente.
“Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta social hasta el punto de convertirla en una contravención grave, no se reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza.
“Con un grupo de organizaciones defensoras de derechos enviamos una carta a la convención constituyente expresando nuestra profunda preocupación por los procedimientos para llevar adelante la reforma. También manifestamos nuestro rechazo a los contenidos que implican un retroceso de derechos y un desconocimiento de normas de jerarquía superior, como la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Solicitamos que se cumplan los tiempos previstos para el debate y que se garantice la participación de todos los actores sociales que serán afectados si estas reformas regresivas avanzan.”
❌El gobierno de Jujuy pretende reemplazar el derecho a la protesta por un “derecho a la paz social”. Hoy quedó en claro qué entiende por paz social: represión. pic.twitter.com/pTrvlf28nH
— CELS (@CELS_Argentina) June 18, 2023
En la calle, organizaciones sindicales, sindicales y comunidades originarias salieron a protestar frente a la casa de gobierno y fueron reprimidos con balas de goma dejando como saldo personas detenidas.
[DESALOJO EN CASA PRINGLES]
Actualizamos:
Son al menos 6 las personas detenidas por la policía de la Ciudad. https://t.co/L4OdchlF1K pic.twitter.com/sjSDF9T3aH— CELS (@CELS_Argentina) June 17, 2023
Organizaciones firmantes: ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales); AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena); Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial); ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Amnistía Internacional Argentina; CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo); Consciente colectivo; ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen); FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia).
*Fuente: Cels cels.org.ar/ @CELS_Argentina Foto la Izquierda Diario.
