De un lado, el Ejército, el Poder Judicial y el gobierno de Mendoza. Del otro: familias campesinas con más de seis décadas de trabajar y habitar el territorio, que incluye monte nativo y ríos. El riesgo de ser desalojados y las sospechas sobre el avance de empresas extractivistas. “Cuidamos el agua, la Cordillera. Solo queremos seguir viviendo y trabajando acá”, explican.
Por Esteban Kraizer*
Con la imponente Cordillera de Los Andes como telón de fondo, a 120 kilómetros al sur de la capital mendocina se encuentran las 110 mil hectáreas del Campo Yaucha, una extensión de monte nativo, fronteriza con Chile, por la que pasan dos de las principales fuentes de agua dulce de la zona: los arroyos Yaucha y Papagayos. Lugar de vida de familias campesinas desde hace más de seis décadas y en riesgo de ser desalojadas.
En 1945, el Estado Nacional expropió estas tierras a Margarita Mosso de Casale, una aristócrata de la época que las había adquirido mediante una subasta. Según consigna la Ley de Expropiación y sus resoluciones posteriores, el Gobierno tomó posesión del Campo Yaucha con fines de uso militar estratégico, pero a la vez previendo el otorgamiento de derechos de uso y vivienda a las familias que ya se emplazaban en el lugar.
Si bien la posesión a las familias puesteras nunca se otorgó de forma estable o permanente, hay al menos diez de ellas que continuaron hasta hoy con su actividad productiva (cría de ganado principalmente) consustanciadas con el entorno natural y custodiando el agua, la flora y la fauna nativas.
En 1979, en épocas de la dictadura militar, el Ejército Argentino se “auto traspasó” la posesión de Campo Yaucha para realizar maniobras de entrenamiento y aprovechar su ubicación estratégica respecto al país trasandino, con quien un año después se desataría el conflicto fronterizo que casi deriva en un enfrentamiento bélico.
Con el paso del tiempo y la recuperación democrática, el Ejército fue abandonando la utilización de esas tierras, manteniendo igualmente el cobro a los puesteros de un derecho de pastoreo de animales (que hace algunos años tuvieron que dejar de pagar por lo elevado del monto y por las irregularidades observadas respecto a la honestidad de los cobradores).
En el 2012, el Ejército completó la retirada del Yaucha pero a la vez inició acciones legales contra las familias puesteras con el fin de “recuperar” las tierras. En paralelo, empezaron a desarrollarse en la zona actividades de la agroindustria extractivista con la adquisición de grandes extensiones de campo por parte de compañías multinacionales. Entre ellas Simplot-San Fili, una de las empresas de producción de papa congelada más grandes del mundo.
En los últimos dos años las causas judiciales llegaron todas a sentencia de desalojo sin distinciones ni observaciones. Y a partir de marzo de 2024 —y luego de respuestas, recursos y apelaciones interpuestas por algunas de las familias puesteras—, comenzaron a llegar las órdenes de desalojo a pesar de que la mayoría habitaron estas tierras por más de tres generaciones.
“Este puesto lo hizo mi papá hace más de 60 años. Nos criamos todos los hermanos y quedé yo. Ahora con mis hijos y nietas. Desde hace un tiempo venimos teniendo problemas y estamos muy apenados, tristes, porque el Ejército nos quiere desalojar y tirarnos a la calle”, explica Pedro Salinas, desde el campo que trabaja y donde vive.
Remarca que no pueden ni imaginarse qué hacer si los “tiran a la calle”. Recuerda que desde hace cinco años que están sobreviviendo frente a la sequía. “Cuidamos el agua, la Cordillera. Si no hubiera sido por nosotros todo este lugar estaría lleno de empresas extranjeras. Solo queremos seguir viviendo y trabajando acá”, señala. Y solicita que los funcionarios municipales o provinciales los escuchen.
Es clara la amenaza ambiental que implicaría el traspaso de esta reserva de monte nativo a manos de la minería o la agroindustria. Ninguna autoridad gubernamental puede explicar cuál es la finalidad real del desalojo a los puesteros. Las oportunidades de negocios se multiplican desde la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la Ley Bases hace apenas algunas semanas.
También florecen las especulaciones en relación a las internas y los vínculos, amores, lealtades y deslealtades entre el gobierno municipal de San Carlos, el provincial del radical-PRO Alfredo Cornejo (hoy cercano a Javier Milei) y la pata mendocina en la Casa Rosada que representa el Ministro de Defensa y responsable del Ejército, Luis Petri (competidor de Cornejo en la interna derechista mendocina).
Mientras tanto, la mayoría de las familias campesinas se organiza y da la pelea a través de Crece desde el Pie, una agrupación local no partidaria de productores sin patrón, que practican la agroecología y se pronuncian a favor de la soberanía alimentaria y la defensa irrestricta del agua y los bienes comunes.
A partir de la intervención de esta organización, los puesteros históricos lograron dilatar las causas judiciales y forzar a las partes implicadas a la apertura de una mesa de diálogo con el fin de suspender los desalojos y buscar soluciones estables y de arraigo permanente para las familias puesteras de Mendoza.
*Licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, periodista y docente. Fuente Agencia Tierra viva https://agenciatierraviva.com.ar/tierras-de-turismo-vinos-y-desalojos-campesinos/ Fotos Crece desde el pie.
www.prensared.org.ar
