Recordar a José Luis Cabezas

“Luego de José Luis, no hubo más homicidios políticos de periodistas, algo a considerar en América Latina”, afirma el abogado que impulsó la causa. En este artículo rememora el crimen del reportero gráfico, analiza el contexto, y recorre la investigación al inicio a cargo de la “maldita” Policía Bonaerense y la participación de ARGRA que logró estar presente en el juicio oral.

Por Miguel Gaya*

La incubación de un homicidio. En 1996 el segundo mandato de Carlos Menem ya había perdido el encanto que le facilitó la reelección un año antes. Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad, se había ido del gobierno en julio, y relanzado su figura con denuncias que pusieron a la corrupción política en la agenda pública. En ellas nombra a Alfredo Yabrán, jefe, en sus palabras, de todas las mafias vinculadas al gobierno. Supuestamente, era el encargado de ingresar al circuito económico los retornos de la corrupción política derivados de las privatizaciones. Se dijo que detrás de esas denuncias estaban la DEA y “La Embajada”, alertadas de narcotráfico, y que era también una disputa por el poder y la influencia geopolítica.

Las denuncias estuvieron acompañadas de una profusa campaña de prensa. Entre los medios que las impulsaron estaba la revista Noticias, del grupo Perfil. En febrero de 1996 había publicado una foto en tapa de Alfredo Yabrán, en la playa de Pinamar. El rostro huidizo de la corrupción se hacía visible. “Fue como un balazo en la frente”, dicen que dijo Yabrán. El autor de la foto fue José Luis Cabezas.

Matar un hombre

En la madrugada del 25 de enero de 1997 fue secuestrado al salir de una fiesta del empresario postal Oscar Andreani. Su cadáver esposado, con signos de haber sido ferozmente golpeado, fue hallado con dos balazos en la cabeza dentro de su auto incinerado. Había sido abandonado a la vera de un camino rural, por donde habría de pasar horas más tarde el gobernador Eduardo Duhalde.

Pinamar era el balneario de la clase política y empresarial. No había lugar con mayor concentración de políticos, funcionarios, celebridades y empresarios, ni con mayor seguridad. Y esa noche, el lugar más custodiado fue la casa de donde se fue José Luis Cabezas. Desde allí lo siguieron y secuestraron. La reconstrucción posterior dio cuenta de llamadas de alerta, custodios de casas vecinas reportando ronda de autos sospechosos, y un sinfín de notas ominosas. Nada quedó registrado en la comisaría de Alberto “La Liebre” Gómez.

La investigación del homicidio quedó en manos de la “Maldita Policía”, como la bautizara famosamente Ricardo Ragendorfer, la que se gobernaba a sí misma y de paso autofinanciaba el ascenso social de sus mandos. A media mañana llegó a la escena del crimen el voluminoso comisario de Madariaga, quien dispuso un colchón a la sombra de un árbol y desde allí ordenó las primeras diligencias. Para el mediodía, habían pasado por allí centenares de policías, bomberos, periodistas, pobladores y turistas. “Parecía que había pasado una manada de vacas”, declaró durante el juicio un funcionario de la policía científica. ¿Impericia, negligencia, actos deliberados para destruir evidencia? Desde el primer día la investigación policial arrastró esa sospecha.

La consternación inicial por el asesinato se transformó en exigencia de justicia. En la misma proporción, el apuro por cerrar la investigación crecía para los investigadores y el poder político. El primer intento tuvo todos los condimentos de los (mal) usos policiales: un convicto señaló sin mayores pruebas a un grupo de delincuentes improbables, las pruebas fueron apareciendo en el camino, en la mano de los investigadores. No solo el armado era estrafalario, tenía hasta “los sospechosos de siempre” más bizarros que pudieron encontrar: “Los Pepitos” era una banda de proxenetas menesterosos del puerto de Mar del Plata. Igual fueron aceptados e imputados del crimen por el juez de instrucción de Dolores.

Cuando hizo agua la fabulación, y cuando recrudeció el reclamo de justicia, entró a escena la “Banda de los horneros”, de la mano de un senador duhaldista. Comenzó la etapa de “control de daños”: entregar perejiles, procurar que no se desmorone todo, sembrar la causa de nulidades, y procurar que nadie importante pague nada.

La Armada Brancaleone

Para entonces, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) languidecía en una oficina prestada. Se movilizaba una vez al año en la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que había sido un hito de la libertad de expresión a fines de la dictadura. Pero los nuevos vientos morales del menemismo la habían malherido. Una nueva generación de fotógrafos, nacida al calor de la “farandulización” de la vida pública, le daba la espalda a una organización que les sonaba vetusta.

Buenos Aires, febrero de 1997, Marcha en reclamo por justicia por Jose Luis Cabezas FOTO Diego Sandstede Fototeca Argra

Curiosamente, José Luis Cabezas parecía calzar bastante bien en los nuevos tiempos. Lo diferenciaban, sin embargo, su celo profesional y una mirada reveladora. Es leyenda su fotografía del entonces jefe de la policía bonaerense, Pedro Klodczyk, tomada desde arriba de su escritorio. La mirada del jefe al fotógrafo resulta más escalofriante que las denuncias que forzaron su retiro.

En la prensa y ARGRA había un fundado temor a que la investigación del homicidio sería fraudulenta. Apenas asesinado José Luis, su compañera aún en shock había designado a los abogados de la Editorial Perfil para que la representaran, y un abogado solitario acompañaba a los padres. Pese a los esfuerzos de ambas querellas, la instrucción la decidía la policía sospechada de planificar y ejecutar el homicidio, o al menos facilitar su impunidad. Desde el punto de vista de ARGRA, no estaban dadas las garantías para una investigación independiente.

De las primeras movilizaciones espontáneas, que se comprendió no harían sino menguar, se pasó a una reflexión colectiva sobre los modos de sostener la protesta y la vigilancia sobre la investigación. A los pocos meses, una nueva Comisión Directiva definió los ejes de la estrategia y adoptó el lema que haría visible el reclamo: “No se olviden de Cabezas”. El pequeño folleto, que devendría icónico, llevaba la frase y el retrato de José Luis. Se entregaba en todas las coberturas periodísticas, fuera quien fuera el retratado, para que posaran con él. Al dorso, quien levantaba el folleto podía leer la segunda parte de la consigna: “La impunidad de su crimen será la condena de la Argentina”.

El intento de achacarle el crimen a “la banda de Los Pepitos” recién pudo ser desbaratada cuando ARGRA y el gremio de prensa UTBA denunciaron en una conferencia de prensa las inconsistencias del armado, pero sobre todo sus intenciones. Allí ARGRA manifestó que el crimen se había cometido “desde la impunidad, para demostrar impunidad, y para garantizarse impunidad”. Dentro del radar ya estaban tanto la policía bonaerense como Alfredo Yabrán.

Fotografxs de ARGRA instalan una gran fotografía de José Luis Cabezas en la ex ESMA, enero de 2017. Foto: Daniel Vides / Fototeca ARGRA

Mes a mes, por años, ARGRA sostuvo el reclamo y la presión. Acompañada por el gremio de prensa, y centenares de periodistas, connotados y noteros, la protesta permanecía visible. Hubo, cada mes, un acto diferente. Se hicieron sonar las sirenas de las estaciones de bomberos. Se paralizaron decenas de esquinas de Buenos Aires y de ciudades del interior, haciendo sonar las bocinas. Los jugadores de fútbol ingresaban a la cancha con un cartel adosado a globos negros, que dejaban elevarse en el estadio. Meses después, se repetía el mismo esquema en el Obelisco y en lugares emblemáticos de las provincias. Se ocupaban las plazas con velas y carteles. Se paralizó, por única vez en su historia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en un minuto de silencio sobrecogedor. En las pantallas de la televisión abierta, en los programas de radio, centenares de periodistas repetían “No se olviden de Cabezas” cada mañana, cada noche. Miles y miles de ciudadanos, en todo el país, acudían a las marchas incesantes.

Tendrás un juicio justo

La constante presión social logró lo que parecía imposible: el resquebrajamiento del blindaje a los responsables. La irrupción de la “banda de los horneros” estuvo destinada a acotar los daños, con un esquema conocido: confesiones parciales y contradictorias, un techo a las investigaciones y una causa que habría de caerse durante el juicio oral, o una sentencia plagada de irregularidades que permitiera luego eludir la condena.

En esta etapa ARGRA se plantea estar presente en el juicio oral, por su propio derecho. Por primera vez en Argentina, una asociación civil fue aceptada como parte querellante en un juicio penal, en defensa de los intereses de sus asociados. El trámite recién es aceptado con la instrucción elevada a juicio oral, por lo que no se pudo discutir ni impulsar líneas de investigación. Pero se podía participar de los debates y ponderar las pruebas. Para realizar con eficacia la tarea, se firmó un acuerdo de colaboración técnica con el CELS.

Rosario Madres de Plaza de Mayo acompañan acto en reclamo de justicia por Jose Luis Cabezas. FOTO Fototeca ARGRA

El juicio se celebró sobre una causa limitada, que encartaba solo a los autores auto inculpados, con base a sus testimonios, y a pocos cómplices más. La elevación a juicio estaba plagada de inconsistencias, listas para ser aceptadas como prueba y luego diluirse en una segunda instancia. La acusación se basaba en una hipótesis pueril (el enojo de Yabrán por la fotografía que le tomara la víctima), pero básicamente dejaba afuera la vasta conspiración necesaria para el homicidio. Pese a ello, con una labor conjunta entre la fiscalía y las querellas particulares, y con la decisiva presencia e idoneidad del CELS, la sentencia fue consistente y completa. Todos los acusados principales resultaron condenados, la imputación ratificó la conspiración para asesinar, basada en un autor intelectual identificado, y con los fundamentos suficientes como para no poder ser controvertida luego. Quedaron fuera más de una docena de policías bonaerenses, y otros tantos miembros de la fuerza de seguridad de Yabrán, que fueron señalados por ARGRA en el juicio como cómplices y encubridores.

Pocos días antes de su imputación como autor intelectual, en mayo de 1998, Alfredo Yabrán se suicidó en un campo de su propiedad, cuando iba a ser detenido por la policía. No pudo ser llevado a juicio, pero antes de morir comprobó la soledad a la que lo había condenado el poder. Unos meses antes había traspasado gran parte de sus empresas al inasible grupo de inversión Exxel Capital Partners VLP, con sede en las Islas Caimán. La fortuna que legó a su familia fue estimada en unos mil millones de pesos/dólar. Un veinte por ciento de la fortuna global que la prensa le atribuía. Una diferencia llamativa. Pareció, más que una venta, un discreto pase de las empresas a sus dueños ocultos.

Acto en reclamo de justicia a un mes del asesinato del fotoperiodista.  Foto: Patrick Liotta

Todos los condenados, en particular los marginales que se auto inculparon, siguieron siendo asistidos puntillosamente por sus abogados luego de la sentencia. Pese a sus intentos, no lograron revertirla, pero sí fueron consiguiendo para sus pupilos todas y cada una de las garantías que la ley pone al servicio de la reinserción de los condenados. Cumplidas sus condenas, todos gozan de su libertad.

25 años no es nada

Es difícil realizar un balance de lo logrado, no solo en el juicio, sino y sobre todo en el campo social, sin entrar en consideraciones contra fácticas. En primer lugar, de haberse consolidado la impunidad del crimen de José Luis, resulta imposible medir el poder que hubieran ganado tanto la temible policía de entonces, como el propio grupo disimulado detrás de Yabrán. Tampoco resulta sencillo medir cuáles habrían sido las consecuencias para la prensa en general, y para la vida en particular de los periodistas. Luego de José Luis, no hubo más homicidios políticos de periodistas, algo a considerar en América Latina.

Norma y Gladis Cabezas junto a reporterxs graficxs durante el camarazo al cumplirse 10 años del asesinato de Cabezas, Pinamar 2007. Foto: Martin Zabala/ Fototeca ARGRA

Con respecto a la masiva respuesta social al crimen, solo cabe enmarcarla en la mejor tradición argentina en defensa de sus derechos, desde la recuperación de la democracia y los derechos humanos hasta hoy, cuando se juega la calidad ética y social del estado de derecho.

En cuanto a la lucha de ARGRA y sus asociados, y en particular a su Comisión Directiva de entonces, sólo cabe consignar que son “dignos para siempre de nuestro respeto”, como cierra Joseph Conrad su novela “Tifón”.

Para Osvaldo Barattucci, in memoriam.

Alfredo Yabrán camina junto a su esposa en la playa de Pinamar. Foto José Luis Cabezas.

* Abogado y escritor. Asesor legal de ARGRA desde 1996; representó a la asociación en el juicio oral por el homicidio de José Luis Cabezas. Fuente: Revista Haroldo. Fotos Gentileza Fototeca ARGRA.

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