El Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, propone que se regule el derecho constitucional a la protesta. Lo dijo en declaraciones a la prensa – luego de una masiva movilización del gremio municipal- utilizando el clásico argumento de la libertad de circulación. Aquí la respuesta de un trabajador de prensa.
Por Luciano Salerni*
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló hoy en Cadena 3 que hace falta en Córdoba una “ley anti-piquetes” que regule el derecho a la protesta.
“El derecho a la protesta es constitucional -reconoció- pero en contraposición está el derecho de la gran mayoría que no protesta, que quiere circular, llevar a sus hijos al colegio y desarrollar su vida”.
Lo dijo tras la manifestación de los trabajadores municipales frente al Tribunal de Faltas de la ciudad capital, que implicó el corte de la circulación vehicular sobre las avenidas Colón y General Paz.
Es excelente el señalamiento del funcionario. La gente en general solo quiere desarrollar su vida normalmente. Y la protesta es una excepcionalidad cuando, justamente, no puede hacerlo debido a condiciones que no las han elegido sino que se las han impuesto. A saber, sus ingresos son menores que los costos básicos de la vida: alimento, ropa, educación, luz, gas, vivienda. Es sencillamente una ecuación de precios relativos: salarios bajos o sin salarios vs gastos para desarrollar una vida normal.
Cuando la excepcionalidad se convierte en normalidad, estamos en un problema. Y eso es lo que debiera reconocer y solucionar el funcionario. La gente no protesta por deporte sino porque no puede desarrollar su vida.
Quinteros podría pedir ir a fondo con eso y pedir una ley anti-miseria: cualquier salario / ingreso tiene que estar como mínimo al precio de una canasta básica total.
Supongo que no hace falta engrosar éstas líneas con los resultados que arrojan las encuentras al respecto. La más importante de todas, porque objetiva cómo estamos viviendo más allá incluso de lo que opinemos al respecto, es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Le recomiendo que vea ahí los precios relativos, Quinteros, solo de eso se trata. Porque en definitiva, el aceite es una mercancía que tiene su precio y el salario también. La electricidad domiciliaria es un servicio público que también tiene su tarifa (costo más rentabilidad) y las personas no asalariadas también venden un servicios en los mismos términos.
Señor funcionario, si no lo sabe, si no está para eso, renuncie. Publíquese y comuníquese al Sr. Gobernador que en definitiva, de eso se trata: darles a los ciudadanos la seguridad de que al menos podrán desarrollar su vida.
Con todo, la declaración de Quinteros podría haber sido otra. Por ejemplo, el derecho a la protesta es constitucional y los ciudadanos lo ejercen porque la situación económica no les está asegurando desarrollar su vida, ir a trabajar y llevar sus hijos a la escuela con normalidad. Vamos a ir a fondo con eso. Al menos así, Quinteros no estaría peleando contra su pueblo sino a favor de él.
Pero cada uno elige qué equipo integra y de qué lado quiere estar.
*Periodista, secretario de Organización del Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Córdoba (Cispren). Foto Hoy Día Córdoba.
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