El gobierno de Milei envió un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a niños y niñas a 13 años. Ante esta discusión la Iglesia católica de Córdoba fija posición sobre el tema. Documento.
Por Redacción*
El texto señala la complejidad del tema desde preguntas amplias que involucran a la sociedad en su conjunto y al estado. “Penalizar no es la solución”, expresan desde las vicarías de los pobres y jóvenes y la Pastoral social, de la Iglesia Católica de Córdoba. Como sociedad y Estado “ha de preocuparnos y ocuparnos responsablemente buscar y encontrar soluciones verdaderas a la problemática de prácticas delictivas por parte de menores”, expresa en uno de los tramos.
A días de ingresar al mes de las infancias, el mencionado documento describe y reflexiona en torno al proyecto de Javier Milei enviado al congreso de la nación que plantea bajar la edad de imputabilidad a niños y niñas a 13 años como solución a la inseguridad. A la vez, analiza las responsabilidades que le caben al gobierno y a la sociedad en su conjunto. En ese orden, sostiene que es fundamental que el estado se encargue de “fortalecer a las familias” asegurando el acceso a derechos básicos como la tierra, el techo y el trabajo. Garantizar además la alimentación y la salud. Brindar capacitación en todos los niveles de educación pública, promover y crear espacios de socialización a través del deporte, las artes, el trabajo comunitario, la recreación, las diversas manifestaciones culturales, entre otras propuestas y análisis sobre el mencionado proyecto cuestionado por diversos sectores de la sociedad.
Ante la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad de los menores en nuestro país, queremos expresar, de manera respetuosa pero con claridad, nuestra posición al respecto:
Consideramos que la realidad de los menores que delinquen debería ser abordada en toda su complejidad, poniendo el foco, principalmente, en el entramado de circunstancias socioeconómicas, psicológicas, familiares y culturales que están en su génesis.
Penalizar no es la solución. Lo que, como sociedad y Estado, ha de preocuparnos y ocuparnos responsablemente es buscar y encontrar soluciones verdaderas a la problemática de prácticas delictivas por parte de menores.
Esta realidad dolorosa y compleja, ¿no es un mensaje que nos interpela a todos y nos desafía a descifrarlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo, a escuchar el clamor que se levanta cada vez que un menor delinque?
Los menores que delinquen no son “aerolitos caídos de arriba”, tienen conexiones con los medios en los que crecen y viven y con los contextos socioeconómicos que los atraviesan.
Nos preguntamos: ¿Hemos indagado acerca de las causas y factores que llevan a esta salida? ¿No corresponde, primero, que nos preguntemos cuál es la parte de responsabilidad que nos toca a nosotros, los adultos?
No es racionalmente serio concentrar en la persona individual del menor la responsabilidad de su comportamiento, eximiendo o dejando de lado la incidencia del contexto en el que se desplegó su biografía.
La mayoría de los menores que delinquen viven en condiciones de pobreza y, en muchos casos de miseria extrema, situación que solo se profundiza con la crisis económica cuyas primeras víctimas son las personas excluidas de un sistema que se beneficia del individualismo.
Algo tiene que cambiar en nuestra sociedad y en nuestra cultura actual. Pensemos con fundamentos si bajar la edad de penalización contribuirá a erradicar la delincuencia de los menores o si, por el contrario, sólo satisfará reclamos de venganza, aumentará los resentimientos y profundizará esta herida social.
¿No será un camino mucho más humano, justo y constructivo, reconocer que hay una evidente –aunque no asumida- responsabilidad social ante esta problemática, hacernos cargo, estudiar interdisciplinarmente sus causas y elaborar estrategias eficaces de solución?
Estamos en contacto y también sufrimos con quienes son víctimas del actual escenario de inseguridad, violencia y delitos, también cuando son perpetrados por menores.
Conociendo directamente el dolor de las víctimas, estamos convencidos que la solución no es bajar la edad de imputabilidad.
Mejor es prevenir.
Porque creemos en la dignidad infinita de todo ser humano, y confiamos en sus posibilidades de superación proponemos que, como sociedad y Estado, no nos resignemos ante la penosa realidad de los menores que delinquen, sino que, con esperanza, invirtamos todos los recursos que sean necesarios para: fortalecer a las familias, asegurándoles el derecho a la tierra, el techo y el trabajo (las 3 T); hacer llegar a todos la necesaria seguridad alimentaria y las condiciones de salud integral; alentar, sostener económicamente, ofrecer capacitación a todos los niveles de educación pública; promover espacios de socialización integradora mediante el deporte, las artes, el trabajo comunitario, la recreación, las diversas manifestaciones culturales, mediante la asignación de los presupuestos necesarios.
Estas son sólo algunas propuestas formuladas positivamente; con seguridad, podrá haber muchas otras. Agosto es, en nuestro país, el mes de las infancias.
Somos testigos del sufrimiento que están padeciendo hoy muchos, muchísimos niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, que no tienen para comer.
También somos testigos de los esfuerzos que hacen las organizaciones sociales, parroquias, comunidades evangélicas, comedores populares, para ofrecerles un plato de comida, un abrazo y una sonrisa.
Desde estas experiencias que evidencian la vulneración de los derechos de las infancias, nos duele que alguien piense en bajar la edad de imputabilidad de los menores en vez de cuidar la vida que crece, “preciosa a los ojos de Dios” (Is 43,4), dándoles oportunidades de crecimiento responsable y abogando por sus derechos.-
*Agencia Prensared. Foto NA.
