Esta nota destaca que el retroceso en materia de protección del ambiente, resistido a nivel nacional, ya sucedió en Córdoba en 2022, cuando la provincia “flexibilizó la Ley de Política Ambiental que protegía su patrimonio natural”. Luego, impulsaron “modificaciones regresivas que eliminaron límites y prohibiciones para los delitos”. Fuerte rechazo de las organizaciones ambientales, asambleas de vecinos y referentes provinciales.
Por Daniel Díaz Romero*
El Decreto de Necesidad y Urgencia -vigente desde el 29 de diciembre de 2023- y la malograda Ley Ómnibus impulsada por el gobierno nacional vienen provocando reacción y rechazo a las modificaciones que se proponen sobre las leyes ambientales de nuestro país.
Este retroceso en materia de protección del ambiente, resistido a nivel nacional, sin embargo ya sucedió en Córdoba: en agosto de 2022 la provincia flexibilizó la Ley de Política Ambiental que protegía su patrimonio natural. Hace un año y medio el Estado provincial promovió modificaciones regresivas que eliminaron límites y prohibiciones para los delitos ambientales. La ley 10208 fue modificada de manera intempestiva en una sesión exprés, como suele suceder en la legislatura provincial.
Flexibilización a la Cordobesa
¿Qué aprobaron los legisladores oficialistas -a mediados de 2022- con la velocidad de quien tira una piedra y sale corriendo? Las modificaciones que ejecutaron a la Ley 10208 eliminaron exigencias para la presentación obligatoria de Estudios de Impacto Ambiental y convocatorias a Audiencias Públicas para los casos más sensibles en materia socio-ambiental de nuestra provincia.
Un verdadero caballo de Troya para proyectos irracionales, en favor de corporaciones inmobiliarias, grandes empresarios rurales, empresas constructoras viales y compañías de telecomunicaciones, tal como sucede desde hace décadas en territorio provincial. De idéntica forma que en la órbita nacional, el proyecto fue promovido por el Poder Ejecutivo de la provincia.
En Córdoba una vez más, las leyes ambientales se hicieron y deshicieron entre gallos y medianoche, con la presentación de hechos consumados precedidos de poca información y sin lugar para la participación de organizaciones, ciudadanos, ni referentes en el tema.
Como en los últimos 30 años, se decidió el porvenir de los ecosistemas del territorio provincial y la suerte de quienes lo habitan con sorpresivas flexibilizaciones, engendradas a escondidas de la sociedad y que -desde entonces hasta hoy- reducen obscenamente la protección de los bienes naturales y sus servicios en el territorio provincial.
Hecha la ley
Elefantes e un bazar
En Córdoba, desde hace décadas, los organismos públicos se parecen más a unidades de negocios -con su respectivo cotillón ecológico- que a cuerpos gubernamentales ocupados en la conservación de los ecosistemas, de sus servicios ecosistémicos y de la prevención de los delitos ambientales. Cada tanto instalan, sin muchas luces, medidas que se corresponden con un pensamiento mágico-milagroso: “Obligaremos a restaurar las áreas desmontadas”, en vez de detener los desmontes; “plantaremos mil árboles en las zonas incendiadas”, como si plantar árboles equivaliera a injertar un bosque; “construiremos un acueducto para traer agua del Paraná a Córdoba”, en vez de ocuparse de cuidar las cuencas hídricas provinciales y los espejos de agua contaminados.
El rechazo de organizaciones ambientales, asambleas de vecinos y referentes provinciales, una vez más fueron ignoradas. Sin embargo, no dudaron en advertir que el gobierno de Córdoba «habilita más desmontes para loteos, rutas, caminos y producción agroindustrial contaminante, acopio de insumos agrícolas (semillas transgénicas y curadas, agrotóxicos) en áreas urbanas y minería a cielo abierto. Es evidente que las modificaciones tienen como único objetivo eliminar exigencias para desarrollar ciertas actividades que, no solo favorecen a los desarrollistas inmobiliarios y megaempresarios de la agroindustria y al sector minero, sino que son perniciosas para la vida de las personas, provocando más enfermedad y empobrecimiento en las poblaciones, tanto urbanas como rurales».
*Periodista. Fuente: https://www.periodismoambiental.com.ar/ Foto y placas Sala de prensa ambiental (SPA), periodismo con agenda propia.
www.prensared.org.ar
