Los municipios de Punilla cometieron delito al aprobar el paso de la autovía

Una denuncia pública y administrativa asegura que se violaron todas las leyes de participación ciudadana y de acceso a la información. Duras críticas a intendentes y concejales. Este viernes, a las 10, se movilizan junto a otras organizaciones para frenarla licitación lanzada por el  gobierno provincial pese a que el poder judicial no se expidió. La consigna expresa que “Sin respuesta judicial no hay licitación”. Será en la entrada del Camino de las Sierras.

Por Katy García*

Un trabajo de investigación participativa realizado por las  Asambleas socioambientales del Valle de Punilla  será presentado ante organismos del estado nacional, entidades internacionales y medios de comunicación. Las conclusiones a las que arribaron  les permite afirmar que “todos los municipios de Punilla cometieron delitos al aprobar el paso de la autovía” ya que “violaron todas las leyes de participación ciudadana y de acceso a la información” para avanzar en una megaobra cuestionada por los pueblos afectados. Mujeres  y hombres comprometidos con esta lucha advierten que tanto los Intendentes como los integrantes de los Concejos Deliberantes “se movieron sigilosamente escondiéndose de los habitantes de sus pueblos”.

La recolección y el análisis de los datos obtenidos sintetizan los pasos dados por las asambleas en una pelea desigual para obtener información y poder participar de un proceso que les fue negado. Estas experiencias volcadas en un informe serán enviadas al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ); al ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié; a Santiago Azulay, Presidente del Concejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA); al Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel y al secretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Juan Carlos Scotto. También lo recibirán Sergio Díaz-Granados, Presidente de la Confederación Andina de Fomento (CAF); Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Michelle Bachelet, Relatora de las Naciones Unidas, y los medios de comunicación.

De la lectura salta a la vista que hubo un marcado desprecio por las opiniones de la ciudadanía por parte de alcaldes  y concejales toda vez que realizaron sesiones a escondidas y ocultaron la verdad negando incluso haber firmado permisos cuando en realidad lo habían hecho.

Un punto a destacar es la conformación de la Mesa de Trabajo oficial, presidida por los ministros Facundo Torres (Gobierno) y Ricardo Sosa (Obras Públicas) con Jorge Alves quien les proveía información sobre la obra que los funcionarios le ocultaron a los habitantes de cada localidad o ciudad. “Hay intendentes que aún hoy dicen no tener información sobre la obra, a pesar de estar informados en detalle e inclusive están negociando obras accesorias en cada municipio, como accesos y rotondas”, sostiene un tramo del extenso informe. Al mismo tiempo sostiene que los ediles  “obedecieron ciegamente lo indicado por los intendentes”.

El mayor cuestionamiento es la falta de debate sobre la Factibilidad del suelo como debería haber sido. Tampoco se hicieron estudios indispensables sobre las cuencas, la traza que atraviesa zonas incendiadas, proyecciones demográficas,  urbanizaciones, consultas a especialistas e idóneos y a personas afectadas. Ala vez,  observan que  las comunidades originarias de Punilla no fueron tenidas en cuenta ni se les realizó una “consulta previa, libre e informada” como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo “el más importante instrumento legal internacional que garantiza los derechos indígenas”.

Precisa además que no se puede ejecutar una obra que goza del repudio vecinal porque viola el artículo 41 de la Constitución Nacional y todas las leyes de protección del ambiente. Tampoco  si el poder judicial  no tuvo en cuenta los amparos presentados desde 2017; y mucho menos cuando los  Estudios de Impacto Ambiental (EIA) presentaban falencias. Las autoridades tampoco escucharon la voz ciudadana expuesta en la Audiencia Pública donde “el 90% de la población rechazó el proyecto”. No obstante, pese a lo expuesto, otorgaron el permiso denominado “Factibilidad de Localización y Uso conforme de suelo” avalando “sumisamente” las decisiones del gobernador Juan Schiaretti.

El estudio muestra un listado de “nuevas ilegalidades” donde quedan expuestas “la violencia de los gobiernos, la falta de democracia y el desprecio a las poblaciones”.  En ese sentido, a manera de reflexión, afirma que “la falta de respeto a las leyes es una forma de violencia, generadora de mayor violencia” cuestiones que deben ser observadas y corregidas. Porque está claro que promover “la ilegalidad, la corrupción y la impunidad” genera mayores violaciones a las leyes, descreimiento social en las instituciones y más violencia sobre las poblaciones.

A espaldas del pueblo  

Cómo se logró obtener la autorización en cada lugar. En San Roque, el jefe comunal  Jorge “Tito” Bustamante  firmó la factibilidad el 28 de febrero de 2021, a espaldas del pueblo -junto a la ex mandamás Rafaela Espinosa, actualmente secretaria- negaron “una reunión abierta” para informar a la población. No respondió una nota presentada en agosto de 2021 y tampoco tuvo en cuenta la propuesta de un grupo de vecinos que no se oponía a la autovía pero que había ideado un proyecto que “no afectara al pueblo y la plaza federal que es un punto turístico importante”. Es bueno recordar que esta población fue afectada por una obra mal planificada que “comenzó de forma engañosa en 2017” ocultando que el tramo de la Autopista Córdoba – Carlos Paz hasta San Roque “era el inicio de una megaobra” que llegaba hasta la ciudad de La Cumbre. En esa línea advierte que el actual puente De La Sota y su bajada a la carretera E 55 no tuvo las auditorias de control durante la ejecución, que recién fueron publicadas a fines del 2019 demostrando “la poca seriedad del Plan de manejo ambiental y social pensado, supuestamente, para evaluar y remediar el impacto que este tipo de obras contiene”.

Señalan que hubo falta de  información sobre las inundaciones de 2018 que afectaron a vecinos de la zona. En este punto expresan que no se hicieron  estudios hidrológicos sobre los desagües lo cual motivó que la autovía “fuera revocada, en un hecho histórico, en una sesión extraordinaria en 2018, a sala llena repleta de gente”.

Bialet Massé

En este lugar el Concejo Deliberante realizó una “sesión extraordinaria secreta, sin público ni prensa, para aprobar la factibilidad” que carece de “opinión fundada como lo pide la ley” y se limita a un texto genérico. Por otra parte las autoridades “no llamaron a audiencia pública como lo pide la Ordenanza 907/07” de modo que no se publicó la ordenanza a pesar de los pedidos de los  vecinos que no pudieron “hacer uso de su derecho a referéndum tal como lo permite la ley 8102”. Así las cosas, el intendente Oliva y los concejales fueron denunciados penalmente ante la fiscalía de Cosquín.

Santa María de Punilla

En esta localidad “la factibilidad fue firmada el 7 de enero de 2021 por el intendente Dardo Zanotti” sin consultar a la población. Por eso, la Asamblea presentó un pedido de informes, la semana siguiente, sin obtener ninguna respuesta. Se desconoce que el Concejo Deliberante haya sesionado ya que no cumplió con la obligación de brindar información pública sobre éste y otros temas como corresponde.

Cosquín

El intendente de esta ciudad,  Gabriel Musso, “firmó la factibilidad a escondidas, el 4 de enero de 2021”, y después ignoró pedidos de informe y tratamiento del tema en el Concejo Deliberante. El funcionario formó parte de la Mesa de trabajo de los intendentes y jefes comunales con la empresa Caminos de las Sierras “sin informar oficialmente al Concejo Deliberante, incumpliendo así también la Resolución 23/20 del propio Concejo”. Al mes siguiente, reiteraron los pedidos de informe al Ejecutivo sobre el proyecto de autovía pero nunca fueron respondidos. En marzo del mismo año se le cursó al  Concejo “un pedido de Audiencia Pública Municipal para tratar el tema autovía” refrendado con numerosas firmas de vecinxs pero los concejales oficialistas lo rechazaron de plano.

 Valle Hermoso

En esta ciudad serrana el intendente Jorge Caserio firmó la factibilidad el 5 de enero de 2021. La asamblea vecinal pudo reunirse con los legisladores en marzo obteniendo una “promesa de que el tema sería tratado” pero nunca ocurrió. El vecindario organizado denuncia que violaron normas existentes como la Ordenanza 966/2018 referida al proceso de EIA “aplicable en el ámbito de Valle Hermoso, donde se remarca la importancia de la participación ciudadana”.

La Falda

En esta ciudad el alcalde Javier Dieminger firmó la factibilidad del mismo modo que los anteriores “totalmente a escondidas y la entregó a Caminos de las Sierras, en una hoja sin fecha”.  El 28 de enero la asamblea presentó un pedido de informes sobre la cuestión sin obtener  respuesta. El 9 de febrero de 2021, en una reunión oficial el citado funcionario “mintió y negó haber firmado”. Entonces, convocaron a una conferencia de prensa en la puerta del municipio, dando a conocer lo que ocurría. Cero respuesta.

 La Cumbre

El jefe comunal, Pablo Alicio, también puso el gancho “a escondidas de la población y nunca lo informó. El permiso no tiene fecha. Ingresó a Caminos de las Sierras el 6 de enero. El tema nunca fue debatido por el Concejo Deliberante. En tanto que en las localidades de Casa Grande, Huerta Grande y Villa Giardino, las autoridades municipales evitaron tratar el tema con el pretexto de que la obra no pasa por los territorios cuando “es sabido y obvio que los efectos de la megaobra sobre las cuencas y urbanizaciones futuras no se fijarán en límites dibujados en mapas”. En Huerta Grande, el Concejo se negó a tratar el tema. El intendente Montoto no respondió los pedidos de informe. En Giardino ocurrió algo parecido. El año pasado, el intendente Ferreyra les dijo que “no tenía información sobre la obra, pero, al mismo tiempo, se manifestaba en otros ambientes a favor de la Autovía”. La estrategia aplicada era no hablar del tema para luego aprobar en una “sesión ultra rápida y secreta” nuevos límites “sin discutir argumentos” ni el futuro desarrollo del pueblo.

En Casa Grande la jefa comunal Mabel Edreira dijo en una reunión con la comunidad que “no tenía ninguna información sobre la autovía”. Al poco tiempo, se supo que había asistido a una reunión “secreta” donde fue informada sobre cómo impactaría la obra en cuestión.

En síntesis, quienes participaron de este trabajo grupal llegaron a la conclusión de que todos los municipios y comunas del valle no respetaron ni facilitaron el acceso a la información y la participación ciudadana para evitar que los pueblos  conocieran el impacto de la megaobra sobre sus territorios.

Leyes quebrantadas 

✅- Ley 27275 de acceso a la información pública, al no responder en tiempo y forma los pedidos de informe. (1)

✅- Ley Nacional 25831, de libre acceso a la información pública ambiental. Art 4 (2).

✅- Ley provincial 8803, de acceso al conocimiento de los actos del estado. En su art 1 sostiene que “Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada…”. (3)

✅- Ley provincial 10208, uno de cuyos objetivos es “Promover la participación ciudadana en forma individual y a través de organizaciones no gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos sectores que afecten el ambiente, para la convivencia de las actividades humanas con el entorno, brindando información ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión ambiental”. (4)

✅- La violación de todas estas leyes implica también la violación del Acuerdo de Escazú, acuerdo ratificado por Argentina, que prioriza el respeto al acceso a la información y la participación ciudadana especialmente en lo relativo a temas ambientales.

✅- Se violó el Principio 10 de la Declaración de Río (1992): Acceso a información, participación pública y justicia ambiental que establece tres derechos fundamentales: el acceso a la información, el acceso a la participación pública y el acceso a la justicia, como pilares clave de una gobernanza ambiental sólida (5)

El estudio también revela que las autoridades municipales que firmaron factibilidades del uso del suelo, sin tener en cuenta al cuerpo legislativo, incurrieron en violación del artículo 49°, inciso 1 de la Ley Orgánica Municipal N ° 8.102. De igual modo, no cumplen con el Art. 10 del decreto 2131, relativo a la Ley Provincial Nº 7343.

Finalmente convocan a los habitantes del Valle de Punilla a “unirnos en la defensa de la vida y de los derechos de las generaciones actuales y futuras”.

Firman la presentación  las siguientes asambleas: San Roque Despierta, Bialet Massé, Santa María de Punilla, Ambiental Cosquín, Balcón de Punilla (Casa Grande), Valle Hermoso, La Falda Despierta, Huerta Grande, Villa Giardino Despierta y La Cumbre Despierta.

La lucha continúa…

Otro paso en este camino emprendido por las asambleas se concretará este viernes, a las 10,  en la entrada de la compañía en Malagueño.  Punilla, Paravachasca y Capital, se movilizarán bajo el lema “Sin respuesta judicial no hay licitación”.  A pesar de que  encuentran sin resolución los recursos de amparo y el pedido de una cautelar  presentados ante el poder judicial, más las  irregularidades descriptas “el gobierno por medio de la empresa constructora Caminos de las Sierras, llama descaradamente a licitación”.

Notas

1-La Ley 27275, en su artículo 1º, dice que “La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.”

2-“Las autoridades competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas, están obligados a facilitar la información ambiental requerida”.

3-El art. 1 también garantiza contar información a “entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado provincial, las municipalidades o las comunas tengan participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social y Ministerio Público Fiscal.”

4-Continúa” con pautas detalladas en el capítulos XI, sobre Información Ambiental Provincial, y el capítulo XII, sobre Participación Ciudadana para la Convivencia en Materia Ambiental. El Artículo 56 indica: “El acceso a la información pública ambiental es un derecho reconocido en la Ley Nacional Nº 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental- y en la Ley Nacional Nº 25.675 -General del Ambiente- que la Provincia profundizará en su instrumentación y funcionamiento”.

5- El Principio 10 establece que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”

Contacto: comunicacionasambleaspunilla@gmail.com|

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*Agencia Prensared. Foto Unidos por el monte.