“La tecnología no es patrimonio de cuatro empresas, debe ser patrimonio del pueblo argentino”


Lo dijo el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, en el cierre del seminario “El Estado que necesitamos para superar Pandemias” convocado por ATE y trasmitido por Canal Abierto. Ratificó su posición sobre Internet como servicio público y anticipó que serán necesarias nuevas leyes de medios. En representación de la Fatpren, Mariana Mandakovic, habló de la comunicación como un derecho humano y de la desigualdad en la distribución de la pauta entre medios comerciales y alternativos.

Por Redacción*

“El problema no es la tecnología, sino nosotros, qué hacemos con ella. Cómo usamos las palabras, cómo las repetimos. Todos los animales pertenecemos a la natura, pero cada especie tiene una característica. La condición humana es la capacidad de elegir, así que tenemos que empezar a ver qué elegimos para vivir, para comunicarnos. Y lo hegemónico va en detrimento de nuestra capacidad de elegir”.

Así, Alejandra Darín, secretaria general de la Asociación Argentina de Actores, puso el foco en la cuestión que rondó cada mesa del seminario de tres días —organizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y trasmitido en vivo por Canal Abierto—El Estado que necesitamos para superar Pandemias: la igualdad de oportunidades frente a un mercado que las cercena y un Estado que aún está lejos de garantizarlas.

En la última, que debatió sobre “Estado, comunicación y cultura”, la discusión abordó el rol de los medios, de la tecnología, de la pauta oficial, de las lógicas de fomento del arte y del trabajo de periodistas y artistas en la construcción de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia.

Cómo democratizar la comunicación

“Desde 1934, todas las reglamentaciones que se hicieron sobre la comunicación fueron para controlar el discurso. La primera vez que hubo una ley basada en el derecho a la comunicación fue en 2009, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenía tres grandes ejes: la libertad de expresión basada en el derecho a la comunicación como derecho humano, clausulas antimonopólicas y la producción de contenidos audiovisuales nacionales, locales e independientes”, sintetizó Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Desde allí, narró los periplos judiciales por los que pasó una ley que alentaba la pluralidad de medios y que el macrismo se llevó puesta ni bien asumió la Presidencia. Con ella, vació el propio Enacom, yfomentó una concentración mediática sin precedentes.

“Hubo un proceso de concentración cada vez más brutal.  Y la tecnología no es patrimonio de cuatro empresas, debe ser patrimonio del pueblo argentino”, aseguró López.

Luego informó sobre los distintos programas que impulsó el Enacom en el año y medio de gestión de Alberto Fernández para llevar conectividad a barrios y pueblos donde no llegaba, la declaración de Internet como servicio público —que hoy está judicializada por las grandes empresas de telecomunicaciones—, y la intención de impulsar proyectos de ley para regular la pauta oficial y para abordar la producción de contenidos locales, como el arancelamiento a las plataformas de streaming para financiarlos. “Si nosotros queremos una mejor calidad de la democracia necesitamos una mejor circulación de las ideas, el sostenimiento de los medios chicos es fundamental para luchar contra la concentración de medios”, sostuvo.

“En 2021 hay que pensar en una nueva legislación convergente teniendo en cuenta el corrimiento de los consumos y de la circulación de los contenidos. Hoy los dueños de las plataformas también son los principales productores de contenidos —agregó López—. A lo mejor no estamos en condiciones de abordar la temática en su integralidad como hizo Cristina (Fernández) en 2009, a lo mejor no tenemos la correlación de fuerzas, pero estamos en condiciones de abordar ejes temáticos centrales aunque no sea en una sola ley. Estamos en ese camino”.

Otras voces, otros enfoques

En esa línea, Pablo Bressano, presidente de la Confederación General Económica (CGE) de la Región Metropolitana, aseguró: “Hoy podemos afirmar que la persona que no tiene acceso a Internet es una nueva especie de marginado social. Esa carencia complica la posibilidad del teletrabajo, de la educación, lo discrimina en el ámbito económico, educativo y de salud”.

Y puso el eje en los problemas de un sistema tributario que cobra cargas más altas a las productoras nacionales de contenidos y tecnologías que a las trasnacionales, lo que debe modificarse “para generar justicia y mano de obra”.  “El desarrollo de la tecnología, de la banda ancha, se ve directamente beneficiado el PBI de los países. No hay soberanía nacional sin soberanía económica y cultural. Necesitamos un trabajo en conjunto del Estado, de empresas y de sindicatos para, mediante el consenso de estas tres patas, comenzar un proceso de progreso que no tenga más grietas, no tenga más vueltas atrás”, afirmó.

Por su parte, Mariana Mandakovic, secretaria de Organización de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, se preguntó sobre el rol del Estado para garantizar el derecho humano a la comunicación, y revisó las desiguales estadísticas de distribución de pauta entre medios hegemónicos y populares, que casi no reciben nada, y de la escasa o nula de remuneración de quienes los sostienen.

“El capital privado se ha apoderado no sólo de los fierros de la comunicación, sino de los contenidos. Hoy asistimos a procesos enormes de desinformación y operaciones políticas. Necesitamos que el Estado intervenga y discuta esto —consideró la dirigente—. La comunicación popular es una herramienta transformadora. La libertad de expresión se construye como un concepto colectivo, no es la libertad individual del periodista, sino la responsabilidad social que tiene desde su rol. No hay libertad de expresión sin información de calidad. Hay que garantizar el discurso construido desde otra lógica que no es la lógica del poder”.

De igual manera, Corina Duarte, periodista e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) que nuclea a 120 emisoras de todo el país, centró su intervención en la importancia de la existencia de la comunicación comunitaria no sólo como cajas de resonancia de otras voces, sino de otros enfoques. “El distingo de los medios populares es cuál es el abordaje de los hechos comunicacionales y cuál es el territorio de disputa —consideró—. Cuanto más podamos saber sobre lo que pasa en el territorio que habitamos es la única forma posible en la que podamos trazar estrategias de políticas comunes y pensarnos en un mundo con otros y otras”.

Finalmente, Darín cerró: “A los trabajadores de la cultura no nos consideran ni trabajadores. Todavía les tenemos que explicar a la sociedad y a muchos artistas que además son trabajadores. Pero para eso necesitamos que nuestro Estado nos reconozca como trabajadores. El Estado tiene que ayudar a las actividades más vulnerables, tratar de equilibrar a los que no tienen derechos para conseguirlos. La pandemia ha dejado al descubierto la importancia de ver una película o leer un libro, ¿se necesitaba la  pandemia para eso?”.

Nuevas formas de trabajo, nuevos métodos de precarización laboral

Por su parte, la mañana de la última jornada del seminario fue para discutir “Estado, trabajo y políticas sociales”, mesa de la cual participaron Claudia Baigorria, secretaria Adjunta de Conadu Histórica y la CTA Autónoma; el diputado nacional (PTP-Frente de Todos) Juan Carlos Alderete; Oscar Trotta, pediatra y miembro del consejo directivo del Hospital Garrahan; Daniel Godoy, director del IDEP Salud; Omar Giuliani, secretario General de la Federación Nacional Territorial (Fenat-CTAA); y Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

“Tenemos una responsabilidad los dirigentes del campo popular. Lo único que nos puede ayudar es la unidad. A veces pareciera que los trabajadores no podemos cumplir lugares de gestión”, arrancó Alderete, y aseguró: “El Gobierno tiene que decidir ponerle plata a los trabajadores, a los jubilados, a los que no tienen, para que el consumo interno vuelva a tomar su tono y para que las pymes puedan reabrir y generar trabajo. Tenemos un recorrido largo que no podemos abandonar. Cuando no estamos de acuerdo seguimos discutiendo hasta ponernos de acuerdo”.

En el mismo sentido, Rameri explicó que “hay un paisaje ampliado de trabajo por fuera de la norma salarial clásica. De la mano de la multiplicación de las formas de trabajo lo que se multiplicó también son los dispositivos de captura de valor”.

“¿Qué pasa con la regulación estatal que no reacciona? Tiene enormes dificultades para llamar trabajo a lo que es trabajo, para reconocer los dispositivos de captura de valor y generar instrumentos para una captura pública y redistribuir, y por eso pierde capacidad redistributiva. La pobreza no tiene que ver con la falta de trabajo: tenemos una pérdida de estatus social del trabajo. Tenemos que disputar el sentido común de la política social y transformarla para que sea capaz de intervenir disputando la riqueza social frente a las renovadas formas de capital y trabajo”, detalló.

Sobre este punto, nombró al trabajo reproductivo llevado adelante socialmente por las mujeres como una de estas nuevas formas de captura de valor. Concepto que Baigorria completó: “El feminismo no es una corporación, es una política integral que aborda como ninguna otra expresión la totalidad de los temas y la centralidad de la vida misma”.

Para Giuliani, por su parte, “discutir el Estado en una sociedad como la que tenemos es parte de la lucha de clases. En este Estado, tal como está configurado, con los intereses de la oligarquía concentrada, discutir políticas públicas es discutir políticas de derechos humanos”.

Pandemia y política sanitaria

Coronavirus y crisis global mediante, las políticas sanitarias fueron otro de los ejes del debate en este último día de pensar el Estado.

“Los países nórdicos lejos de, en medio de una crisis, retraer los recursos del Estado, aplicaron mayores recursos a sostener el gasto público, al cuidado de la población, a sostener políticas de empleo y políticas sociales de todo tipo”, detalló Trotta. Y en esa línea aseguró que el neoliberalismo impone un modelo de restricción contrario a esas políticas, y fomentado por el FMI y el Banco Mundial, que sería “devastador para las condiciones sociales de la Argentina”.

“No se puede derrumbar el cuidado y la protección de la salud de la población por deudas que son ilegítimas. La accesibilidad de la salud va a estar atada al modelo de país que nosotros decidamos fortalecer a partir de las próximas elecciones. No da lo mismo cualquier tipo de política aplicada y cualquier tipo de acción que genere el gobierno nacional, impacta directamente sobre las condiciones de vida y la salud de la población”, detalló.

Por su parte, Godoy aseguró: “El fenomenal shock sobre la capacidad instalada del sistema de salud argentino se hizo sobre las ruinas que dejó el macrismo. Están en juego esos dos modelos: de salvaguarda, cuidado y atención de la salud de todos nosotros y nosotras, o de tributación al sistema de negocios. Creo que hay una oportunidad histórica. Hay un proceso de reacomodamiento de las fuerzas populares en la región, un esbozo de agotamiento en la aceptación popular de las doctrinas neoliberales, y hay una atmósfera que empieza a respirarse de posibilidad de recuperar los sistemas de salud de Ramón Carrillo”.  

*Fuente: Canal Abierto, periodismo de este lado (canalabierto.com.ar).-

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