En el último cuarto de siglo las políticas de empleo fueron insuficientes para abordar el cierre de empresas y la precarización laboral. La discusión por el trabajo no registrado. Los menores de 29 años, un 60 por ciento, parecen ser los grandes olvidados de la última década.
Por Julián Blejmar*
El debate en torno de la reforma laboral que el pasado viernes se sancionó en el Senado restó sin duda espacio para otras discusiones que podrían amortiguar la profunda crisis económica que vive el país, que se puede sintetizar en la pérdida, desde la asunción del gobierno de Milei, de 196.700 empleos registrados del sector privado y otros 21.996 de casas particulares, junto a caídas de los tres principales segmentos de mano de obra intensiva que concentran el 45 por ciento del empleo: comercio (con bajas del 6%), industria (con bajas del 9%) y construcción (con bajas de 16%), de acuerdo con el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad Nacional de Rosario.
Lejos de replicar medidas de gobiernos anteriores, como la doble indemnización o subsidios para el mantenimiento o incorporación en la nómina de personal, el Ejecutivo ha focalizado su estrategia en un proyecto de flexibilización laboral, que, argumenta, permitirá reducir los riesgos de baja de rentabilidad o quiebras de empresas debido a cargas patronales, inasistencias con justificación médica y/o juicios laborales.
En rigor, y tomando en cuenta los resultados de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, parecería evidente la necesidad de una reforma estructural en diversos ámbitos de la vida empresarial y laboral, si se tiene en cuenta que de acuerdo con datos analizados por la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) con base en el Boletín anual de Seguridad Social de la ex AFIP durante el primero de estos gobiernos se destruyeron 24.505 empresas, mientras que en el segundo cayeron otras 6.554.
Sin embargo, esta percepción se modifica al observar lo sucedido durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primero de Cristina Kirchner, en el cual, con gran parte de las mismas leyes laborales de los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, y de acuerdo con cifras del ex Ministerio de Industria, se sumaron 202 mil empresas a las previamente existentes, o bien en el segundo de Cristina, en el cual no hubo caída de empresas. Como también al evaluar lo acontecido desde la reglamentación de la reforma laboral de la ley Bases en noviembre de 2024, cuyos aspectos más relevantes eran los artículos que permitían contratar hasta tres empleados sin establecer un vínculo de dependencia, el “blanqueo” de trabajadores con condonación de infracciones y sanciones, o el “Fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones por la constitución de un fondo, además de extender el período de prueba hasta doce meses. Pese a todas estas reformas de carácter proempresa, desde entonces y de acuerdo con el ENAC, se sumaron cinco mil empresas caídas a las 15 mil quiebras que anotó el primer año del gobierno de Milei.
El sector informal, la otra discusión
La evidencia empírica demuestra para este siglo una fuerte desconexión entre la creación de empresas y las reglamentaciones laborales, lo cual sería indicio de que las causas de apertura o cierre de unidades productivas no se liga con la conducta de los trabajadores, sino con la capacidad de los gobiernos para mantener un crecimiento macroeconómico y focalizado en el mercado interno, que explica el 65 por ciento de la actividad económica y no ha parado de caer desde la asunción de Milei.
El mismo fenómeno se puede constatar en lo que respecta a la disminución del empleo informal, es decir, aquel que no cuenta con aportes jubilatorios, obra social, francos, vacaciones ni licencias por enfermedad. Y es que de acuerdo con las cifras de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevadas por el sitio Chequeado.com, al finalizar la presidencia de Carlos Menem en 1999 el 37 por ciento de la población económicamente activa se encontraba en un empleo informal, algo que en el gobierno de Fernando de la Rúa ascendió al 38 por ciento y en el de Eduardo Duhalde al 45, mientras que los tres gobiernos encabezados por los Kirchner –que restituyeron las leyes favorables a los trabajadores eliminadas por el gobierno de De la Rúa– lo redujeron al 33,1 por ciento.
Sin embargo, y según la misma EPH, durante el gobierno de Macri la informalidad volvió a ascender al 35,9 por ciento, como en el de Alberto Fernández, cuando llegó al 36,4 por ciento, una cifra que, durante el gobierno de Milei y hasta el tercer trimestre del año pasado, se incrementó también al 36,7 por ciento.
Si bien aquí y al igual que en el caso empresarial el crecimiento de la economía argentina se exhibió como mucho más condicionante que el debate y las hojas escritas en el Congreso, no menos real es que el mantenimiento de la alta informalidad durante los últimos gobiernos democráticos exhibe que, al día de hoy, los trabajadores no registrados junto con los independientes alcanzan a casi 9 millones sobre el total de 21 millones, de acuerdo con la ONG Fundar. Estos trabajadores, entre los que sobresalen los menores de 29 años que constituyen el 60 por ciento, parecen ser los grandes olvidados de la última década por los espacios que tradicionalmente enarbolaron la representación de la masa trabajadora: los sindicatos y el peronismo.
De hecho, la última política activa para ellos fue llevada adelante durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, cuando en 2014 se sancionó la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que tenía como eje la reducción temporal de contribuciones patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y la de Investigación del Fraude Laboral, así como la creación de un registro de empleadores con sanciones laborales que no podrían acceder a programas de fomento del Estado.
Varios artículos de esa ley fueron derogados durante el gobierno macrista y, actualmente, en el contexto de caída económica y debilitamiento de poder del Estado, solo la derecha parecería plantear una alternativa, sin evidencia empírica pero alternativa al fin, para estos trabajadores.
* Licenciado en Comunicación por la UBA y Magister en Economía en la Flacso. Fuente Caras y Caretas, la revista de la patria, dirigida por Felipe Pigna. Foto principal: Damián Dopacio.
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