La Defensoría del Público se expidió frente a una denuncia por “apología de la dictadura”

El Cispren  presentó  la denuncia  por los contenidos difundidos  por  los comunicadores Roberto Fontanari y Alan Bagó, emitidos por la radio FM Verdad de Villa Dolores. El Organismo tras analizar  la presentación consideró que el programa contiene “un conjunto de expresiones negacionistas en relación con la última dictadura cívico-militar”.  Recomienda la búsqueda de información precisa y respeto por  el contexto histórico.

Por Redacción*

La presentación ante el organismo nacional, fue realizada por el Cispren en febrero e involucró a los comunicadores Roberto Fontanari y Alan Bagó, de la FM Verdad de Villa Dolores. El sindicato los denunció  por “violencia mediática”, a partir de expresiones vertidas en el programa “La Tarde de la Radio”.

En la nota firmada por Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, organismo creado por la Ley 26.522 (Ley de Medios), se explica la función de esta institución: “Recibir y canalizar los reclamos y consultas de las audiencias de los medios audiovisuales procurando la protección de sus derechos”. Y aclara que la institución “no tiene competencia sancionatoria”.

La Defensoría notificó a la Radio FM Verdad 98.5 de Villa Dolores sobre la presentación efectuada por María Ana Mandakovic, secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), transmitiéndole las recomendaciones que surgen del dictamen.

El organismo abunda en las consideraciones que se desprenden del estudio hecho por distintas áreas del organismo, respecto al reclamo por lo que se consideraron discursos “apologéticos” y “negacionistas” sobre los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar, difundidos al aire por los comunicadores Roberto Fontanari y Alan Bagó en el programa “La Tarde de la Radio”, emitido el día 03/02/21, en la Radio FM Verdad.

Ver la presentación: Negacionismo y apología de la dictadura militar

La Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo (DAIM) de la Defensoría, realizó un análisis de la emisión objetada. En su informe, luego del audicionado y el análisis socio-semiótico de la emisión del día 3 de febrero de 2021, la DAIM identifica que: “…los comunicadores al frente del programa analizado despliegan un conjunto de expresiones negacionistas en relación con la última dictadura cívico-militar”. Y concluye que “este tipo de expresiones desatienden la responsabilidad social que su rol como comunicadores comporta al frente de un programa radial, a la vez que promueven la desinformación de las audiencias acerca de un tema muy sensible, y de gran relevancia para la sociedad”.

Asimismo, destaca que tales expresiones “se insertan en el marco de una entrevista al concejal Marcos Dulivo, quien realiza una enfática crítica al planteo de los comunicadores y exhibe ante la audiencia una postura de defensa de los derechos humanos, que abunda en detalle en las nefastas consecuencias (sociales,políticas, económicas) que tuvo para la sociedad argentina”. Agrega que la voz del entrevistado permite que las audiencias accedan a una voz disidente, que se opone y cuestiona la postura de Bagó, y ofrece una mirada respetuosa de la memoria y de las políticas de derechos humanos que condenan el accionar de la última dictadura cívico-militar”.  No obstante, no alcanza para desplazar “la falta de responsabilidad social” de los conductores que insisten con sus posiciones.

A su vez, la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos –DPDyAJ- de la Defensoría, analizó el caso y “en su dictamen recuerda que, conforme la Ley N° 26.522, los medios de comunicación realizan una actividad de interés público y de suma relevancia social. Tienen entre sus objetivos primordiales la promoción y garantía de la libertad de expresión, la investigación, búsqueda y difusión de información en el marco del Estado de Derecho democrático y los derechos humanos (conforme arts. 2° y 3° de la Ley N° 26.522). Las coberturas mediáticas responsables de noticias sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura forman parte de estos objetivos, y del derecho colectivo al acceso a la información de las audiencias”.

Y agrega: “La adecuada cobertura de los hechos relacionados con la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) y el proceso de memoria, verdad y justicia, requiere la incorporación de una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, para evitar la reproducción de discursos que puedan vulnerar derechos de las víctimas, familiares y audiencias”.

En otro párrafo, indica que “los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la preservación de la memoria colectiva sobre la dictadura cívico-militar, debido a que dar a conocer lo que pasó tiene como fin evitar que esos hechos vuelvan a suceder”.

Y advierte que “en la emisión de Radio FM Verdad denunciada, se realiza una cobertura descontextualizada, que no repone la responsabilidad del Estado en la grave violación sistemática a los derechos humanos cometida por la última dictadura”. Observa, además, que “se relativizan los graves crímenes de lesa humanidad (…) para ello, niegan la cifra de personas que sufrieron la desaparición forzada en los 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio desplegados en todo el país”.

Por estas razones, esta Defensoría del Público recomienda  que al abordar estos hechos Radio Verdad tenga en cuenta las Recomendaciones para el Tratamiento Mediático Responsable sobre la Dictadura Cívico-Militar y el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia, elaboradas por esta Defensoría y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

Por los informes de las dos áreas de la Defensoría – DAIM y DPDyAJ-, se recomendó al medio que contextualice y sitúe los hechos en la historia, recalcando que “es fundamental explicitar la naturaleza criminal de los delitos de lesa humanidad, reconocidos como graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos, repudiados por la comunidad internacional”.

Asimismo, se recomendó señalar claramente la responsabilidad del Estado en los graves crímenes cometidos por sus fuerzas armadas: secuestros, violaciones, torturas, asesinatos, robo y apropiación de niños y niñas, entre otras acciones. En ninguna circunstancia es posible equiparar la fuerza del despliegue estatal con la de las organizaciones guerrilleras o de la sociedad civil. Es fundamental el tratamiento diferenciado entre crímenes cometidos por el Estado y delitos cometidos por particulares.

Y se sugirió evitar la difusión de “discursos que niegan la existencia de los centros clandestinos, ponen en duda el número de desaparecidos/as, la apropiación de niños, niñas y adolescentes, y relativizan las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas”.

Finalmente, se recomendó “confrontar estos relatos con información precisa, basada en las causas judiciales donde se investigaron las responsabilidades por delitos de lesa humanidad”.

*Agencia Prensared. (prensared.org.ar) Imagen ilustrativa.

Ver resolución aquí: Defensoría

www.prensared.org.ar

 

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