Es la economía…

Perder las elecciones en pandemia en América Latina no parece descabellado; de nueve elecciones o referéndum en la región en solo en tres países gano el oficialismo: México, Jamaica y Puerto Rico. En  Argentina, Perú, Ecuador y Chile, Bolivia, R. Dominicana y Colombia fue derrotado, lo que provocaría la suposición que todos los ejecutivos naufragaron en pandemia, dato que no es del todo cierto, aunque los motivos difieran de manera significativo.

Por Alejandro Marcó del Pont*

La audacia en los gobiernos es lo primero, lo segundo y lo tercero.

Es importante examinar algunos indicadores económicos para establecer cómo se llegó posicionado, en este caso el ejecutivo argentino, para afrontar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La idea es descifrar si la pandemia maniató de alguna manera al oficialismo en la implementación de políticas económicas. O si la falta de osadía y las eternas políticas ortodoxas definieron la decepción que lo llevo a la derrota.

Es admisible destacar también que la sociedad, como veremos, perdió el poder de compra de su salario cuatro años antes. Pero identificó como culpable del deterioro a la gestión gubernamental actual, sin reparar que el mayor perjuicio provino de las políticas antipopulares del Gobierno anterior. No es menos cierto que el actual Gobierno no ha ideado ningún dispositivo de comunicación alternativo ni para difundir y señalar los logros e ideas que lo separan de la gestión anterior ni para diferenciarse de los medios hegemónicos que constantemente le marcan la agenda.

El Instituto Nacional de Estadística (INDEC) en su informe técnico Nº 59 sobre condiciones de vida pobreza e indigencia, arrojaba a grande rasgos los siguientes datos: En Argentina hay un 42% de pobres, es decir 12 millones de personas, divida en: pobres 9 millones y 3 millones como indigentes, cuando no llega a una canasta básica alimentaria. Estos índices son especialmente dramáticos si se hace un recorte de la población de 0 a 17 años. Para esta porción de la población, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza asciende a 62,5% y la indigencia a 15,8%.

Los pobres, estos 9 millones de personas, tiene en promedio un ingreso de $ 29.567 algo así como U$S 284 mensuales que representa un ingreso diario U$S 2.30. Los  indigentes, los 3 millones de personas restantes -que encarnan algo así como 2.3 veces la ciudad de Córdoba o una ciudad de Buenos Aires entera en condiciones de necesidad- tendrían un ingreso de $ 12.864 unos U$S 124 mensuales; es decir, un dólar por día por miembro de la familia.

Bien, supongamos que todos fueran pobres, no hay indigentes. La familia pobre con un ingreso por 29.567, alcanzaría por muy poco una canasta básica alimentaria de $ 29.003 y cubriría solamente el 43% de la Canasta Básica Total -importe necesario para no ser considerado pobre- de $ 67.577. En el mes de septiembre, cuando se realizaron las PASO, el salario mínimo se encontraba en $ 29.160; es decir, un salario de indigencia. Antes de eso estaba a $ 28.080 o sea, por debajo de la indigencia. Y aun así, una familia tipo de cuatro miembros, con dos padres que tuvieran un ingreso mínimo cada uno -$29.160 x 2 = $ 58.320-, se encontrarían en niveles de pobreza según la CBT ya mencionada, convirtiendo el indicador de salario mínimo en un disparate.

A esta altura los salarios según datos oficiales del INDEC habían perdido en años anteriores: 12,2% en 2018, 8,4% en 2019 y 2,3% en el 2020—Para el primer semestre de 2021 llevaba acumulada una perdida de 4,2%. Así, el poder adquisitivo del salario es 20,1% menor al cuarto trimestre de 2015. La inflación en el primer semestre llego casi a la proyección presupuestaria anual del 29.01% y proyectando un escenario por encima del 50%, con una constante de 4 puntos porcentuales mensuales hasta el 2.5% actual cuando los commodities comenzaron a bajar a nivel mundial.

Ahora veamos un poco más como se llegó a todos estos datos preocupantes y tan difíciles de convalidar con el voto popular. Durante el 2021 la economía se ha mantenido estancada, sobre todo porque cuando quiso tomar impulso, el coronavirus con su segunda ola en abril, le dio un golpe que la planchó. Aun con estos datos, los salarios se encontraban, a mediados de ese año, un 6% por debajo de los niveles de pandemia del 2020. El consumo es el principal factor que contribuye a la baja. La demanda privada se mantiene deprimida, impactando de lleno en la actividad económica donde los ingresos reales de las familias pierden por la escalada inflacionaria.

Los motores de la recuperación de la economía, industria, construcción y comercio duraron poco tiempo. La industria y la construcción son sectores muy golpeados de la economía durante el macrismo. En 2019 la construcción cayó 27,1%, la industria 13,3%, y fue muy superior la caída entre febrero y mayo de 2020 ascendiendo a 59% y 32% respectivamente. Ante tales contracciones, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) advierte que la elasticidad empleo-producto (como responde el empleo ante la suba del producto) bajó. Anteriormente, cuando subía el producto, el empleo lo hacía de manera casi proporcional, pero desde las crisis recurrentes (macrismo -pandemia), dejo de hacerlo. Cuando el producto sube, el empleo registrado se contrae.

Bajo esas circunstancias, el salario real mantuvo la tendencia descendente que se había constatado desde 2015 especialmente, desde las crisis de 2018 y 2019, y obviamente en el 2020 y el 2021, presionado por los niveles inflacionarios. Esto llevo a que se realizaran nuevos acuerdos paritarios de manera tardía, consolidando el 45% como porcentaje de referencia cuando la inflación es mayor al 50%: la reapertura del gremio de sanidad fue del 45%, la construcción 47,8%, el comercio 42%, los aceiteros 48,5%, los estatales nacionales 40%, los cárnicos 45%, los docentes nacionales 45% y los estatales de PBA en 45%.

La mayoría de quienes pudieron tener una recomposición tardía sólo se acercaron a equiparar los niveles de inflación, sin sobrepasarlo, y fueron sólo los gremios de mayor poder. Los demás siguieron retrocediendo en su poder de compra. Mientras el Gobierno no podía detener la suba de precios y la oposición hábilmente culpaba a la emisión monetaria -recurso que sólo beneficia a los bancos-, las principales variables que incidieron en la inflación fueron el tipo de cambio nominal y la presión que ejercieron los precios internacionales de alimentos, que en general forman parte de la cesta de alimentos de la economía argentina.

La velocidad del traslado de esos efectos a los precios domésticos depende de los formadores oligopólicos de precios. Queda más claro la inexistencia de mercado cuando la caída del salario real impulsa el desplome de los niveles de compra. En competencia perfecta, ante una baja de cantidades demandadas los precios bajarían, mientras que en un monopolio -que ajusta por precio o cantidad- ante la caída de la cantidad, se aumenta el precio para mantener la tasa de rentabilidad.

Si los sectores bajos no pudieron recuperar su capacidad de consumo y la reactivación no motorizó la generación de empleo es porque el Gobierno no mantuvo la políticas expansivas como El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -una medida excepcional implementada por el Gobierno Nacional, que busca proteger a las familias argentinas ante la pérdida o disminución de sus ingresos por la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19- entre otras, y que abarcaba a 9 millones de personas.  

Lo primero que uno intenta descifrar es si en un país con 42% de pobres o sea 12 millones de personas –de las cuales nueve millones recibían una compensación durante la pandemia para mantener la demanda- es ¿porque esta ayuda fue cortada? La idea que se revela, uno supondría, es que el frente fiscal sería el problema de la falta de expansión, anteponiendo los niveles de déficit fiscal. Pero aquí entran dos elementos en juego, la renegociación de la deuda y la recaudación fiscal, para determinar la magnitud del déficit, y si este realmente relevante.

La renegociación de la deuda con el sector privado, apuntó principalmente a reducir los intereses de la misma -lo que se advierte en el cuadro- como un significativo descenso de los intereses pagados por el sector público nacional, que cayeron 55,2% en términos reales entre el primer semestre de 2019 e igual período de 2021, según el Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIFRA
En contrapartida a este ahorro adicional, el incremento del gasto público en el primer semestre del 2021 con respecto al periodo macrista obedece al otorgamiento de los subsidios económicos cuyo incremento fue por efecto del cuasi congelamiento tarifario en las tarifas eléctricas de los usuarios residenciales y los subsidios a la producción de gas. Las Transferencias Corrientes al Sector Energético, fueron de $471.410,1 millones (+115,7% i.a). O sea, el Estado le pagó a los privados la falta de incremento tarifario que mantendría sus beneficios.

El resto del gasto primario corriente se ubicó en torno al nivel de ajuste del primer semestre de 2019, principalmente por la reducción del gasto en términos reales en materia de jubilaciones y pensiones del 6,9% en el primer semestre de 2021 respecto a igual período de 2019 y salarios del 12,8% en el mismo período.

O sea, en los primeros síes meses del año se registró un déficit primario de sólo 0,5% del PIB, consolidando un escenario que puede resultar atípico para un año electoral. Lo que resulta aún más extraño, es el nivel de ejecución de algunas partidas, como la obra pública, que sólo alcanzó el 30% en siete meses, es decir no se ejecutó en el 70% de la previsión presupuestaria. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Transporte, que ejecutó hasta julio según ASAP el 28% cuando debía haber ejecutado el 58%, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que ejecutó un 27% de 55.7% proyectado y el Ministerio de Desarrollo Productivo realizó erogaciones por un 41.7% cuando tendría que haber ejecutado el 55.8%, respectivamente.

En perspectiva histórica, los primeros siete meses de cada ejercicio de los últimos seis años alcanzan en promedio un déficit de 1,9% del PIB mientras que en los primeros siete meses del 2021, según Instituto de Trabajo y Economía – Fundación Germán Abdala (ITE) fue del 0.7%.

Resulta fuertemente llamativo que ante una recuperación sostenida de la recaudación fiscal y una abrupta caída de los intereses de la deuda que amplían el margen del gasto, el Gobierno se enfocó en encausar, en el peor de los momento de la crisis sanitaria, el déficit fiscal. Sorprende y hasta parecería en desuso que con una pandemia, si se tiene un 42% de pobres, la mirada gubernamental se focalice en el déficit. Salvo que sea más importante mostrar ciertos aspectos ortodoxamente positivos para propiciar las negociaciones con el FMI.

Las políticas de austeridad han destruido cualquier atisbo de recuperación a nivel mundial durante años pero en pandemia -cuando florecen las alternativas heterodoxas de innovación para mantener la economía-, resulta singular que Argentina se haya desviado a simples políticas ofertitas. El resultado de la elección y sus consecuencias, no parecen inusual; las políticas son parecidas a las del Gobierno anterior y sus resultados en ese caso fueron no diferentes. Ahora, para modificar el rumbo electoral se propone modificar las políticas que describimos en el artículo. ¿Porque no hacerlo antes?

De hecho, la pregunta es un poco más encaminada, ¿el Gobierno equivocó el diagnostico de las consecuencias económicas de la pandemia? ¿O nunca pensó hacer otra cosa que el ajuste fiscal que lo llevo a perder las elecciones?

*Economista. Fuente: rebelion.org| https://eltabanoeconomista.wordpress.com| Foto: Télam.

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