Derechos Humanos en Jujuy: La herida que sangra en la región continúa

La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los derechos humanos dio a conocer el informe elaborado tras el relevamiento realizado en la provincia de Jujuy. A través de testimonios orales, escritos, y denuncias formales se constataron 58 vulneraciones.

Por Redacción*

Durante los días 13 al 15 de Julio del corriente año, en la sede de la CTA de Ciudad de San Salvador de Jujuy, se instaló la “Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos” conformada por militantes de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, incluidos abogadas y abogados “comprometidos en el proceso”.  Al final del encuentro Pablo Pimentel afirmaba que en la provincia gobernada por Morales se violaban “sistemáticamente” los derechos humanos y comentó sus primeras  impresiones.  Días atrás, se presentó el informe oficial  que  podrá  descargarse en forma completa al final de esta nota.

El análisis del relevamiento da cuenta de 58  vulneraciones a los Derechos Humanos. Los delitos cometidos por el Estado jujeño se categorizaron “por prevalencia de casos y gravedad institucional”. El informe explica en 47 páginas cómo el estado usó la represión contra el derecho a la protesta ejercido por las organizaciones populares.

En la introducción consta que por orden o anuencia de funcionarios judiciales se realizaron siete allanamientos irregulares. Igual número de  detenciones  y torturas,  y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. El despojo de tierras es notable: 17 casos.

También crearon y aplicaron “un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social”. Además fueron denunciados -entre uno y tres casos- delitos como espionaje ilegal/infiltración, violación a ley de inteligencia,  persecución política con armado de causas, trabas  a la debida defensa, hostigamientos y persecución.

Cabe señalar que esta investigación es la continuidad de un informe anterior  titulado “Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra en la región”, publicado en octubre de 2021. Allí advertían sobre la  “persecución y el encarcelamiento planificado de Milagro Sala el día 16 enero de 2016”. El informe de este nuevo encuentro da cuenta de la profundización de la persecuciones  y la criminalización de la protesta.

Crédito La Voz de Jujuy Digital

El texto contextualiza la situación político social de la provincia de Jujuy para luego describir punto por punto las vulneraciones de derechos humanos categorizadas de este modo: Represión a la Protesta y la Organización Popular, Allanamientos irregulares, Expediente y Violación a la ley de Inteligencia y Seguridad Interior y conexas;  Detenciones y Torturas, utilización irregular del Código Contravencional, Despojos de Tierras y Violación de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Conclusiones y  anexos.

Por caso, sobre el primer punto afirma que “La policía jujeña ingresó a casas particulares, comedores, merenderos y sedes de organizaciones como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento Evita y Nuestraamérica Jujuy, entre otras, con la orden de secuestrar todo tipo de documentación y dispositivos electrónicos, en el marco de la causa iniciada por ´extorsión y asociación ilícita’.

Contundente, sostiene que “La sistemática persecución política y criminalización, los presos y presas políticas de Jujuy, la falta de poderes independientes en la provincia, conlleva a seguir afirmando que el Estado de Derecho no se encuentra vigente, ni está en condiciones de garantizar los derechos humanos del pueblo jujeño”.

Cada situación es descripta en forma detallada y contrapuesta con los derechos garantizados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales existentes y violados.

A manera de conclusión Prensared reproduce el texto final (Pag47) titulado:

Palabras finales

“De acuerdo a estándares internacionales, el testimonio de los integrantes de las organizaciones sociales y todas las víctimas en general, presentan no sólo graves violaciones a los Derechos Humanos, sino entendemos nosotros, una amenaza cierta y concreta a la vida democrática y la división republicana de poderes en la provincia de Jujuy y por ende en el país.

“Ante esta situación sumamente preocupante llamamos a las autoridades de los tres poderes a nivel federal a involucrarse de manera activa y urgente en la defensa de los derechos constitucionales y los derechos humanos de los jujeños y jujeñas, para salvaguardar su integridad física, libertades civiles y la vida política y social del pueblo jujeño. Misma responsabilidad y acción solicitamos a quienes tienen por labor la comunicación en nuestro país.

“En este sentido creemos fundamental señalar que observamos un agravamiento en la situación general de los derechos civiles y humanos en la provincia desde la visita de la Comisión en 2021, y en particular en la persecución a sectores organizados, así quienes están siendo principalmente perseguidos y afectados son organizaciones sociales y/o comunidades indígenas, como así también a los medios de comunicación alternativos y populares.

“La presentación de los testimonios, como la prueba colectada por esta delegación, permite a los Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales de DD.HH. hacer suya la prueba y activar por los canales legales e institucionales las denuncias respectivas, a fin de que los responsables de la violaciones de DD.HH. en la provincia de Jujuy no queden impunes y las víctimas y familiares de las víctimas obtengan justicia frente a los hechos aberrantes que han sido descritos”.

Integraron esta Comisión: Pablo Pimentel (APDH La Matanza),  María José Cano (DDHH ATE-CTAA Nacional).  Las y los abogados: Sergio Job (UTEP Córdoba), Andrés Demaría (Encuentro de Organizaciones – UTEP, Córdoba, Daniela Verón (CAJ Paraná) y Paula Casal (Dirección de Acceso a la Justicia Buenos Aires). Natalia Saracho (Diputada Nacional Frente Patria Grande), Jennifer Carrera (Centro de Acceso la Justicia, Roca, Río Negro), José Luis Fuentes (Coordinador NEA Centro Acceso a la Justicia, Misiones), Lisa Cabral (Abogada MTE) y Enrique Pistones (DD.HH San Francisco, Córdoba).

Los nombrados y quienes colaboraron solidariamente aspiran que este documento final sea divulgado por todos los medios posibles y debatido en las organizaciones del campo popular.

Informe DDHH Jujuy 07.22

*Agencia Prensared. La foto de portada ilustra el  informe.     

www.prensared.org.ar