Corte se va al entretiempo con la habilitación del “per saltum” y alimenta un final abierto

Crónica de un día agitado.  Arquitectura de voto mayoritario de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti sumó a Highton al final. Mensaje envenenado al Consejo, que tiene 48 horas para contestar, igual que Procuración. Rosenkrantz, más explícito. Gobierno desorientado y oposición apurada por festejo. Sin pistas sobre decisión de “fondo”.

Por Gabriel Morini*

La cartelera informativa rezará que la Corte Suprema decidió ayer admitir el pedido de “per saltum” que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli contra la revocatoria de sus traslados de los sitiales estratégicos adonde fueron designados durante el Gobierno de Mauricio Macri. De forma unánime, concedió 48 horas para que se conteste la demanda, y un período idéntico para que la Procuración General emita el dictamen de rigor, que no es vinculante. Sin embargo, tal como detalló Ámbito, lo que en realidad ocurrió fue que el máximo Tribunal escogió uno de los caminos posibles sin que, por ahora, eso traiga aparejada una victoria instantánea para ninguno de los dos sectores en pugna, que tiraban de la manga de la Corte en esta decisión.

Quedó pendiente lo más relevante, el fondo de la cuestión, algo que podría quedar diferido para la semana próxima, con plazos perentorios. En esta estación intermedia que descomprime en parte las presiones no ofrece todavía un panorama para proyectar ganadores y perdedores. La oposición se apuró a celebrar y el oficialismo debió dar una pirueta en el aire para no mostrarse atragantados y aparecer expectantes.

En la decisión incluyeron una serie de dardos envenenados para leer entre líneas que tienen como blanco al Consejo de la Magistratura, a quien le ordenaron que no se ejecute su resolución 183 de enviar a revisión a la decena de jueces y reemplazar al trío demandante. Bruglia, Bertuzzi y Castelli lograron algo de oxígeno y también licencias. La Corte se las terminó por conceder, gesto que no provoca un escenario donde puedan regresar a la Cámara Federal o al TOF 7, ni a sus lugares de origen mientras se resuelve el amparo.

La trastienda de la resolución que pudo reconstruir Ámbito tiene aspectos desconocidos que alteran las evaluaciones y proyecciones: hubo tres jueces que trabajaron en silencio sobre el tema para tejer un acuerdo, incluso antes de que Carlos Rosenkrantz hubiese el martes pasado anunciado la convocatoria al acuerdo extraordinario de ayer. Ese fue el guiño en el póker que juegan en la interna para no obstruir lo que ocurrió en la superficie con el anuncio de la presidencia. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti llegaron a la reunión de ayer –de manera presencial- con un voto de mayoría que ya estaba redactado tal como luego trascendió.

Por Zoom, se les acopló Elena Highton de Nolasco quien estaba al tanto de la jugada y se inclinó por suscribir con la mayoría. Rosenkrantz también tenía un voto redactado que se incluyó finalmente en la decisión, con retoques mediante, quedando de todas formas como el más explícito a favor de los jueces trasladados. Así se cerró el tema que como detalló este diario significaba el inicio de un nuevo capítulo.

En la arquitectura del voto mayoritario, la marca se la llevó Lorenzetti quien mantiene la tensión interna con Rosenkrantz, con esquirlas que vuelan hacia todos lados y con reproches que incluyen al ambiente periodístico. El “republicanismo áspero” que se manifestaba en la puerta del Palacio no alcanzó a leer el adelanto de un portal que anticipaba que se había abierto el recurso, publicado al momento en el que Lorenzetti abandonaba tribunales. Lo cruzaron con un racimo de insultos mientras subía a su auto. Había votado a favor. Para los próximos días, la atención deberá centrarse en la tríada que ayer sacó el as bajo la manga. Más allá del alto perfil de la pelea principal entre el expresidente y el actual, Maqueda y Rosatti son el Pucará en Malvinas. Vuelan bajo el radar.

Mientras la reunión empezaba, la jueza Clara Do Pico resultaba sorteada para desempatar en el amparo que tramitaba en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. No será necesaria su intervención. La Corte reclamó para sí el expediente con la apertura del per saltum y las actuaciones se trasladaron de inmediato. Quedó suspendido el rechazo al amparo en primera instancia contra los jueces, tal como lo establece el Código Procesal. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se fastidiaron con el modo René Lavand (“más lento no se puede”) en el ritmo que le imprimió la Cámara. Algunos llegaron a descreer que en realidad hubiese algún empate entre Guillermo Treacy y Jorge Alemany. Otros, que fuese necesario esperar un parche informático para incluir en el sorteo a la jueza Liliana Heiland, lo que demoró un día la asignación del tercer juez.

La cronología de hechos expuso otro drama: el Poder Ejecutivo no cuenta con puentes de diálogo con la Corte. Antes de que finalizara el encuentro, circuló dentro del Gobierno la idea de que la reunión se había trabado y que no había acuerdo –de al menos tres voluntades- para tomar una decisión. En Talcahuano 550 ocurría todo lo contrario. La Casa Rosada deberá replantearse, a futuro, su relación con la cabeza del Poder Judicial, al menos para estar al tanto de cómo se perfilan las causas sensibles. Tampoco se ve que alcance con contactos con una sola vocalía, en un tribunal donde cada voto cotiza en un 20%. Que antes de fin de año deba gestarse una instancia de negociación por ampliación o no de la Corte obligará a sacudir la pereza en esos menesteres. El riesgo es emular la relación que mantenía Germán Garavano, ninguneado por el máximo Tribunal en la mayor parte de su gestión.

La Corte tuvo el gesto de no apuntar ni al Ejecutivo ni al Senado en lo que respecta al congelamiento que hizo, evitando un conflicto de poderes. Solo al Consejo, el iniciador de la saga de este juicio. Para la alta política, la Corte podría elevarse del problema específico. Una pista: “Es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales”, dice el considerando 6. Algunas partes del voto se remiten a la famosa Acordada 7 del 2018. ¿Se elevará el máximo Tribunal a decidir si el régimen de traslados era o no constitucional? Bruglia, Bertuzzi y Castelli pueden ser un caso testigo. Mientras tanto, la Corte le ha agarrado el gusto a la sorpresa y a exhibirse imprevisible, hermética y blindada.

*Fuente:ambito.com|

 

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