El Tribunal condenó a Carlos Otero Álvarez, exsecretario penal del Juzgado federal n° 1 por haber omitido denunciar crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar eclesiástica. Se le impone la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, inhabilitación especial por el doble de tiempo, accesorias legales y costas. El fallo fue bien recibido por los fiscales y abogadas querellantes que habían solicitado 7 años. Qué significa el fallo para las familias querellantes.
Por Katy García*
Pasadas las 10 de este lunes, el Tribunal presidido por Mario Martínez abrió el debate y le preguntó al imputado Carlos Otero Álvarez si haría uso de la última palabra y dijo que no. Tras un cuarto intermedio hasta las 13, se procedió a leer la sentencia. Los primeros puntos, aluden a pedidos de nulidades por parte de la defensa técnica a cargo de Julio Deheza. Seguidamente dio a conocer que se condena al imputado como autor penalmente responsable del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público -abuso de autoridad, e imponerle la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, inhabilitación especial por el doble de tiempo, accesorias legales y costas. También se le aplicará un conjunto de reglas de conducta (1).
Apenas conocida la sentencia, la sala de audiencias enmudeció. Mientras, en el espacio para el público ubicado en el primer piso, pasados unos segundos, se generó un gran aplauso que fue in crescendo mezclado con abrazos y lágrimas de los presentes que invocaron a los 30.000 compañerxs desaparecidxs: con un fuerte ¡presente! ¡Ahora y siempre!
Hemos avanzado en justicia
Luis Miguel Baronetto, uno de los querellantes, secuestrado, torturado y luego preso antes del Golpe de estado, junto a su esposa, Marta Juana González, luego retirada de la prisión y fusilada junto a otras personas manifestó: “Es un logro muy importante porque no solo hemos avanzado en justicia, hemos avanzado en visibilizar que la complicidad que tanto se dice y poco se ha instrumentado para enjuiciarla, sea enjuiciada por primera vez en Córdoba”, dijo conmovido. Recordó que más allá de que algunas personas no se hayan sumado a este desafío por diferentes razones está claro que “los militares no hubieran podido ejecutar el terrorismo de estado sin complicidades, de distintos tipos, como empresarios, jueces y obispos. Entonces, debemos reafirmar ese carácter positivo y pensar que la justicia se está reivindicando así misma y que a lo mejor no es lo que hubiésemos querido, pero, con los tres años que le aplicó al imputado este Tribunal, de algún modo no solo hace justicia en general, sino que el mismo poder judicial repara algo de sus complicidades anteriores”, opinó, a la salida del TOF2. Cuando declaró como testigo supo decir que si este juicio se realiza “en tiempos de negacionismo político nos da absoluta esperanza”. Y la esperanza se hizo realidad tras una larga lucha que lleva casi 50 años.
Por su parte Carlos Gonella, manifestó que tanto él como Facundo Trotta: “Estamos conformes con la sentencia condenatoria que resuelve la cuestión. Estamos seguros, que nuestras conclusiones y alegatos, y sobretodo, teniendo en cuenta que la Cámara de Casación Penal había señalado errores en el anterior juicio absolutorio, en 2017. He percibido que las querellas también están conformes porque el fallo tiene un valor simbólico, en el sentido de que se produce después de tanto tiempo y lo que significa, con sus idas y vueltas, y que un representante de la justicia federal de Córdoba, haya sido condenado por su participación en aquellos hechos, consideramos que es un buen resultado, y analizaremos los fundamentos”, expresó el fiscal general.
En ese sentido, Adriana Gentile, abogada querellante, manifestó que con la condena “ha quedado demostrado que los hechos acaecidos en el contexto de la UP1, durante el terrorismo de Estado, no se podrían haber cometido de la manera en la que se llevaron a cabo sin la comunidad metodológica del poder judicial. La abundante prueba aportada por la fiscalía y los querellantes ha logrado convencer al tribunal de la responsabilidad del acusado. Además, que las víctimas y sus familiares que llevan más de 40 años reclamando justicia, me parece relevante, más en estos tiempos, que se condene la responsabilidad de un funcionario judicial por delitos de lesa humanidad”, remarcó. Por su parte, Patricia Chalup, evaluó que “habían solicitado 7 años de condena igual que la fiscalía pero nos parece importante que el Tribunal haya tomado la decisión de una condena por tres años, porque de esta manera ratifica lo que las querellas y sobre todo las víctimas que ya venían denunciando; algunas, fusiladas en la UP1. El exsecretario penal Otero Álvarez tenía la obligación legal impuesta por el código de procedimientos en materia criminal vigente al tiempo de los hechos, de denunciar los graves delitos que padecieron estas personas y que sin embargo no lo hizo. Por eso, me parece importante que desde aquí hacia delante si los funcionarios no cumplen con sus obligaciones legales como en este caso que era velar por la integridad física de los hechos también sean juzgados”, agregó. Asimismo, reconoció el trabajo de los que ya no están como María Elba Martínez y Rubén Arroyo, ambos imprescindibles.
Luchar vale la pena
A Carolina Vaca Narvaja en esta ocasión le tocó asumir una responsabilidad que antes la realizaba su madre, Raquel Altamira, esposa de Hugo Vaca Narvaja (h). Aquí narra cómo vivió esta experiencia de dolor, soledad y también de alegría. Expresiva y explosiva a la hora de sacar las emociones, luego de recoger las pancartas, le comentó a Prensared: “Estoy contenta, es lo que deseaba, porque hasta último momento me agarró una ansiedad de no saber si iba o n o ser condenado. Y cuando escuché la palabra condenado me relajé y dije: valió la pena. Lamento que no haya estado mi mamá para poder escucharlo. Pero de alguna forma, ella estuvo presente. Realmente, es la causa maldita, agrega, porque se llevó con mucha soledad, muchas contras. A pesar de todo, la justicia que no actuó durante la dictadura, ni cuando llegó la democracia para reabrir las causas, se pudo denunciar lo que había sucedido y que se lo declare culpable”.
En este hilo de ideas sobre la sentencia sostuvo que “Es muy importante en una ciudad como Córdoba, tan conservadora donde la familia judicial realmente es muy potente, sobre todo porque se deben favores. Fue tremendo escuchar durante las audiencias cómo todo el mundo le rendía pleitesía a este señor por ser de La Justicia. Y su abogado (Julio) Deheza, que al final, hizo un discurso y no un alegato. Me perece fundamental decirlo porque cuando se habla de una ética y moral se habla de esto”, razonó.
No defendió, no hizo nada
Luego habló de las víctimas que “No fueron números, fueron personas muy jóvenes, como bien lo relataron los fiscales que mostraron fotos durante los alegatos y está bueno volver a recordarlos. Ha sido durísimo porque es volver a remover todo. La verdad, una no deja de pensar cómo gente de la justicia al escuchar semejantes atrocidades y apremios, en el ‘75, no defendió, no hizo nada”.
También destacó que “cuando el defensor dijo pobre familia que viene atravesando esto hace más de 15 años, yo digo qué pasa con nuestras familias. A los 35 años, lo llevaron a mi padre, y no pudieron tener esta instancia para poder defenderse. Digo: seamos justos” y cuestionó que el letrado haya traído solapadamente al presente “la teoría de dos demonios. Porque un estado que desaparece y que es cómplice, no es un doble demonio. Fue el estado”, enfatizó
Finalmente ratificó: “Estoy sumamente conforme porque más allá de que se vaya a su casa, que pueda salir-de hecho lo dijeron, menos de 15 días; el tipo está condenado. Para mí, es un capítulo cerrado y es importante poder hacerlo de esta manera y más en este contexto que nos toca vivir. Creo que luchar vale la pena. Memoria, verdad y justicia, siempre”, concluyó.
Elba Pucheta, cumplió con creces la promesa que se hizo hace años cuando sus tres hermanos militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fueron víctimas del terrorismo de estado. Uno de ellos, José Ángel Pucheta fue retirado de la penitenciaría junto a Carlos Alberto Sgandurra y fusilados. ( De 30 presos políticos alojados en la UP1, bajo la tutela del poder judicial, 28 fueron ejecutados extrajudicialmente bajo la ley de fugas y dos dentro de la prisión). Ayer, mientras esperábamos la hora del fallo contó que su familia era de origen radical y que dedicó su vida para lograr justicia por ellos, criar a un hijo que falleció, y al nieto que protege. “Eran trabajadores, y querían un mundo mejor”, ése fue su pecado, expresó.
Invisibilizar, es la tarea
“Estamos contentos, a pesar, o por las trabas, que esta misma justicia ha puesto a lo largo de los últimos 17 años, cuando intensificamos nuestra batalla para el enjuiciamiento de los cómplices judiciales, las corporaciones del poder judicial, operaron activamente para que esto no se viera, hasta hoy incluso. Han trabajado para que no se vea, porque es más visible que los autores del terrorismo de estado sean militares y policías. Pero, cuando los autores son también, los poderes constituidos y hoy constitucionales, empieza una operación que tiene la complicidad de cierta parte de la sociedad cordobesa de no querer mostrar las hilachas de la corruptelas que la invaden”, señaló, Baronetto. Tal es así que otro método fue “intentar con la misma actuación de la justicia, en el juicio anterior, con las declaraciones de algunos que se autotitulan próceres de los derechos humanos por su rol en causas de lesa humanidad; y sin embargo, cuando hubo que pronunciarse sobre este tema, ampararon a sus amigos de la corporación”, analizó, en alusión a magistrados y funcionarios actuales como Julián Falcucci y el reciente juez jubilado Jaime Díaz Gavier, cuando en una entrevista con La Voz del Interior en 2012 habló de la “honorabilidad y hombre de bien, del ahora sentenciado. “Primero intentaron por todos los medios que la causa no llegue a juicio y cuando se logró, absolvieron al colega”, remató.
Mientras compartimos un tramo de la nota que nos dio con el periodista Alexis Oliva esto ocurrió.
-Al parecer, no eras tan lego…como te dijeron-, le recordó Oliva.
– Bueno, el acusado y condenado, yo diría el delincuente, Carlos Otero Álvarez, me acusó de ignorante en mis denuncias. Bueno pero parece que es posible que un ignorante pueda llevar adelante una denuncia. Y me viene bien, porque en general ¿a quién le dicen ignorante? al pueblo …entonces, que haya más ignorantes y no tantos doctores– respondió Vitín Baronetto, un luchador incansable, contra la injusticia.
Y, así terminó, un claro día de justicia en un bar de los alrededores, café de por medio, protagonizado por los y las querellantes.
Los fundamentos serán dados a conocer a las 12hs, del vigésimo día hábil contados desde ayer, 31 de marzo de 2025. Este juicio comenzó el 14 de noviembre de 2024 y es n° 15 que se tramita en Córdoba por crímenes de lesa humanidad.
Referencias
Sentencia.El Tribunal por unanimidad RESUELVE.1doc
1-reglas de conducta: (a) Fijar domicilio, b) someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y c) Comunicar al Tribunal la ausencia de su domicilio cuando el mismo sea por un plazo mayor a los quince (15) días, por el mismo tiempo de condena.
*Periodista. Agencia Prensared. Foto principal cortesía Nicolás Castiglioni.
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