Miriam Bruno, del Frente Agrario Octubres, detalla aspectos del Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común, que reúne a organizaciones de la UTEP-Rama Agraria. La burocracia gubernamental y la falta de respuestas, el precio de los alimentos y la falta de reglamentación de la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar.
Por Redacción*
Las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar y la pesca artesanal nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)-Rama Agraria realizan desde este viernes y hasta el domingo su primer Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común. “El Congreso va a delinear las políticas públicas que necesitamos como sector productivo para sentarnos a discutir con cualquier Gobierno que se nos presente y enfrentar a los grandes grupos concentrados. Queremos un modelo de país que nos asegura el alimento a todos, el de la soberanía alimentaria”, sostiene Miriam Bruno, integrante del Frente Agrario Octubres, una de las nueve organizaciones del sector que se convocan al encuentro.
El Congreso se abrió este viernes por la mañana frente al Congreso de la Nación con un feriazo de pescado fresco, verduras y hortalizas agroecológicas, chacinados, lácteos y envasados a precios populares. “Vamos a discutir las políticas que necesitamos no con lo que vamos a hacer sino que lo hacemos hoy: la producción”, dice Bruno. El lugar elegido para el lanzamiento no fue azaroso. En 2014, en el Congreso, se aprobó la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, y aún hoy no está reglamentada, a pesar de la promesa del Gobierno nacional en junio del año pasado, cuando anunció también que se ejecutaría con fondos del Banco Mundial. En tanto, otra decena de leyes presentadas por el sector esperan ser tratadas en ambas Cámaras.
Bruno, ex coordinadora del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf), fue parte de la discusión de esa normativa aún pendiente y considera que “si se lee a conciencia esa norma es una herramienta para generar la reforma agraria que nunca ocurrió en la Argentina” y califica de “perverso” que la Ley aún no haya sido reglamentar, sobre todo luego del encuentro del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar en el que el presidente Alberto Fernández prometió que la reglamentaría.
El evento reúne a las organizaciones nucleadas en la UTEP-Rama Agraria: Movimiento Nacional Campesino-Indígena (Vía Campesina), Frente Agrario Evita, Federación Nacional Campesina, Federación Rural para el Arraigo y la Producción, 25 de Mayo-Tierra Mía, Movimiento Plurinacional Madre Tierra, Federación Argentina de Pesca Artesanal y la Comunidad Iwi Imeby-Ava Guaraní. Los días de debates entre centenares de delegados serán este sábado y domingo en el Centro Recreativo Nacional (Cerena), en la localidad bonaerense de Ezeiza, a través de tres ejes: “Tierra y Territorio”; “Producción, Comercialización y Agregado de Valor”; y “Cuidado de Nuestra Casa Común”.
La posición de las organizaciones es crítica del actual modelo agropecuario en el que sólo el uno por ciento de los propietarios rurales posee más del 40 por ciento de la tierra y 4500 pools de siembra concentran más del 75 por ciento de la producción. Críticas que las organizaciones sostienen aun integrando el gobierno del Frente de Todos, con puestos de decisión como el ex secretario de la Secretaría de Agricultura Familiar y ahora presidente del flamante Instituto Nacional de la Agricultura Familiar y Campesina (Inafci), Miguel Gómez (del Frente Agrario Evita).
Bruno, quien impulsa hace cuatro años el frente agrario del Movimiento Octubres —encabezado por el diputado del Parlasur Gastón Harispe (FdT)—, reconoce que en los últimos tres años “lamentablemente, no se pudo llegar a diseñar las políticas que veníamos construyendo como organizaciones” y señala lo conseguido hasta 2014, cuando se había promulgado la Ley de Agricultura Familiar, se puso en marcha el monotributo social agropecuario, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, la Ley caprina, la Ley ovina y “se pensaban políticas públicas diseñadas para que el Estado ponga recursos propio y que no dependan del Banco Mundial”.
“Nos dimos cuenta de que todavía no somos una fuerza lo suficientemente fuerte para torcerle el brazo a los funcionarios que están dirigiendo la política agropecuaria y sí son torcidos sus brazos por el agronegocio, sí lo logran quienes impulsan políticas para el mundo sojero”, reflexiona Bruno.
De todas formas, la ex coordinadora del Fonaf confía en que los lineamientos que surgirán del Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común junto al trabajo que se puede realizar desde el flamante Inafci. “Que el Instituto sea un espacio donde empecemos a debatir y discutir todas las organizaciones en consenso, no solo algunas sino todas. Las que tengan algo que decir sobre alimento deben ser parte o deben exigir ser parte. A veces, no todos somos amigos pero en ese espacio no tenemos que ser amigos, tenemos que ser actores imprescindibles para defender entre todos lo que queremos construir que se llama soberanía alimentaria”, convoca.
Soberanía alimentaria, un puente entre lo urbano y lo rural
Las organizaciones nucleadas en la UTEP tienen una característica particular, muchas de ellas tienen un pie en lo rural y otro en lo urbano. El Frente Agrario Evita, referenciado en el movimiento liderado por Emilio Pérsico, el Frente Nacional Campesino como herramienta rural de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación Rural como reciente desprendimiento del MTE-Rural son ejemplos.
Bruno señala que un proceso similar se desarrolló en el Movimiento Octubres, donde “no se visibilizaba al productor de alimentos dentro de las estructuras de los movimientos sociales. Se trataba de compañeros que levantaban las banderas políticas del movimiento pero necesitaban políticas agrarias precisas, como las que a nivel nacional llevaba antes sólo la Federación Agraria, Coninagro o el MNCI”. En la actualidad, el Frente Agrario Octubres reconoce y representa a productores de alimentos en San Juan, Mendoza, Chubut, Jujuy, Salta y Tierra del Fuego.
La ex coordinadora de la Fonaf ubica el inicio de este proceso de reconocimiento del sujeto rural en los movimientos sociales desde 2006, en el debate de la Ley de Agricultura Familiar, en el paso de Pérsico como subsecretario y secretario de Agricultura Familiar durante el gobierno de Cristina Kirchner, y en la creación de la UTEP en diciembre de 2019, que se cristalizó en su Rama Agraria. “Los movimientos no somos productivos o políticos sino que se trata de una mezcla de ambas cosas para generar un sujeto con empoderamiento, con posibilidad de incidir políticamente y con desarrollo en los territorios”, resume.
Más allá del proceso de construcción hacia el interior de los movimientos sociales, Bruno destaca cómo el pensar en qué es la agricultura familiar y la soberanía alimentaria construye un puente entre lo urbano y lo rural y cambia la perspectiva. “Pensamos en cómo hacer una relación virtuosa entre los compañeros que producen alimentos y los que necesitan llevar adelante las ollas de los comedores comunitarios, para no solo esperar lo que viene del Ministerio de Desarrollo Social sino fortalecer nosotros esas ollas, algo que se visibilizó y fortaleció durante la pandemia. Los fideos, harina y polenta de los bolsones de Desarrollo Social vienen bien, pero cuando problematizás el alimento que reciben los nuestros, los que no pueden elegir y son asistidos, no podés pensar que eso es soberanía alimentaria, eso es solo seguridad alimentaria”, describe.
“Lo que nosotros venimos a discutir es la soberanía alimentaria, que todos los pueblos tenemos derecho a consumir lo que decidamos consumir”, sentencia la dirigente sobre el concepto acuñado hace 25 años por la Vía Campesina y agrega: “El mundo rural de la agricultura familiar es el que produce alimentos, pero no tienen mercado, producen en negro, muchas veces para el autoconsumo, son pocos los productores que pueden llevar los productos al mercado de una manera digna, y a los que lo hacen le pagan en el campo un valor muy diferente del que llega a los mercados concentradores y el que luego paga cualquier trabajador”.
— ¿Qué le diría a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria?
—Soy de La Matanza y es muy difícil visibilizar que el problema de la alimentación también es nuestro, porque siempre parece un problema de la ruralidad. La ciudadanía no es consciente de que los que consumimos y lo que comemos está dado por un montón de otros compañeros que hoy no tienen la suerte de ser visibilizados. Se discrimina a los verduleros por “bolivianos”, pero esa comunidad es la que se puso a trabajar en el cordón hortícola en el Gran La Plata para tener las verduras que comemos, y mientras a ellos les pagan 40 pesos por una jaula de lechuga que se vende a 700 pesos el kilo. Las cadenas de comercialización se quedan con la ganancia de nuestros compañeros y con nuestros salarios. La ciudadanía tiene que comprometerse, tiene que pensar que el choclo no nació en una lata y que esa planta puede estar contaminada de venenos o puede ser agroecológica. Comer sano no puede ser solo para Palermo Soho, el alimento no puede tener un precio que pueden pagar pocos, mientras en los barrios pobres esperan un bolsón. El alimento es de todos y debemos pelear por eso.
La Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común
El objetivo de los dos días de debate del Congreso por la Tierra es generar documentos con lineamientos para llevar adelante las políticas que el sector necesita para sentarse “a discutir con cualquier Gobierno que se nos presente y decirle que el modelo de país que nos asegura el alimento a todos los argentinos es este, el que proponemos, y no es otro”, sostiene Bruno.
Destaca que el encuentro estará enmarcado en una mirada integral con el Mercosur “para pensar primero en el mercado interno, segundo en un mercado latinoamericano y luego en la exportación. Primero los nuestros, primero nuestras casas”, dice y se esperanza con que los gobiernos “lean, escuchen y vean que somos posibles para sostener los alimentos de todos, simplemente falta un poco de voluntad política”.
La integrante del Frente Agrario Octubres indica que también se podrán debatir todas las leyes presentadas en el Congreso “para discutirlas y defenderlas, como se defendió y construyó la Ley de Reparación Histórica, entre todos” y marca un eje fundamental en la semana del 8 de marzo: “Seguir fortaleciendo a las mujeres rurales, que siguen produciendo y están invisibilizadas”.
Los ejes de debate para los días 11 y 12 de marzo son tres y Bruno ofrece una breve descripción de las problemáticas a abordar en cada uno.
- Tierra y Territorio
“El freno de los desalojos de los compañeros de las zonas rurales donde son avasallados sus derechos ancestrales y más tierra para la distribución con una lógica de reforma agraria integral para que a los compañeros no les entreguen tierras que no son productivas. Esto se puede lograr constituyendo un espacio de discusión para el Banco de Tierras contemplado en la Ley de Reparación Histórica. Defender el territorio no solo significa tener la tierra sino también el agua para poder producir.”
- Producción, Comercialización y Agregado de Valor
“Con el agua y con la tierra podemos tener materias primas. Podemos cultivar alimentos y criar chanchos, chivos, vacas, pero tenemos que ir por la leche, el queso, agregado de valor a nuestras producciones. Todo eso distribuido territorialmente, no pensando en lugares de concentración. La distribución de la riqueza no pasa por producir la verdura más fresca y más agroecológica sino que llegue a precios dignos a todos los argentinos. Eso es discutir el mercado, discutir quién toma las decisiones, por eso proponemos cortar las cadenas de comercialización para que llegue del productor al consumidor, reduciendo los costos de los intermediarios y las grandes cadenas, que también concentran nuestra producción y pagan miserias a nuestras compañeras y compañeros. Somos los productores los que queremos sentarnos con el Estado para construirlo, porque no es un problema de quién gobierna sino para quién gobernamos. Y ver que cuando llegamos a estar en espacios políticos o institucionales no seamos los propios compañeros los que practiquemos el modelo de explotación”.
- Cuidado de Nuestra Casa Común
“Cuando el Papa Francisco hablaba de la Casa Común, en la encíclica Laudato Sí, hablamos de que la tierra es de todos y todos la tenemos que cuidar. Esta ola de calor, la sequía, la deforestación para ampliar las zonas de producción del agronegocio, la tierra es una y en la Argentina es una de las más ricas. No voy a entrar en la discusión de cómo producir para que ingresen divisas al país, sino la de quienes producimos y cuidamos nuestro hábitat. A veces, las decisiones de lo que pasa en la Argentina se discuten en otros espacios internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Necesitamos debatir la Casa Común a nivel local, tenemos que construir instrumentos para que no se confunda el modelo de país que queremos en la Argentina, que no se confundan ni intendentes, ni diputados ni gobernadores ni ninguno de los que toma decisiones.”
Las políticas para la agricultura familiar en los años del Frente de Todos
—Me habla de las tomas de decisión políticas y de la posibilidad de que las organizaciones tengan incidencia, dentro de las organizaciones que participan del Congreso está el Frente Evita, con representantes como Emilio Pérsico y Miguel Gómez que son actuales funcionarios. ¿Qué evaluación hace del gobierno del Frente de Todos en materia de políticas agropecuarias?
—Lamentablemente, no se pudo llegar a diseñar las políticas que veníamos construyendo como organizaciones. Cuando en 2019 se le dio la posibilidad a los compañeros de llevar adelante las políticas de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina, ámbito que hemos peleado y construido, había que tener claro que para llegar a las políticas tienen que existir recursos claros y transparentes. Solo hubo recursos que dependen del Banco Mundial, que exigen determinadas estructuras administrativas para las organizaciones que son más que un simple balance. Además, la construcción de la Secretaría atravesó la pandemia, que lejos de justificar lo hecho o no, visibilizó que la producción es viable y es posible si las políticas se llevan adelante para producir alimento de forma local, puso en valor el modelo de país que buscamos, y que no hay que esperar nada desde afuera.
—Entonces, ¿el balance que hace de la gestión es negativo?
—Las organizaciones teníamos la responsabilidad de seguir construyendo con el Estado con los recursos que tuviéramos. Lo perverso se da en que aún no implemente la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.
— ¿Esa fue la gran expectativa incumplida?
—La Ley se promulgó en 2014. En ese año teníamos todo como para lanzar las políticas para el sector: la Ley de Agricultura Familiar, el monotributo social agropecuario, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, políticas públicas diseñadas para que el Estado ponga recursos propio y que no dependan del Banco Mundial, la Ley Caprina, la Ley Ovina, entre otras cosas. Pero este sector sufre los modelos de país que se disputan y que perdimos en 2015. A partir de la llegada del macrismo sabíamos que no iba a implementarse la Ley de Agricultura Familiar y nos mantuvimos al pie del cañón, perdimos un instrumento imprescindible como el monotributo social y mantuvimos el Registro Nacional de la Agricultura Familiar.
— ¿Y cuando volvieron al gobierno con el Frente de Todos?
—A partir de 2019 pensamos: “Volvemos con todo”. Pero volvés con cambios estructurales. Entonces, hay que volver a construir, gestionar y defender lo que tenías. Todo se hizo difícil, a contra reloj, todos enojados con todos y sin entender por qué no se hacían las cosas. Es muy difícil explicarle a un compañero que está en el campo lo que pasa en estas superestructuras. Sobre todo cuando pasan cosas como llegar a la reunión del Consejo de la Agricultura Familiar, que el presidente Alberto Fernández diga que la Ley de Agricultura Familiar va a ser reglamentada y que va a haber recursos para implementarla… pero no se cumple y, poco tiempo después, cambia la estructura, el Ministerio de Agricultura es absorbido por el de Economía, la Secretaría de Agricultura Familiar se transforma en Subsecretaría, no aparecen los recursos y las firmas de los proyectos que estaban por salir vuelven a cambiar burocráticamente. Fue enfermizo.
—La respuesta que se dio desde el Gobierno ante todos estos cambios fue la creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesina e Indígena. ¿Cree que significará más demoras?
—En su momento, yo no estaba de acuerdo con la construcción de un instituto. No hace dos días que estamos discutiendo instituto sí o instituto no, sino que atravesó el debate sobre la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar. Entonces, el sueño era tener una Secretaría dependiente del Ministerio de Agricultura y luego llegar a un Ministerio de Agricultura Familiar. Pero la realidad es que hasta el día de hoy seguimos teniendo el conflicto de cuál es el modelo de país que queremos y hacia dónde van los recursos.
— ¿Y qué sucedió?
—El Presidente, los ministros son los que toman esas decisiones para traducirlas en el presupuesto, además de los acuerdos políticos: si los recursos se los damos a los movimientos sociales o a la Secretaría de Agricultura Familiar o a quién está en la Secretaría y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con quién está o en el momento en el que está. Ante toda esa realidad, el Instituto surgió como una estrategia de no reducirnos, otra vez, a una Subsecretaría dentro del Ministerio de Economía, que significaba solo entregar algunos subsidios o planes a los productores más pobres.
— ¿La puesta en marcha del Inafci va a cambiar esa situación?
—Cuando querés construir un modelo de país diferente y hacérselo ver a los actores que hoy gobiernan y que llevan adelante el modelo de país agropecuario, discusiones que hemos tenido con (el ex ministro de Agricultura) Julián Domínguez, nos hemos dado cuenta que todavía no somos una fuerza lo suficientemente fuerte para torcerle el brazo a los funcionarios. Brazos que sí son torcidos por el agronegocio, sí por los que impulsan políticas para el mundo sojero, entonces te encontrás en debilidad. Creo que la ventaja que puede tener el Instituto de la Agricultura Familiar y Campesina e Indígena es, en principio, organizarnos. Tener claro de qué estamos hablando en este sector, cuáles son los lineamientos que vamos a defender como organizaciones o como funcionarios para construir un modelo de país diferente.
— ¿Y cuáles son las prioridades que debe tener el Inafci?
—Tenemos que sentarnos a reglamentar la Ley de Reparación Histórica, sentarnos con el Senasa, sentarnos con las universidades nacionales, con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, poner todo en ese paquete para ver qué podemos construir desde la agricultura familiar sin ver si está de acuerdo el Ministro, el Secretario o el Banco Mundial. Con el Instituto y junto a los lineamientos que surjan de este Congreso vamos a construir las políticas que necesitamos y nos sentaremos a discutir con cualquier Gobierno y le diremos qué modelo de país queremos.
*Redacción Agencia Viva |https://agenciatierraviva.com.ar/comer-sano-no-puede-ser-solo-para-palermo-soho/ Fpto principal Foto: Daniel Jatimliansky.
