Así se titula este proyecto de periodismo colaborativo, transfronterizo y latinoamericano que indaga sobre la violencia a las personas defensoras del ambiente. Está coordinado por el Consejo de Redacción formado por periodistas experimentados de doce países del continente.
Por Mauricio Álvarez Mora*
América Latina es una de las regiones más ricas del mundo en bienes naturales, biodiversidad y cultura. Para algunos esto puede servir para las postales turísticas o anuncios publicitarios, pero no en las comunidades que siguen sufriendo la colonización y recolonización de sus territorios por parte de proyectos extractivos, que los despojan de los medios naturales que les ha permitido vivir durante siglos sin destruir los ecosistemas de los cuales dependen directamente.
Dentro de esta relación de mutualismo, muchos de estos lugares corresponden a territorios indígenas formales, nominales o ancestrales, o tierras campesinas donde se encuentra más biodiversidad que en los mismos parques nacionales, que suelen estar próximos a estos sitios. Esta situación demuestra una relación positiva y nutricia para la naturaleza en la convivencia con estas comunidades resistentes.
Por eso, cuando se trata de imponer las formas de economía extractivas y de despojo surgen las disputas y conflictos socioambientales, pues atenta contra la base material y simbólica que permite la vida en estás comunidades.
La conflictividad socioambiental responde a las numerosas disputas por el futuro ecológico de la región. Este fenómeno está registrado por bases de datos realizadas por organizaciones civiles, centros académicos y esfuerzos conjuntos. Un ejemplo de esas bases globales es el Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), base activa desde el 2012 que ha registrado a nivel mundial 3700 conflictos mediante una metodología de colaboración entre académicos y activistas.
De esos casos más de una cuarta parte son registrados en Latinoamérica según esta base que se mantiene en construcción y actualización permanente. Muchos de estos conflictos pueden ser cíclicos y generan ciclos de violencia que podemos definir como círculos de criminalización que implica la estigmatización: denigrar y señalar a las personas defensoras como problemáticas, opuestas al “desarrollo”.
Después de la descalificación, puede venir el acoso vía judicialización con demandas legales o con amenazas de muerte. Cuando esto no surte efecto, se pasan a las acciones de hecho y finalmente en algunos casos: al asesinato. Este proceso no es lineal ni se completa siempre en ese orden, pero es una síntesis de lo que empezamos a vivir con mayor intensidad en los últimos 25 años.
A las bases de datos de conflictos se han empezado agregar otra variable que es la violencia hacia las personas defensoras, y se han desarrollado otras bases que identifican a las personas asesinadas por esos conflictos socioambientales, como la organización Británica Global Witness, en la cual recurrentemente año a año se nombra a Latinoamérica como la “región más peligrosa del mundo” por el asesinato de activistas ambientales. Estamos hablando del asesinato de más de 500 personas defensoras de la tierra en la región latinoamericana en la última década.
Es una lista fatídica y triste, en la cual se nos recuerda a las personas activistas el precio por la defensa del ambiente. Pero no es la única forma de violencia. En la región también ocupa el primer lugar en feminicidios, asesinatos de periodistas y de homicidio (en general) de personas en el mundo. Al mismo tiempo que ocupamos los primeros lugares en desigualdad, obviando la correlación de entre mayor desigualdad y concentración de la riqueza en pocas manos, mayor la violencia.
Estas bases de datos que se construyen por las organizaciones de civiles, académicas, a veces logran cruzar o trascender el cerco mediático. En la región es necesario fortalecer la pluralidad de los medios, porque son pocos los que cubren situaciones en territorios indígenas o zonas rurales empobrecidas. La mayoría de los focos mediáticos hegemónicos se centralizan en zonas urbanas, invisibilizando los conflictos socioambientales.
Para revertir esta situación, ha nacido otro esfuerzo por humanizar estos datos que año con año son cada vez más crudos pero invisibles. Este esfuerzo se llama “Tierra de Resistentes”, que es el resultado de un proyecto de periodismo colectivo y transfronterizo que viene investigando los fenómenos de violencia a las personas defensoras del ambiente. Este espacio multimedia (tierraderesistentes.com) ha realizado unas 50 historias de 17 países.
El proyecto agrupó a un equipo de periodistas independientes, medios, desarrolladores, diseñadores, fotógrafos y videógrafos de 17 países de la región. Además, publican reportajes transnacionales y una cobertura especial de la entrada en vigor del tratado Escazú en toda la región latinoamericana.
La base de datos de Tierra de Resistentes comprende más de 2.460 hechos victimizantes contra organizaciones, comunidades y defensores del ambiente ocurridos durante 10 años en al menos 12 países de Latinoamérica. Estos hechos son apenas la superficie de hecho que se han podido verificar y documentar. Es decir, se sabe que la mayoría de las violencias se han quedado sin registrar.
Entre los principales hallazgos de estos datos son: un alarmante 48,8% de esos episodios de violencia (1.202 registros) fueron contra algunas de las 160 etnias indígenas, afrodescendientes y garífunas; un 21% de todas las violencias han afectado a las mujeres; y quizás lo más aterrador es que solo se encontraron datos concluyentes de decisiones judiciales en 296 casos – o 12% del total – sin entrar a detallar el tipo de sentencia, dejando en impunidad uno de cada diez casos de hechos victimizantes.
Hay que aplaudir este esfuerzo de periodismo ambiental y latinoamericano, que está dando un rostro a una situación tan dolorosa como importante, demostrando que la administración de justicia tiene una inmensa deuda con los defensores ambientales que el Acuerdo de Escazú busca cambiar y, que, lastimosamente para nuestro país, el empresariado nacional y sus representantes políticos en la Asamblea y el Gobierno no quieren discutir y muchos menos aprobar.
* Coordinador del proyecto «Diálogo de Saberes y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica» de la Universidad de Costa Rica (UCR). Fuente: rebelión.org/ Imagen ilustrativa CdR.
www.prensared.org.ar
