Entrevista con el camarista de Casación Federal. El juez advierte sobre un presente de “remilitarización política”, que asegura, “cultiva la impunidad y es incompatible con la democracia”. Se trata de “una nueva estrategia oficial que viene acompañada de discursos negacionistas. Para mí, lo que está implícito es la deconstrucción de la arquitectura vigente hasta ahora”, sostiene.
Por Luciana Bertoia*
Alejandro Slokar es el juez que está a cargo de la comisión que trata cuestiones vinculadas a los crímenes de lesa humanidad en la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Días después de que el gobierno presentara la designación de Carlos Presti, jefe del Ejército, como ministro de Defensa como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas, el magistrado conversó con Página/12 y advirtió sobre un cambio de era en el que la impunidad y el pretorianismo aparecen como riesgos para la democracia.
– ¿Qué opina de la reivindicación de las Fuerzas Armadas que estamos viendo en los últimos tiempos?
–Históricamente, las Fuerzas Armadas tutelaron a los gobiernos democráticos. Pero, desde la mitad del siglo pasado, la misión fue la proscripción del peronismo. O sea, todas las dictaduras cívico-militares, desde el ’55 en adelante, intentaron erradicar el nombre de democracia al peronismo, que no es un factor menor. Hace 50 años, asaltaban el poder, ejecutaban un plan de exterminio que se completaba con las torturas en Malvinas. ¿Qué quiero decir con esto? No es un tema del pasado. ¿Por qué? Porque existe un continuum. Hasta bien entrado este siglo, un jefe de Estado Mayor cuestionaba el pronunciamiento institucional de (Martín) Balza con el reconocimiento de los crímenes ocurridos.
– ¿Se refiere a Ricardo Brinzoni?
–Sí, que fue desplazado de inmediato por (Néstor) Kirchner. ¿Cuál es la disputa? Mantener o reponer el siempre denominado consenso antisubversivo. O sea, un cierre de filas castrenses que está llamado a impedir la rendición de cuentas: no quiere que los delitos cometidos sean perseguidos, juzgados, sancionados. Se reivindica la existencia de una guerra con errores, con excesos, pero ese siempre es el eje del discurso de justificación de partes centrales de las fuerzas que ocultan el plan de violaciones sistemáticas. Argentina es el único país del mundo donde una dictadura militar que abandonaba el poder en esa misma transición es sancionada con pena de prisión por parte del poder civil. No hay otro escenario equivalente: sin fuerzas de ocupación, sin tribunales ad hoc, sin leyes especiales. Y eso es el rasgo identitario de la Argentina en términos democráticos para con el mundo, y que ganó en cohesión social, por lo menos hasta ahora, y que redefinió el papel de las Fuerzas Armadas.
–Pero, 40 años después del Juicio a las Juntas, el gobierno dice que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas”…
–Lo que ahora tiene inicio es una nueva estrategia oficial que viene acompañada de discursos negacionistas. Para mí, lo que está implícito es la deconstrucción de la arquitectura vigente hasta ahora. O sea, es un régimen que entra en metamorfosis con un sesgo autoritario. Bajo esas coordenadas, lo que se inaugura es un período inédito, porque hasta ahora, la política pública estaba libre de la injerencia militar. Esta remilitarización política, para mí, cultiva la impunidad y es incompatible con la democracia. O sea, la falta de memoria pone en riesgo el futuro democrático. Y esto con prescindencia de cualquier nombre. Estoy hablando en términos de esquema.
–¿O sea, lo que antes era un lobby subterráneo pasa a ser validado desde las más altas esferas?
–El pretorianismo implica la presión estamental que actúa sobre la política pública. O sea, desde la estructura militar se va a reunir la capacidad para imponer los propios criterios y las decisiones corporativas sobre la política que adopte la autoridad civil, donde tampoco aparece intermediada por un título de cartera, sino que reporta directamente al comandante en jefe de la fuerza. Luego, se trata de un militar en funciones —o sea, un jefe de Estado Mayor en servicio activo— que aparece instrumentando su misión en términos proselitistas respecto de un gobierno de turno. Y esto es ni más ni menos que la partidización de las Fuerzas Armadas. Y esto se ensaya al amparo de un nuevo encuadre bélico: la guerra interna.
– ¿A qué se refiere?
–En 2024, el gobierno dictó dos decretos: el 1107 y el 1112. Bien. Con el 1107 habilitaron decididamente la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. El 1107 define como concepto “objetivos de valor estratégico (OVE)” cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas de vital importancia para el Estado Nacional, cuya afectación generaría graves perjuicios a la vida, la economía, el ambiente o la seguridad nacional. Para algunos, se dirige lisa y llanamente a la protección del modelo extractivista: negocios en los territorios del litio, de tierras raras. Sabemos que sobre esos objetivos hay disputas que fueron incrementándose en el último tiempo: resistencia de las comunidades originarias, grupos ambientalistas, el problema del agua, los conflictos laborales en los núcleos urbanos de la periferia. En cualquier caso, se puede habilitar la intervención por vía de represión de las Fuerzas Armadas. Este es un modelo clásico.
–¿Está viendo el fin del consenso democrático de separar a las Fuerzas Armadas de la seguridad interior?
–La distancia entre la seguridad interior y la defensa nacional es hacia dónde apuntás las armas: si apuntás hacia el interior, hacia adentro, o si lo hacés hacia afuera. Parece que el modelo es claro, que apunta ahora hacia adentro. O sea, se remilitariza la seguridad, habilitando el uso de la fuerza, aun en escenarios urbanos. El 1112/24 se complementa con la resolución 68 de este año, que crea la mesa conjunta de Seguridad y Defensa. Las amenazas ya no son las agresiones externas de otros Estados, sino de organismos paraestatales, organizaciones terroristas o grupos transnacionales. El decreto autoriza las aprehensiones transitorias. Lo peligroso es que algunos pretenden calificar como terroristas las marchas al Congreso. Creo que el propósito es reinstalar el miedo disciplinador. Por eso aparece esta remake de la doctrina de seguridad nacional. Por algo el ministerio lleva el nombre de Seguridad Nacional. Lo demás es lo de siempre: fuerzas carentes de competencia en el sentido estricto, con bajísimos niveles de calidad de vida.
–Tampoco está tan claro que esto sea lo que quieren los militares, porque el año pasado le preguntaron a Presti y contestó que siempre cumplían con la ley, y la ley no está…
–Eso, en principio, no sería de recibo por parte de las fuerzas, o habría resistencias. Son conscientes del riesgo de la policialización o, de alguna forma, de la transformación en otra cuestión. Pero además son conscientes de que lo que está en riesgo es la propia soberanía, la integridad territorial, que es su misión específica.
–Usted habla de la particularidad del modelo transicional argentino, ¿pero hay otro al cual prestarle atención?
–En Alemania de la inmediata posguerra se implementó el modelo de las cinco D: desnazificación, desmilitarización, descentralización, descartelización y democratización. Alemania lo que hizo fue avanzar sobre las sanciones a los responsables, lo que derivó en una democracia resiliente, como lo conocemos hasta el día de hoy, con sus claroscuros. Está el paralelismo de los 80 años de Núremberg y los 40 del Juicio a las Juntas. Ellos juzgaron a 24, condenaron a muerte a la mitad, el resto a penas severas, y hasta hubo absueltos. Los absueltos fueron el ministro de Propaganda, el jefe de la Reserva o del Banco Central, y el canciller. O sea, ni la prensa, ni la política, ni los negocios terminaron enjuiciados. Son los límites de un modelo que se fue profundizando luego en una segunda etapa de juicios. El bagaje no fue solo en Núremberg, como tampoco tiene que asumirse el juicio de la causa 13
como el fin de nada, sino el principio. Y Alemania profundizó todo esto. El Código Penal contempla hasta cinco años de prisión por negacionismo. Es un límite infranqueable. En Argentina, hasta ahora, teníamos asumido que no había democracia posible con la impunidad de la violencia ilegal en los 70. Me parece que estamos frente al parteaguas.
– ¿Y cuál es el rol del Poder Judicial frente a esto?
–Si se trata eventualmente de volver a una etapa de impunidad, lo que está claro es que acá no hay retorno para eso. Pero no porque lo diga yo, ni siquiera porque lo diga la Corte. Hay una metagarantía del sistema de protección interamericano, le guste a quien le guste.
– ¿Qué puede decir del reclamo que querellantes les hacen a Casación y a la Corte para que apuntalen los juicios de lesa humanidad, como han hecho con el juicio de los cuadernos?
–En el alcance que me cabe, esto es irreversible. Si hay condiciones que dieron lugar a mutación o conversión, no lo sé. Así como evoluciona el modelo alemán, a la larga es una misión paciente y tenaz porque lo que aparece bajo riesgo es el futuro democrático.
*Politóloga y periodista especializada en Justicia y DDHH. Fuente: Página 12 https://www.pagina12.com.ar/Foto Sandra Cartazzo.
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