La dupla Caputo-Bausili avanza. La pregunta obligada es por qué la Cámara de Diputados de la Nación no dio el quórum para derogar el DNU 70/23, decreto que se arroga atribuciones legislativas y solo puede estar vigente si el Congreso no está en funciones.
Por Horacio Rovelli*
El Poder Ejecutivo no debe emitir disposiciones legislativas, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. El DNU 70/2023 modificó o derogó una enorme cantidad de leyes y regulaciones en 366 artículos. Entre ellas, la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales; la desregulación de los alquileres y el crédito; la modificación de las reglas sobre los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga; la modificación en el funcionamiento de las obras sociales; la transformación en sociedades anónimas de las empresas públicas para su privatización; las derogaciones de la ley de abastecimiento y de la ley de góndola; la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (el organismo que regulaba distintos aspectos de la cadena yerbatera); la derogación de la ley del compre nacional; la modificación del código aduanero; la ley de Argentina digital; la modificación del régimen aerocomercial y el avance con la política conocida como “cielos abiertos”, etc.
El DNU 70/23 también modificó la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas laborales. Cambió el período de prueba, las reglas de registración laboral, las indemnizaciones por trabajo no registrado, las condiciones de negociación colectiva y distintas disposiciones sobre medidas de fuerza. También derogó la Ley 25.323 y modificó normas sobre empleo, trabajo agrario y casas particulares.
La única respuesta a la pregunta de por qué no hubo quórum el jueves 15 de octubre de 2026 en la Cámara Baja (más baja que nunca) es porque, de derogarse el DNU 70/23, la minoría parásita y rentista que se apropia de lo que es de todos pierde sus privilegios. Por eso corrompe a los supuestos representantes como gobernadores, intendentes, legisladores, funcionarios, jueces, etc.
Ante la violación de las leyes y de la Constitución nacional, se hacen presentaciones judiciales que la familia judicial “cajonea” sistemáticamente, con su hijo Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia. El Poder Judicial y el Poder Legislativo incumplen con la Constitución, esencialmente con el artículo 75, que detalla las atribuciones del Congreso de la Nación. Esto se revela fundamentalmente en las autorizaciones de deuda pública, en los códigos de fondo (Civil, Comercial, Penal, Laboral, Minero y de Seguridad Social). También se refleja en desconocer la preexistencia étnica, cultural y en los derechos de los pueblos originarios y la jerarquía constitucional de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Los que dignamente reclaman son reprimidos violentamente, generando la indignación y la respuesta de los manifestantes con infiltrados y el proceder déspota de las fuerzas de seguridad.
Todo ello en beneficio de negociados de una deuda pública que es una estafa, que se generó con el gobierno de Macri, se convalidó en la gestión de Alberto Fernández y se expande en la actual administración. Incluso, para el pago de una parte de los intereses, se incurre en negociados como fueron la concesión a precio vil (tasados por una oficina creada en el Banco de Inversión y Comercio Exterior, cuando existe el Tribunal de Tasaciones de la Nación) del dragado y balizamiento del río Paraná, de las cuatro represas del Comahue, de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, de la venta de la participación del Estado en Transener, de la participación de YPF en Metrogas y de la concesión a 30 años del AySA, todos a grupos económicos de dudosa constitución y de aportes de capitales, pero con el aval de la Embassy.
La estafa de la deuda
Desde diciembre de 2015, la deuda bruta no ha dejado de crecer y su composición se ha deteriorado significativamente.
En primer lugar, en el gobierno de los Kirchner la deuda era principalmente intra sector público. Prácticamente el 40% de los títulos lo poseían el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las ANSeS, el Banco de la Nación Argentina y distintos fondos fiduciarios. Había una orden no escrita de que todo organismo público que tuviera un excedente monetario por falta de ejecución debía comprar títulos de deuda nacional. Kirchner había logrado cancelar la deuda y los compromisos con el FMI en enero de 2006, después de 50 años de supervisión y dependencia. No existían títulos capitalizables de interés porque se abonaba en su totalidad.
La administración de Cambiemos nos sobreendeudó en 94.984 millones de dólares, de los cuales 44.129 millones eran con el FMI (retornando a su dependencia y subordinación). Alberto Fernández no solo no auditó la deuda de la gestión de Macri, ni estudió lo incorrecto del acuerdo con el FMI, sino que transformó el stand by en un plan de facilidades extendidas a diez años, un plan de pagos incumplible.
El gobierno de Caputo-Bausili acrecentó la deuda en 33 meses en 115.955 millones de dólares. Estos solo se emplean para pagar menos de la mitad de los intereses que la misma deuda devenga, fugar capitales o financiar el carry trade, controlando severamente el precio del dólar para garantizar su compra y salida.
A la infamia de la deuda debemos sumarle la obtención de un superávit comercial de más de 49.000 millones de dólares en el mismo lapso. Esto fue fruto del brutal ajuste económico que empobreció a la población y desindustrializó al país para reducir las importaciones y exportar más alimentos, energía y minerales que no se emplean en la Argentina. Y debe agregarse el ingreso de divisas por el “blanqueo de capitales” por 20.631 millones de dólares que se fugaron y volvieron sin pagar impuestos, que sí pagan los trabajadores y productores locales.
Esa montaña de dólares y de deuda, en lugar de emplearse para recuperar para el país el río Paraná, crear una marina mercante o construir un millón de viviendas, se emplea para el enriquecimiento y la fuga de la minoría parásita y rentista asociada al capital extranjero.
Dolo, estafa y asociación ilícita
El claro ejemplo es el desmanejo del oro de las reservas del BCRA.
El dolo es la voluntad deliberada y consciente de cometer un delito, engañar a alguien o incumplir una obligación a sabiendas de que se causa un daño o se infringe la ley. Es la intención deliberada de cometer una acción u omisión contraria a la ley, sabiendo las consecuencias que esta va a provocar.
La estafa es un delito con ánimo de lucro contra la propiedad en el que se emplea el engaño, la trampa o la manipulación para hacer que las otras personas caigan en un error y entreguen voluntariamente dinero, bienes o datos personales en su propio perjuicio.
Y es lo que sucedió con el accionar del BCRA cuando envió al exterior, en los meses de junio y julio de 2024, aproximadamente 37 toneladas de oro (alrededor de 1,98 millones de onzas troy) [1]. Este volumen fue valuado inicialmente en torno a los 4.981 millones de dólares, dado que el precio de la onza troy era, en ese momento, algo menor a los 2.500 dólares.
Lo hizo en primer lugar para que fuera garantía de la obtención de un crédito REPO (a un año de plazo y, si no se cancelaba en esa fecha, se ejecutaba la garantía hasta cobrarse el crédito y los intereses).
Como la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York con sede en Manhattan, que tenía la demanda sobre la estatización de YPF SA, envió un pedido de informe para saber dónde estaba el oro del BCRA, no lo pudieron realizar.
Sin embargo, como en marzo de 2025 se produjo una corrida cambiaria, la dupla Caputo-Bausili decidió hacerse de dólares para sofocarla. Como tenían el oro en el exterior (inferimos que en el Banco de Inglaterra, por más que Santiago Bausili lo niegue), no tuvieron mejor idea que ponerlo en venta.
Venta de una opción de compra (call): El BCRA vendió a un tercero (suponemos que a los mismos bancos que prestaron en REPO, encabezados por el JP Morgan, lo que significaría asociación ilícita) el derecho de comprarle oro a un precio máximo estipulado. El contrato se hizo en los primeros días de marzo de 2025 a un precio en torno a los 2.500 dólares la onza troy, pero la recompra en octubre fue a un precio de no menos de 4.200 dólares. Al subir tanto el precio del metal, la contraparte que había comprado la opción call ejerció su derecho, por lo que fueron 1.022,8 millones de dólares de pérdida que pagó el BCRA en dólares en efectivo (divisas líquidas) para pagar la recompra del oro, que salieron de las reservas del BCRA [2].
La falta de información sobre los compradores del call es uno de los puntos que la Auditoría General de la Nación denunció como “opacidad” u obstrucción en el acceso a la información pública. Encubren la asociación ilícita que le hizo ganar millones de dólares a los bancos que le compraron la opción. El organismo de control continúa exigiendo el levantamiento de las cláusulas de confidencialidad para auditar quiénes cobraron los 1.022,8 millones de dólares de la liquidación de las opciones.
La estafa se realiza porque vendieron en el mercado “Contado con Liquidación” los dólares obtenidos en marzo de 2025 para achicar la brecha entre ambos mercados (el oficial –MULC– y el paralelo –CCL–). Es decir, vendieron divisas en el CCL que obtuvieron de empeñar o vender con compromiso de recompra los lingotes de oro. Engañaron así a la población haciéndole creer que se tenían esas divisas, cuando eran de las reservas de oro del BCRA.
El gobierno interviene en el mercado cambiario, comprando dólares en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, que es el mercado oficial de compra y venta de dólares) esencialmente a los exportadores, para pagar los servicios de la deuda pública. La emisión de pesos equivalente es esterilizada con la venta de dólares en el mercado de contado con liquidación (CCL). El mercado de contado con liquidación (CCL) es el mercado de fuga de capitales; venden títulos y acciones y reciben directamente dólares en el exterior.
Los que se beneficiaron, además de los bancos que le compraron y le vendieron el oro al BCRA, son los que compraron títulos en pesos. Ganaron fortuna con ello por la inflación desatada después que devaluaron el 12 de diciembre de 2023. De esa manera, transforman esa renta financiera (carry trade) en dólares y fugan ese capital.
La deuda del BCRA son divisas que se fugan.
El gobierno propicia un mecanismo de endeudamiento y fuga, tajantemente demostrado en el Balance Cambiario del BCRA, que dice que las compras netas de divisas por “Personas Humanas” (así se llama la cuenta) ascienden en 32 meses a 67.621 millones de dólares.
Se preparan para la corrida cambiaria
El RIGI y los beneficios de la ley 27.742 ya existen. El Super RIGI tiene la sanción de la Cámara Baja, pero “confían” en su aprobación. La extensión de la concesión de los aeropuertos hasta el 13 de febrero de 2049, con una posible prórroga adicional hasta el 2056, también. Las privatizaciones y concesiones principales ya las hicieron. El ajuste fiscal permanente con el fin de pagar parte de los intereses de la deuda y la no investigación de esta, la pérdida de derechos laborales, la modificación de los presupuestos mínimos de preservación de los glaciares, etc., son leyes.
Sin embargo, la deuda es de tal magnitud y sus vencimientos en tan corto plazo, que tanto afuera como en el mercado interno se preparan para incrementar y acelerar los plazos de la compra de divisas y su fuga. (La tasa de riesgo país no deja de crecer y cerró el viernes 16 de octubre de 2026 en 648 puntos, lo que hace que la obtención de un crédito en dólares sea a una tasa de 9,73% anual).
Carta Económica, que es la consultora que dirige Miguel Ángel Broda y tiene como clientes a los que Mauricio Macri definió como el “círculo rojo” local, hizo público (a pedido de sus clientes) que el poder de fuego en divisas que tiene el actual gobierno es solo de un tercio de la cantidad de pesos que tiene el sistema monetario argentino. Esto desmintió enfáticamente a Caputo y a Milei.
M3 es la mayor oferta de dinero del mercado local (se suma todo el circulante puesto en el mercado argentino por el BCRA, más los depósitos en cuenta corriente, en caja de ahorro y en plazo fijo en pesos de todo el sistema) en poder del sector privado (fuera del Estado). Para que sea suma homogénea, es en pesos, pero se convierte en dólares, y es de 84.454 millones de dólares.
La deuda pública en títulos en pesos en poder del sector privado que vence entre octubre de 2026 y diciembre de 2027 es por 99.020 millones de pesos.
Si sumamos la primera cifra y la segunda, la cantidad de pesos que se pueden convertir en dólares es de 183.474 millones.
Dólares en el mercado argentino: Las reservas netas del BCRA al 30 de septiembre de 2026 (descontado el swap de China y los encajes de los depósitos en dólares) fueron de 15.277 millones de dólares; se han colocado posiciones en futuro por 14.722 millones, más títulos en dólar link por 5.900 millones. Lo que da un total de 35.899 millones de dólares.
Dólares solicitados en el exterior: El ya otorgado en septiembre del año 2025 swap de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares (que habría que ver si se renueva) y el swap de China serían unos 8.000 millones de dólares que le van a pedir que le dejen utilizar para pagar deuda. Total: 28.000 millones de dólares.
Entre los del mercado argentino y los solicitados en el exterior suman 63.899 millones, que es el total de dólares con los que puede contar la dupla Caputo-Bausili, contra la tenencia en pesos del mercado (como le gusta autodefinirse) por el equivalente a 183.474 millones de dólares.
Conclusión: Solo cuentan con un 35% de cobertura de la cantidad de pesos que hay en el sistema financiero y bursátil local.
Referencias
[1] Aproximadamente el 60% de las tenencias del BCRA.
[2] De ese total, 960 millones correspondieron a resultados negativos y otros 62,8 millones a primas de opciones. Los pagos se realizaron en divisas y al cierre del ejercicio ya no quedaban contratos.
*Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Fuente El Cohete a la luna, portal dirigido por Horacio Verbitsky. Foto: subida a redes sociales tras una reunión.
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